En una nota hecha pública, miembros del Parlamento Social y de la Carta de los Derechos Sociales recuerdan que hace un año «nos movilizamos exigiendo ‘+Cambio, +Social. Por unos presupuestos sociales, participativos y soberanos’. Reivindicábamos un cambio estructural en las políticas públicas».

Un año después y tras conocer el proyecto de Presupuestos para 2018 elaborado por el Gobierno de Nafarroa, «seguimos en la misma situación, tanto en la forma como en el contenido, quedando de manifiesto la poca o nula voluntad del Gobierno de Navarra de atender la mayoría de las demandas de las organizaciones sociales y sindicales».

Consideran que se trata de un presupuesto «hecho para satisfacer los intereses de los bancos y de las élites económicas. Por un lado, no se cuestiona ni la deuda pública (por la cual en 2018 se pagarán 332,7 millones, de los cuales 171 millones son deuda ilegítima) ni el Convenio Económico (que se basa en un sistema perverso y totalmente opaco, por el que pagaremos 541 millones en 2018, mucho más de lo que indican los informes técnicos del propio Gobierno de Navarra)».

Y por otro lado, destacan que insiste en las políticas del pasado, como la apuesta por el Tren de Alta Velocidad frente a la opción de un tren público y social, el bloqueo de la negociación colectiva en el sector público, el mantenimiento del Consejo de Diálogo Social o la negativa a introducir las cláusulas sociales en las contrataciones públicas».

Aunque reconocen que «se han producido algunos avances en el Área de Derechos Sociales, o el fin de la red clientelar y privilegios ligadas al llamado ‘diálogo social’, la mayoría de recortes de la época de UPN continúan sin revertirse porque no ha se ha producido todavía un cambio estructural en la política fiscal y presupuestaria de Navarra».

En ese sentido, remarcan que en Nafarroa «se recauda poco y de forma injusta. Estamos lejos de la presión fiscal media de la Unión Europea, y quienes pagamos los impuestos somos la clase trabajadora, mientras se siguen manteniendo los privilegios de las empresas y las rentas del capital».

Además, «el presupuesto sigue perdiendo peso, ya que aumenta en menor medida que la economía, lo que hace que las desigualdades vayan a más».

Por estos motivos, sus reivindicaciones siguen siendo que se realice «un cambio estructural en las políticas públicas; poner la vida en el centro. Nos reafirmamos en la necesidad de impulsar un cambio social basado en el reparto de la riqueza y el trabajo, la creación de empleo de calidad, la sostenibilidad de la vida y el compromiso con las libertades y los derechos culturales».

También piden un reforma fiscal profunda «para que paguen más quienes más tienen. Debe lucharse contra el fraude fiscal e incrementarse sustancialmente la presión fiscal sobre las empresas y las rentas del Capital».

Además, destacan que «la sociedad tiene una deuda con las mujeres, ya que son ellas las que realizan el trabajo de cuidados que sostiene la vida de manera invisible y precaria. Pero la responsabilidad, tanto del trabajo productivo, reproductivo y de cuidados, es colectiva y las instituciones deben garantizarla. Los presupuestos con perspectiva de género son una herramienta básica para responder a las necesidades específicas de las mujeres, garantizar una vida digna para la mayoría y transformar las relaciones de poder estructurales de género».

También solicitan una auditoría de la deuda, ya que consideran «necesario analizar la deuda contraída durante años a causa de las obras faraónicas, los peajes en la sombra y el opaco entramado de empresas públicas. Auditoría que concebimos como paso previo a la decisión de no pagar la deuda odiosa e ilegítima».

Otra petición tiene que ver con la participación social, ya que «no hay voluntad política para que haya participación en las decisiones públicas. Se deben habilitar mecanismos para desarrollar unos presupuestos participativos».

Por último, ponen el acento en el «derecho a tomar en Navarra las decisiones sobre el modelo social y económico. No aceptamos las limitaciones establecidas en la Constitución española (artículo 135) ni las medidas restrictivas impuestas por la Comisión europea y el Gobierno español. Reclamamos plena capacidad legislativa en materia fiscal y presupuestaria».