Es como si pescaran en tierra de nadie, en un agujero negro –blanco en este caso, en la helada Antártida– donde no les importa no tener permisos, ni cupos, ni bandera; les da igual, ¿y qué importa que sea zona protegida? Su armador tendrá algún contacto al que untar, un puerto en el que cambiar de nombre y bandera para seguir faenando, aunque el barco aparezca en la lista negra de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR, en inglés) o la Interpol haya emitido notas moradas en su contra. Y todo por dinero, mucho dinero. Sin embargo, al armador del Thunder, un pesquero furtivo al que las autoridades relacionan con los gallegos Vidal Armadores SA, los ecologistas le han parado. La organización Sea Shepherd no duda en calificar de «épica» su campaña número once en el Océano Austral, la primera en la que se han centrado en la pesca furtiva de merluza negra. Y no es de extrañar, porque tras perseguir al Thunder durante 110 días a lo largo de 11.533 millas náuticas, desde el Océano Austral al Índico para acabar en el Golfo de Guinea, ha conseguido sacar del mar a un furtivo, a la vez que ha puesto el foco de la atención internacional sobre esta práctica ilegal y ha propiciado una implicación de los Gobiernos sin precedentes. La historia da para una película de aventuras.

Pongámonos en situación. A finales del año pasado, Sea Shepherd (pastores del mar) acaba de cerrar con éxito una década de lucha contra los balleneros japoneses en el Ártico. Gracias a que el año pasado la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, la suprema a nivel internacional, finalmente ordenó a Japón que cesase en la caza de ballenas en la Antártida –nadie cree ya en los supuestos objetivos científicos de las capturas japonesas–, la temporada 2014/2015 se convertía en la primera desde la Segunda Guerra Mundial en la que las ballenas estaban a salvo de los arpones. Desde que surgió en 1977, después que su fundador, el canadiense Paul Watson, abandonara la Greenpeace que ayudó a fundar, esta organización ecologista ha crecido en apoyos, socios… y frentes. «Somos una organización para la conservación de los océanos, pero somos una organización de acción directa, no de protesta. No solo denunciamos los hechos, sino que vamos allí donde se producen las agresiones al medio ambiente: las paramos, siempre por métodos no violentos, y las denunciamos», explica Ramón Cardeña, presidente de Sea Shepherd en el Estado español.

Una de estas agresiones es la pesca ilegal, no regulada y no declarada (IUU) en aguas de la Antártida del Dissostichus eleginoides, un pez que puede llegar a los 2,3 metros de largo y que es conocido como merluza negra, merluza antártida o bacalao o róbalo de profundidad. Un codiciado pez de carne blanca tan lucrativo que los pescadores ilegales lo llaman «oro blanco», porque una carga media de 1.500 toneladas de captura supone unos 83 millones de dólares (68 millones de euros). La pesquería en esas aguas está gestionada por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), que establece una cuota legal para cada país. Se ha reducido la pesca ilegal, pero siguen actuando hasta seis furtivos. El kilo de esta especie se paga a unos 15 dólares (13 euros), aunque fuentes de los pescadores legales citadas por “La Voz de Galicia” aseguran que las capturas en negro se pagan más baratas, entre 4 y 5 dólares (3,5 y 4,3 euros), dado que no disponen del documento de control de capturas (DCD) que exigen los mercados legales de EEUU y Japón, sus principales consumidores. La diferencia de precio se compensa con más pesca y menores costes de explotación y sueldos más bajos. De la tripulación que embarcan, la mayoría de origen indonesio, se sospecha que vive en condiciones de casi esclavitud. «Saben que allí abajo, en esas zonas, no hay nadie», explica Cardeña. Y eso que ahora mismo se está en pleno verano austral, pero las condiciones climáticas son extremas y el puerto más cercano está a 7 u 8 días de navegación. «Llegan a puertos acordados y cuelan sus capturas en las legales. La mitad en un pack de merluza legal de un barco, la otra en otro y lo infiltran, que es como operan los furtivos, con chanchullos».

La película de los hechos. A principios de diciembre de 2014, dos barcos de Sea Shepherd zarparon desde Australia y Nueva Zelanda para patrullar las zonas remotas del Océano austral, en la que bautizaron como “Operación Icefish”. Su misión: encontrar y sacar de allí a los que Sea Shepherd llama «los seis bandidos», furtivos que continúan faenando pese a quien pese. De Australia zarpó el Bob Barker, un ballenero noruego adquirido con parte de los 5 millones de dólares donados por Bob Barker, toda una institución de la televisión estadounidense –lleva al frente del concurso “La ruleta de la fortuna” (The Price is Right) desde 1972–. «Estoy encantado de ayudar en la misión de acabar con la destrucción del hábitat y la fauna silvestre en los océanos del mundo. Esta es una organización que pone estas palabras en acción», declaró el presentador. El Bob Barker es un rompehielos rápido, cuyo capitán es el sueco Peter Hammarstedt, al mando de una tripulación internacional formada en su mayor parte por voluntarios. Hammarstedt es un veterano de la organización y director de operaciones de buques de Sea Shepherd Australia, que también estuvo al mando del Bob Barker durante la última campaña antártica por la defensa de las ballenas, en la que tuvieron que sufrir las embestidas del impresionante ballenero-factoría japonés Nihin Maru.

