En una esquina de la calle Joaquim Costa, en pleno Raval barcelonés, aparece un cartel simulando un juego de Monopoly y, junto a él, otro con el número de teléfono que algunas entidades han habilitado para alertar de un posible desahucio. Las dos imágenes sintetizan el conflicto comunitario que padece la capital catalana, convertida en un tablero de juego donde la especulación inmobiliaria, con el consiguiente encarecimiento de la vivienda, deja a la intemperie a amplias capas de la población.

Solo en el Raval y el resto de Ciutat Vella –el distrito que comprende el centro histórico de Barcelona– un piso de alquiler se ha encarecido un 30% desde 2014. La media fue del 9% en toda la ciudad el año 2016. Así lo indica el último Informe sobre el Mercado de Alquiler en Catalunya, según el cual el centro de la ciudad ha quedado a expensas de extranjeros o personas con un alto poder adquisitivo. En estos momentos, un apartamento de 39 metros cuadrados en Ciutat Vella se alquila a 1.200 euros al mes, y un loft de tan solo 45 situado en Sant Antoni, barrio limítrofe, a 1.400 mensuales. La burbuja inmobiliaria se ha disparado tanto que, incluso en las zonas más alejadas del centro, es difícil encontrar un alquiler por menos de 1.000 euros, hecho que ha situado Barcelona a la cabeza de las capitales más caras del Estado (17,4 euros/m2).

Este paulatino encarecimiento de la vivienda ya se presumía cuando la Ley de Arrendamientos Urbanos, reformada en 2013, dejó sin protección a las familias que habían recurrido al alquiler. Según Irene Escorihuela, directora del Observatori DESC (plataforma a favor de los derechos económicos, sociales y culturales), no se establecieron límites a los precios ni a la posibilidad de alargar los contratos: «También denunciamos que, después de las oficinas, los fondos de inversión y pequeños propietarios empezaban a sacar tajada con el negocio del alquiler en las grandes ciudades».

A todo eso hay que añadir el efecto llamada que han generado las reformas adoptadas por el Ayuntamiento en el espacio público, a raíz de las cuales la ciudad ha ganado atractivo. Ha irrumpido nuevo capital y, sumado al interés que despierta Barcelona por su oferta cultural y de ocio, se ha incrementado la masa turística de forma exponencial. Según un reciente estudio municipal, la capital catalana ha pasado de recibir 5,6 millones de turistas el año 2005 a llegar a los 9 millones el 2016, con la perspectiva de que este año el número de visitantes aumente un 5% más. Un contingente que, lejos de ser estacional, llega de forma ininterrumpida hasta alcanzar máximos históricos. Y no solo en el aeropuerto del Prat, donde el número de pasajeros se situó en los 44,1 millones en 2016 (un 11,2% más respecto al año anterior). El pasado día 14 de mayo, por ejemplo, cerca de 31.000 personas provenientes de nueve grandes cruceros desembarcaron en el puerto barcelonés, una cifra récord hasta el día de hoy.

Al rico alquiler. Como era de prever, el incremento del turismo ha multiplicado la oferta de los alquileres destinados a este colectivo. Se calcula que hay alrededor de 50.000 viviendas destinadas a los turistas, de las cuales la mayoría se publicitan en el portal de internet Aribnb, mediante el cual se obtiene un 10% más de beneficio que si son alquiladas de la forma «legal». El negocio, pues, está al alcance de cualquier propietario.

El tercer ingrediente a esta dinámica ha sido la irrupción de fondos de inversiones extranjeras. Compañías que, coincidiendo con la moratoria hotelera aprobada por el gobierno de Ada Colau, han visto en el alquiler un importante nicho de mercado. Según Escorihuela, la actividad de estos grupos pasa por comprar edificios de un único propietario (propiedad vertical) para, después de rehabilitarlos, alquilarlos de nuevo a precios que los vecinos no pueden plantearse a causa de la morosidad contraída con la crisis. «Si tu contrato de alquiler se acaba, con suerte te lo renuevan pero a un precio imposible. Y si vives en una propiedad vertical y la compra un especulador, entonces tienes los días contados», explica Carlos Macías, portavoz de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).

Ante esta situación, la mayoría de los vecinos no encuentran otra salida que marcharse. No solo de sus viviendas, también de sus barrios o de la misma ciudad, que en poco tiempo se ha transformado en un gran parque temático en el que la proliferación de turistas satura el Bus Turístic y los puntos donde este tiene paradas, tanto en su itinerario norte (Diagonal, Passeig de Gràcia o campo del Barça) como en el sur (monumento a Colón, Port Olímpic, Parc de la Ciutadella y zona Fòrum).

