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Bruselas activa el proceso legal para retirar a Polonia el derecho a voto en la UE

La Comisión Europea (CE) ha puesto en marcha el artículo 7 de los tratados europeos contra Polonia, un proceso legal que podría retirar a Varsovia su derecho a voto en la UE debido a sus polémicas reformas del sistema judicial, que Bruselas considera contrarias al Estado de derecho.

Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea. (Emmanuel DUNAND/AFP)
Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea. (Emmanuel DUNAND/AFP)

«Con gran pesar hemos activado el artículo 7.1 (del Tratado de la Unión Europea), pero los hechos no nos dejaban otra opción», ha anunciado en una rueda de prensa el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario y responsable de Estado de derecho, Frans Timmermans.

Timmermans ha querido subrayar que la decisión llega tras dos años intentando sin éxito establecer un diálogo con Varsovia para tratar de enmendar la controvertida reforma de la judicatura que preocupa a Bruselas, porque a su juicio concede al Gobierno polaco todo el control sobre el Poder Judicial.

Con todo, el vicepresidente comunitario ha negado que Bruselas esté recurriendo al «botón nuclear» y ha subrayado que sigue abierto al «diálogo 24 horas al día, siete días a la semana».

En la práctica, la decisión de la Comisión Europea de este miércoles supone un paso preliminar del artículo 7 del Tratado de la UE, por el que la institución se dirige al Consejo y al Parlamento Europeo para que hagan sus propias evaluaciones sobre el Estado de derecho en Polonia.

Si los 28 o la Eurocámara concluyen, al igual que lo ha hecho el Colegio de Comisarios, que existe una «amenaza grave» para el Estado de derecho en Polonia, Timmermans espera que también estas instituciones envíen nuevas recomendaciones a las autoridades polacas para revocar la situación.

Además, Timmermans ha asegurado que si las autoridades polacas dan marcha atrás en sus reformas y ponen en práctica las enmiendas que le pide Bruselas, entonces el Ejecutivo comunitario, de acuerdo al Consejo y la Eurocámara, podría «reconsiderar» la aplicación del citado artículo.