Desde Nueva Zelanda levó anclas el Sam Simon, un antiguo ballenero de la flota japonesa reconvertido por Sea Shepherd con mejores fines, y “bautizado” con el nombre del recientemente desaparecido productor de televisión y cocreador de la serie “Los Simpson”, otro mecenas del grupo. Su capitán es Sid Chakravarty, un marino de la India que, tras pasar una década trabajando en buques comerciales, decidió unirse a la caza de los furtivos por los océanos del mundo. Ambos barcos forman parte de la Neptun’es Navy, una flota ecologista formada por tres buques de más de 70 metros –además del Bob Parker y el Sam Simon, está el Steve Irwing– y un rápido triamarán monocasco llamado Brigitte Bardot –estuvo de visita en diciembre del pasado año en el Museo Marítimo de Bilbo–, además de otras embarcaciones como el velero Martin Sheen, que realiza investigaciones sobre los vertidos en el Golfo de México.

El 17 de diciembre, en el banco Banzare, un sector de la costa de la Tierra de Wilkes en la Antártida Oriental donde la cuota de pesca es cero, el Bob Barker interceptó al Thunder en plena faena. Era la pieza mayor del lote de furtivos, un barco que ha operado bajo diferentes nombres y pabellones durante años –esta vez tenía bandera nigeriana–, y que Interpol calcula que ha proporcionado a sus propietarios más de 60 millones de dólares estadounidenses desde que fue inscrito en la lista negra de la CCAMLR en febrero de 2006. Recibió una notificación morada o de busca y captura después de una operación conjunta entre Nueva Zelanda, las autoridades australianas y noruegas en diciembre de 2013. El Thunder llevaba cuarenta tripulantes, la mayoría indonesios, aunque siete eran de nacionalidad española, se cree que gallegos, mientras que el capitán era chileno.

Comenzaba así la persecución para el Bob Baker. Su objetivo: impedir que el Thunder cambiara de bandera y esquivara nuevamente a las autoridades. Del Ártico, cruzaron el Océano Índico hacia el Atlántico Sur y, en el día 93 de la persecución, cuando se encontraban frente a la costa de Angola, Paul Watson escribía: «El capitán Peter Hammarstedt espera que el Bob Barker pueda superar al Thunder en combustible y provisiones y su intención es perseguir al busque hasta que este se vea obligado a entrar en el puerto. La pregunta es: ¿qué puerto africano dejaría entrar abiertamente al más infame de los pesqueros furtivos de alta mar sin cooperar con Interpol para garantizar el arresto de estos malhechores?».

Mientras, recoger 72 kilómetros de red de enmalle ilegal que dejó abandonado en el mar en Thunder, con 45.000 kilos de captura, le había costado a la tripulación del Sam Simon varias semanas de trabajo. Prohibida desde hace una década, este tipo de red, si se hubiera quedado abandonada, habría sido una trampa mortal para todo tipo de peces. Al otro barco de Sea Shepherd la campaña tampoco le podría haber salido mejor, porque de ahí se fue a interceptar y espantar de las aguas australianas del Mar de Ross a otros dos furtivos, el Kunlun y el Shonghua que eran parte del grupo de furtivos huidos meses antes cuando les interceptó la Armada neozelandesa –poco después, a principios de marzo, el Kunlun y otro furtivo, el Viking, fueron detenidos por las autoridades de Tailandia y Malasia–. Tras entregar el aparejo a las autoridades de Mauricio, el 25 de marzo el Sam Simon se unió al Bob Barker como apoyo en el Océano Atlántico.

Según han ido narrando día a día en las redes sociales, esos días sin entrar a puerto y sin que el furtivo pudiera quitarse de encima a los ecologistas se vivieron con algún susto, algún viraje peligroso del Thunder –al verse seguido por no dos, sino tres barcos; porque se les unió un pesquero australiano que quiso apoyar a los ecologistas– y momentos cuanto menos extraños. El 27 de marzo, el mismo día en el que se conocía que Nigeria había retirado el pabellón al Thunder por violaciones de sus condiciones de registro, lo que significaba de facto que el barco era oficialmente un buque pirata sin estado, el capitán del furtivo avisaba por radio de que un marinero indonesio había intentado suicidarse. Mensajes en botellas de plástico lanzadas desde una zodiac del Bob Baker terminaron de nuevo en el mar, al tirarlas los oficiales del Thunder por la borda y, a partir de ahí, se vivió un cruce de comunicaciones de radio bastante surrealistas (un indonesio leyendo una declaración en castellano diciendo que el «capitán es bueno», por ejemplo).