Así pues, donde antes había familias de toda la vida, hoy pernoctan personas con rentas muy altas, estudiantes que llegan a la ciudad para un tiempo limitado y una avalancha de turistas que lo copa todo. La saturación deriva en numerosas interrupciones de tráfico, tapones en los accesos a La Pedrera o la Sagrada Família y paradojas aparentemente incomprensibles como el descenso de ventas registrado en el histórico mercado de La Boqueria. En este emplazamiento de la Rambla los vecinos ya no acuden a comprar a causa de la gran cantidad de turistas que abarrotan los pasillos para inmortalizar sus productos, convirtiendo a los vendedores en meros figurantes de un hermoso decorado. De esta manera, y como ya anticipaban los expertos, Barcelona se va despojando de su trama popular para entregarse, sin aparente freno, a los intereses crematísticos de los poderosos.

Lancaster, kilómetro cero. «Piso reformado de 65 m2, tres habitaciones, baño, salón-comedor, cocina independiente, suelo de parquet, aire acondicionado y calefacción». Así se publicita una vivienda que el fondo de inversión MkPremium ha adquirido en la calle Lancaster. Situada a pocos metros de la Rambla y el Teatre del Liceu, alquilarla sale por 1.500 euros mensuales.

MkPremiun, que solo en Barcelona posee cuarenta edificios, once pisos, cuatro locales y un solar, se ha hecho también con el bloque contiguo, ubicado en el número 9-11 de la misma calle, donde estas últimas semanas los vecinos se quejan de los ruidos e inundaciones que el propietario se niega a subsanar. Según han podido averiguar, y así lo ha denunciado también la concejala del distrito Gala Pin, detrás de estos problemas hay una operación de la compañía para echarlos.

El modus operandi es el siguiente: alargan las obras para que, hartos de la situación, los vecinos acepten una indemnización o, coincidiendo con el fin de sus contratos, se van incapaces para pagar el nuevo alquiler, pues en su mayoría son familias de perfiles vulnerables a las cuales los bancos ya no conceden hipotecas. Cabe recordar que los desahucios por impago del alquiler ya representan el 87% del total en Barcelona (el 62% en Catalunya), sin contar los que se producen por ocupación. Si tenemos en cuenta que el 70% de la vivienda que hay en Ciutat Vella es de alquiler, las entidades pronostican que, en cuestión de meses, se puede reducir drásticamente la cifra de vecinos que viven en el barrio.

La calle Lancaster, punto neurálgico de estas operaciones inmobiliarias, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la especulación en Barcelona. Pero también ocurre en otros sitios, como en la calle Leiva, ubicada en el barrio de Hostafrancs, dentro del distrito de Sants-Montjuï. La arteria Leiva ha visto como la empresa Vauras Investment ha comprado todo el bloque del número 37, donde aún viven trece familias bajo contratos de renta antigua o prorrogados por muy poco tiempo (máximo seis meses o un año). A todas ellas, el BBVA, anterior propietario, les notificó que les dejaba de cobrar los alquileres, una decisión a la cual se ha añadido ahora Vauras Investment, que mediante una carta les ha anunciado la no renovación de sus contratos. Esta compañía de inversión patrimonial con sede en Finlandia ya ha elaborado los planes para rehabilitar la finca y conseguir, una vez revalorizada, alquilar los pisos por el doble de la cantidad actual.

Ante esta situación, los vecinos de Leiva 37 han emprendido acciones legales y han colgado de sus balcones pancartas donde se puede leer : «No nos echarán», «La vivienda es un derecho» o «Somos familias forzadas a marchar». Según ellos, las maniobras de Vauras Investment constituyen un nuevo caso de mobbing inmobiliario, que la Ley estatal del Derecho a la Vivienda (18/2007) define como «aquella actuación que pretende forzar el desalojo del inquilino para sacar más provecho de los pisos alquilados».

Así también lo considera la PAH, para la cual el edificio de Sants pone de relieve cómo el turismo de lujo está echando los vecinos del barrio gracias a un marco legal que, según dice, «permite a los fondos buitres especular con la vivienda»

También en el distrito de Sants-Montjuïc, esta vez en el número 38 de la calle Lleida, el fondo de inversión finlandés está maniobrando para desalojar a los inquilinos. Para ello ha emprendido obras en la fachada a la vez que, por medio de intermediarios, está ofreciendo 2.000 euros a algunas familias para que dejen la vivienda lo más pronto posible. Vauras Investment SL se ha apoderado el último año de dieciséis edificios en Barcelona hasta extenderse hacia otras zonas del extrarradio, como las comarcas del Maresme o el Garraf. Adquisiciones que se añaden a un lote de venta en el que también se puede encontrar coches de gama alta, jets y yates privados.

