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Los acuerdos de paz en Colombia tienen cita con las urnas el 2 de octubre

 

Este 26 de septiembre en Cartagena de Indias tendrá lugar la firma definitiva de los acuerdos de paz entre el presidente Juan Manuel Santos y el comandante en jefe de las FARC-EP Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko. Asistirán numerosos mandatarios, entre ellos Mariano Rajoy.

Acercarse al conflicto colombiano requiere de un estómago apto a los malos tragos, ya que la realidad es cuanto menos trágica. El Registro Único de Víctimas contabiliza más de 6 millones y medio de desplazados y 265.000 víctimas directas por homicidio. A esto habría que añadir las cifras de víctimas por secuestro, mutilaciones por minas antipersona o las violaciones producidas en el contexto del conflicto entre otras, que aunque de número inferior no son nada desdeñables. Dicho de otra forma, el conflicto en términos humanos es insostenible y buscar soluciones en términos políticos es imperativo.

Así pues nos encontramos con 6 acuerdos alcanzados entre las partes en los 4 años de negociación que han durado las conversaciones en La Habana. Estos acuerdos tendrán validez si el pueblo colombiano los aprueba en el plebiscito que se realizará el 2 de octubre.

El primero de los acuerdos hace referencia a la Reforma Rural Integral. Como elementos a destacar cabe mencionar un gran fondo de tierras que distribuirá 3 millones de hectáreas de manera gratuita a campesinos sin tierra o sin tierra suficiente. Para ello, se recurrirá a diferentes mecanismos, llegando a la compra o expropiación por motivos de interés social. Otras 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural serán formalizadas por el gobierno, ya que carecen de títulos legales. En el mismo acuerdo, el gobierno se compromete a reducir la pobreza rural en un 50%, invirtiendo en salud, educación, agua potable y vivienda. Todo ello en una fase de transición de diez años.

Otro punto acordado es la transformación de las FARC-EP a movimiento netamente político. Se han tomado medidas para evitar situaciones como la que sucedió en el proceso de paz con el expresidente Belisario Betancur en los años 80, donde el movimiento político Unión Patriótica fue esquilmado con la muerte de 5000 de sus miembros. Para ello, el gobierno destinará recursos garantizando la integridad de sus miembros, de cuya seguridad se encargaran personas desmovilizadas de las FARC-EP. De la misma forma, se quiere prevenir la desventaja con la que partiría el movimiento político derivado de las FARC-EP. Durante el periodo 2018 – 2026, a dicho movimiento se le reservarán como mínimo cinco asientos en el Senado (4,6%) y otros cinco en la Cámara de Representantes (2,6%). En esta última, se crearan 16 circunscripciones especiales en los sitios más golpeados por el conflicto y cada una de estas zonas designará un representante. Es decir, la Cámara pasaría de tener 166 curules a 187.

El acuerdo sobre justicia, reparación, verdad y no repetición tiene dos vertientes principales. A través de una comisión para la búsqueda de la verdad y la reparación, los responsables de hechos violentos deberán reconocer su participación. En lo que se refiere a reparación, se reconstruirá la memoria, se promoverá la convivencia y se generaran programas para el retorno de los desplazados. Las FARC-EP se comprometen a reparar a las comunidades que se vieron afectadas por su actividad. Habrá también una unidad para dar con el paradero de desaparecidos en fosas o cementerios.

La segunda vertiente de este acuerdo trata del sistema de justicia transicional que encabezará un Tribunal para la Paz. Para los delitos políticos se decretará la amnistía y los delitos graves irán a juicio. En este último caso, cuando se reconozca la participación en dichos delitos antes de que se realice el juicio, no habrá pena de prisión. Se reparará el daño causado mediante proyectos a la comunidad y se les restringirá la libertad a una zona delimitada durante un periodo de 5 a 8 años. Quienes reconocieran su responsabilidad tardíamente cumplirían una pena de cárcel de 5 a 8 años y aquellos que no la reconocieran y fueran condenados, deberán cumplir penas que oscilan entre los 15 y 20 años de prisión. Esto también implica a los actuales presos de la guerrilla. En el caso de la Fuerza Pública con delitos graves a su espalda, cumplirían sus penas en guarniciones militares.

El cuarto acuerdo alude al fin del conflicto. A partir de que se refrende el plebiscito del dos de octubre, entrará en vigor el acuerdo definitivo de paz. Llegada esa fecha, los milicianos se concentraran en 28 sitios a los cuales transportaran sus armas. Esto se hará bajo monitoreo de la ONU. En los lugares de concentración permanecerán medio año y la entrega de las armas se realizará en tres plazos dentro de esos seis meses. Naciones Unidas extraerá los contenedores de armas. Los excombatientes recibirán prestaciones sociales durante los siguientes 24 meses para facilitar su integración en la vida civil y los proyectos productivos que pudieran emprender tendrán ayuda económica.

El quinto acuerdo impulsará la sustitución de cultivos de coca por otros alternativos. Se plantea que los campesinos sean los titularen de dichos cultivos. Durante la transición de las plantaciones ilegales a otras legales los agricultores recibirán asistencia alimentaria inmediata. Asimismo, se reconoce la hoja de coca como parte de la identidad cultural de las comunidades indígenas.

El último acuerdo promueve un modelo que durante diez años vigilará que las partes cumplan lo acordado. En este esquema de verificación participarán delegados de los países garantes del proceso de paz: Noruega y Cuba. Además acompañaran el proceso delegados de Venezuela y Chile y una Misión Política de Naciones Unidas.