«Teniendo en cuenta la sistemática discriminación, las políticas de segregación y los patrones de violaciones y abusos (...), dado todo esto, ¿puede alguien descartar que los elementos del genocidio están presentes?», ha afirmado Zeid.

«Hay indicaciones creíbles que esta campaña de violencia se ha llevado a cabo contra las rohinyás precisamente porque eran rohingya, en una base étnica y religiosa, y posiblemente en base a ambos», ha agregado.

El alto comisionado ha sido el primer orador de una sesión especial que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha organizado este martes para analizar la situación de los rohingya, una comunidad musulmana que reside desde hace siglos en el norte de Birmania (Myanmar), pero que no es reconocida como ciudadanos por las autoridades del país, por lo que la mayoría son apátridas.

A mediados de agosto, el Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA) atacó puestos de las fuerzas de seguridad birmanas y estos atentados desataron una devastadora represión del Ejército y la Policía que obligó a huir 626.000 personas hacia el vecino Bangladesh.

Zeid ha recordado que si esta reciente represión ha sido brutal, solo es un ejemplo más de la discriminación a la que la comunidad ha sido sometida durante décadas.

«Los rohingya han sufrido una progresiva intensificación de la discriminación durante los últimos 55 años, y mucho más en los últimos cinco que en los cincuenta anteriores», ha dicho.

Ha anunciado que la incitación al odio y a la violencia contra la comunidad es generalizada, y «no ha habido ninguna reacción por parte de las autoridades para evitarlo».

Ha recordado que los miembros de la comunidad no tienen documentos de identidad, no pueden votar, no pueden crear partidos políticos, no pueden acceder a la universidad y, mucho más grave, no tienen acceso a tratamiento médico, por lo que el porcentaje de mortalidad materna e infantil es altísimo.

Zeid ha denunciado, además, que como las autoridades birmanas no permiten a la ONU acceder al estado de Rakain, no se sabe cuál es la situación actual, pero ha indicado que el éxodo prosigue, dado que solo desde el pasado 26 de noviembre se han registrado 1.622 nuevos refugiados rohingya en Bangladesh.

Un trayecto que se ha convertido aún más peligroso de lo que siempre fue a causa de que se cuenta con información de que el Ejército ha plantado minas antipersonales en la frontera entre Birmania y Bangladesh «posiblemente para evitar que los refugiados vuelvan a Birmania».

Precisamente, Zeid ha advertido que no se pueden organizar retornos a Birmania desde Bangladesh mientras no cambien las condiciones de represión y discriminación sistemática al que la comunidad es sometida.

Finalmente, el alto comisionado ha pedido al Consejo que recomiende a la Asamblea General de la ONU establecer una nueva comisión de investigación que complemente los esfuerzos de la Misión Especial de Investigación establecida por el primer ente.