Coto a la indefensión. La nueva burbuja inmobiliaria ha provocado que las entidades y la plataformas vecinales hayan consensuado un marco de actuación con la finalidad de revertir esta tendencia. «Nuestra tarea es luchar contra esta dinámica diabólica. No solo la perpetrada por los fondos buitres; también los pequeños propietarios participan cada vez más de este juego», comenta Escorihuela.

Entre otras medidas, el Observatori DESC, la PAH y otros colectivos consideran urgente cambiar la ley estatal de arrendamientos urbanos para limitar los precios del alquiler. «En París han establecido un índice para que los propietarios no cobren más de lo que corresponde, y eso ha hecho que el alquiler sea razonable», afirma Carlos Macías. Según el portavoz de la PAH, el acceso a la vivienda tiene que estar subordinado a las rentas y al poder adquisitivo, no a los caprichos del mercado. Así está pasando en la capital francesa o en Berlín, donde se ajustan al salario mínimo o la renta media de la población, lo cual desincentiva la especulación e impide que las familias dediquen la mitad de sus recursos a pagar el alquiler, como sucede hoy en día.

Para revertir la situación, también destacan la necesidad de establecer un mínimo de período de alquiler. «En lugar de días o semanas, tendrían que ser de larga duración, pues con estos intervalos, los vecinos quedan a expensas de lo que determinen los propietarios», indican desde la PAH. En este sentido, pese a que la competencia es estatal, reclaman que en Barcelona se imiten modelos como los de Berlín, donde los contratos de alquiler son indefinidos, o París, donde son de tres años y se renuevan automáticamente si el inquilino es el mismo y de acuerdo con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Esto, aseguran, frenaría la subida de los precios y el afán de lucro, a la vez que ayudaría a rebajar la creciente presión turística. La Barcelona de hoy es un escaparate donde los top manta sobreviven junto a las terrazas, los sintecho se mezclan con los intrépidos que circulan en subways o los pequeños GoCar, mientras el estruendo de las obras amortigua el frenesí de las maletas con ruedas.

El otro campo de batalla para subvertir esta tendencia es ampliar el parque de alquiler social, sea mediante la cesión de pisos vacíos, la compra de inmuebles por parte del Ayuntamiento o recuperando la vivienda de la banca que se ha rescatado con fondos públicos. Una demanda que está lejos de cumplirse, ya que de momento el alquiler social solo equivale al 1,5% del total, pese a que la ley catalana de protección del derecho a la vivienda, en vigor desde 2007, contemplaba que en dos décadas se llegaría a la media europea (un 15%) para situarse en el 20%. «Apenas se ha hecho nada en este terreno, cuando es cuestión de voluntad política», recrimina Irene Escorihuela. Para la directora del Observatori DESC no queda otra solución que intervenir en el mercado y frenar la masificación turística, porque con la actual desregulación la especulación está servida. Y, cuando este paisaje se consolida, siempre pierden los mismos: los vecinos y, con ellos, la Barcelona democrática, popular e inclusiva.

86 años de resistencia

El pasado 12 de mayo se presentó en Barcelona el primer Sindicato de Inquilinos, impulsado por varias asambleas de barrio con el propósito de reforzar la lucha en pro de una regulación más equitativa del alquiler. A imagen de los sindicatos que ya funcionan en Alemania o Suecia, donde han pactado con la cámara de la propiedad un índice de precios de acuerdo con las rentas, la nueva plataforma recoge el legado que dejó la famosa huelga de alquileres desatada hace 86 años en Barcelona y algunas localidades de su entorno. Ocurrió a mediados de 1931, poco después de constituirse la Segunda República, cuando el paro que padecían las clases populares –sobre todo en el sector de la construcción– provocó un incremento de los desahucios a miles de familias sin recursos. Ante esta situación, el Sindicato Único de la Construcción de la CNT llamó a la población a dejar de pagar la mensualidad de manera indefinida. La medida de presión, secundada por más de 100.000 personas, obligó a los propietarios a rebajar un 40% el precio del alquiler, a la vez que puso sobre la mesa el histórico conflicto entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda como bien de primera necesidad.

Con este telón de fondo, el Sindicato de Inquilinos pretende recuperar el pulso de una problemática en la cual exige tener voz propia en las mesas de negociación. Más allá de estudiar acciones reivindicativas, su intención es vehicular los intereses de los vecinos con los propietarios y el resto de agentes que marcan las políticas relacionadas con la vivienda.