Finalmente, y sin que nadie se lo esperase, el lunes 6 de abril, a las 11:52 GMT (6:39 hora española), cuando navegaba a unas millas a las inmediaciones de la isla de Sao Tomé y Príncipe, frente al Golfo de Guinea, el capital del Thunder lanzó el SOS y se puso en contacto con Hammarstedt para informarle del hundimiento de su barco. La mar estaba en calma y las condiciones meteorológicas eran buenas, pero el pesquero daba la impresión de estar escorado. Los cuarenta tripulantes lo habían abandonado y estaban a la deriva en los botes salvavidas. Pocas horas después, cuando el capitán también abandonó el barco, tres tripulantes del Bob Barker abordaron el Thunder. «Cuando mi jefe de ingenieros lo abordó pudo confirmar que había claros indicios de que el busque había sido saboteado intencionadamente. Normalmente, cuando un barco se está hundiendo, el capitán cierra todas las escotillas para mantener la flotabilidad; sin embargo, en el Thunder se ha hecho lo contrario: las puertas y las escotillas estaban abiertas y también las bodegas», relató el capitán Hammarstedt.

Avisados los servicios de búsqueda y rescate de Australia, estos dieron la alerta a la más cercana Nigeria y el Sam Simon, que estaba a 37 millas al norte del Thunder, se tuvo que encargar de acoger a los náufragos siguiendo las leyes del mar. «Estamos convencidos de que hundieron el barco a propósito –explicó el capitán Chakravarty–. El capitán, que debió haberlo planeado todo, estaba contento porque había cumplido con su cometido. Fue molesto verle reir y aplaudir mientras al barco se lo tragaba el mar, como un asesino satisfecho tras deshacerse del arma homicida». Esa misma noche entregaron a la tripulación de Thunder a los guardacostas de Sao Tomé y Príncipe, cuyas autoridades les garantizaron que el capitán no saldría impune. Con la tripulación detenida y el barco yaciendo en el fondo marino a más de 3.000 metros de profundidad los ecologistas daban por cerrada esta campaña que, en total, les había llevado cinco meses.

El hundimiento y la conexión gallega. «¿Que por qué las autoridades no hacen algo? Parece obvio y es precisamente lo que decimos nosotros: estos barcos son furtivos conocidos que operan en la Antártida, los seis están en las listas de Interpol desde 2006 y 2008 y tienen notificaciones moradas, que quiere decir que están en busca y captura. Pero los Gobiernos dicen que es complicado localizarlos… ¡y nosotros tardamos una semana! Igual, te dices a ti mismo, va a ser un tema del interés que pongan», responde Ramón Cardeña a la pregunta que surge casi de forma inocente. La cuestión es que, pese a que en base a las regulaciones de control y de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), los Estados miembros de la Unión Europea tienen la obligación de investigar y tomar medidas contra los ciudadanos y las empresas que puedan haber participado en actividades de pesca ilegal, parece que no resulta tan sencillo debido a diversos motivos, entre ellos la ingeniería legal de este tipo de mafias. Sin embargo, la “Operación Icefish” ha traído como consecuencia un cambio por parte de las autoridades españolas –no hay que olvidar que todo señala a armadores de Galicia–, facilitado por la modificación por el Gobierno de Rajoy de la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado, lo que permitiría aplicar sanciones internacionales en su territorio. «Actuaron después de ver que estábamos obteniendo resultados y parece que se pusieron las pilas», explica Cardeña.

A mediados de marzo pasado, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente inició la denominada “Operación Sparrow”, con registros policiales en casas armadoras registradas en A Coruña, Boiro y Ribeira. Uno de los objetivos principales era Vidal Armadores SA, una vieja conocida sobre la que existen sospechas de que el Thunder, el Kunlun –con quince nombres y ocho banderas desde que entró en la lista negra en 2003–, el Yongding –once nombres y ocho banderas–, el Soghua –arrestado por pesca ilegal en 2008– y el Seabul son el alter ego de embarcaciones que anteriormente pertenecían a Vidal Armadores y Montego Shipping. Es decir, que podrían formar parte de un entramado de empresas pantalla. Según datos de Greenpeace, desde 1999 este armador gallego ha sufrido al menos once detenciones, siete condenas, multas internacionales que suman más de 3 millones de euros y tres barcos confiscados. Sin embargo, a pesar de este historial, la Unión Europea y el Gobierno español han otorgado entre 2002 y 2009 cerca de 16 millones de euros en subvenciones a las empresas de la familia Vidal. «Hasta ahora siempre ha sido así, una multa que paga el armador y ya está –añade Cardeña–. Confiamos en que no les haya dado tiempo de esconder pruebas, pero al menos es positivo que la Policía y las autoridades españolas hayan actuado. Lo vemos positivo, aunque con prudencia, porque vamos a ver si hay consecuencias reales al final».

La cosa está en manos de los tribunales, como la defensa de las ballenas en la Antártida. A mediados de abril se conocía que la Convención Ballenera Internacional (CBI) había rechazado un nuevo plan de Japón para la caza en el santuario de ballenas austral, por lo que Sea Shepherd prepara ahora un cambio de escenario: el Atlántico Norte. Quedan avisados los furtivos. Cardeña: «A ellos les mueve el dinero, a nosotros la pasión. Por eso siempre tienen las de perder».

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