La operación policial contra la solidaridad de los derechos de los presos vascos que se saldó el miércoles con las detenciones de Nagore López de Luzuriaga, Oihana Barrios, Izaskun Abaigar y Fernando Arburua ha provocado, precisamente, una ola solidaria. A los numerosos apoyos de agentes y a las concentraciones locales se les suma ahora una manifestación de denuncia que mañana partirá desde el estadio de fútbol de Anoeta, en Donostia, a las cinco de la tarde. Bajo el lema “En defensa de los derechos de los presos y sus familiares, solidaridad!”, Etxerat anunciaba ayer esta convocatoria nacional, arropada por representantes sociales, sindicales y partidos políticos.

El frontón del barrio donostiarra del Antiguo fue el escenario donde ayer varios cientos de familiares mostraron su repulsa por la operación de la Guardia Civil. A Maider Alustiza y Urtzi Errazkin, que tomaron la palabra, les acompañaban algunos allegados de los detenidos.

Denunciaron, en primer lugar, la motivación del operativo, destacando cómo, «tras atacar hace dos meses el derecho a la asistencia jurídica», han arremetido esta vez contra su derecho a la asistencia sanitaria.

En opinión de los familiares y allegados de los represaliados «hay signos inequívocos» de que junto a Jaiki Hadi es Etxerat quien ahora está en el punto de mira, en una diana «que antes han ocupado otros colectivos comprometidos con la solidaridad» con los presos y sus derechos. En este sentido, citaron la campaña político-mediática de la que han sido objeto tras sus recientes reuniones con Lehendakaritza y con eurodiputados en Bruselas. «Hemos sufrido gravísimas acusaciones y sus consecuencias eran previsibles», expresaron.

Rechazaron cualquier criminalización y recordaron que no son más que familiares y amigos de personas presas y exiliadas. «Etxerat es nuestra asociación. Aquí encontramos la ayuda, el apoyo, el asesoramiento, la solidaridad que nos ayuda a paliar las consecuencias de una política de excepción».

El hartazgo era visible ayer. Los abrazos al término de la comparecencia descubrieron la vulnerabilidad que sienten, pero reflejaron también la fuerza que generan estas redadas. Remarcaron que su apuesta firme son la paz, la resolución y los derechos humanos de todos y todas. «Seguiremos en ese camino, a pesar de que Etxerat sea un escollo para quienes se obcecan en mantenerlo cerrado».

Entre las palabras y los hechos

Preguntada sobre la actitud de Lakua, Alustiza reveló que no fue Lehendakaritza quien se puso en contacto con Etxerat, sinoque la primera llamada la hicieron ellos. En ese contacto, las declaraciones del Gobierno de Urkullu «se limitaron a criticar la formas de la operación» llevada a cabo por la Guardia Civil, lamentando que la Ertzaintza no fue informada sobre la detención de los cuatro ciudadanos vascos.

A juicio de Etxerat, esta postura no se corresponde con lo que ambas partes abordaron en la reunión mantenida recientemente en Gasteiz. «En esa cita les pedimos protección», recordó Alustiza, lamentando no haber tenido respuesta positiva.

Los gestos de solidaridad sí llegaron, en cambio, desde diversas partes. A modo de ejemplo, el Comité de Empresa de CAF Beasain anunció que a las 11.00 llevará a cabo hoy un paro de una hora, Bake Bidea emitió un comunicado para censurar las detenciones y pedir la liberación de los cuatro. Y desde Buenos Ares, el colectivo solidario «A casa-Etxera» también emitió un comunicado para «repudiar este nuevo ataque que no busca sino sembrar el terror», y obstaculizar el avance del proceso. La nota llega firmada por Nora Cortiñas, de las Madres de la Plaza de Mayo y una de las impulsoras de la campaña internacional lanzada el martes en Bruselas.

 

Los detenidos declaran a partir de las 10.00 en la Audiencia Nacional

Los cuatro vascos detenidos se encuentran desde el miércoles en la comisaría de la Guardia Civil en Tres Cantos, en Madrid. Ayer por la mañana fueron asistidos por Iker Urbina dado que el instituto armado pretendía interrogarlos. Ninguno de ellos quiso declarar, por lo que las preguntas de los agentes se limitaron a constatar que no iban a testificar.

Tras ello, hoy por la mañana, a partir de las 10.00 horas, se anuncia que pasarán a disposición judicial, en concreto en el despacho de Eloy Velasco, en la Audiencia Nacional española. Será entonces cuando se conozca algo más de unas acusaciones de las que, por el momento, solo se conoce lo difundido por el Ministerio del Interior y que se atiene genéricamente a las acusaciones formuladas ya en otras redadas, es decir, a atribuirles intentos de controlar a los presos. La realidad es que el trabajo de Jaiki Hadi y Etxerat resulta perfectamente público y conocido en Euskal Herria; ambos se dedican a tareas asistenciales, que en el caso del primero se centra en los presos que se encuentran enfermos y en el segundo en los familiares y amigos de los represaliados.

Tampoco hay noticias sobre el argumento empleado por el magistrado para vetar la labor de varios abogados a los que se impidió asistir a los arrestados por estar imputados en la misma causa, una decisión de la que no se encuentran precedentes en el ámbito jurídico..

«No hay que olvidar que se ha detenido a los médicos que asisten a los reclusos enfermos y que se ha detenido a los familiares que están dentro del colectivo Etxerat», remarcó ayer la abogada Jone Goirizelaia. «Aunque en este caso sea una detención comunicada, eso no quita para que sea grave y denunciable», apuntó. La letrada añade además que se han vulnerado los derechos de los arrestados e incluso de sus letrados, «que no han podido asistirles porque se les ha prohibido ejercitar el derecho a la defensa». Al alegarse que están imputados en alguna causa, «se les considera ya condenados y no se les respeta su derecho a la presunción de inocencia», denuncia Goirizelaia.

 

En defensa de su profesión y derecho

Profesionales de la salud comparecieron ayer en Bilbo para defender la labor de la asociación Jaiki Hadi y en particular el trabajo y la profesionalidad de Oihana Barrios y Fernando Arburua. Recordaron el derecho que les asiste para trabajar en este campo y explicaron que la la normativa vigente dice que «toda persona presa tiene derecho a la asistencia extrapenitenciaria dispensada por profesionales de su confianza y elegidos por la misma persona encarcelada». Tal y como subrayaron, «esta, y nada más que esta, ha sido y es nuestra labor».

Explicaron que en el ejercicio de ese derecho, además de asistir a los reclusos, forma parte de su código deontológico también «denunciar posibles inasistencias y negligencias». Indicaron que ni garantías de seguridad ni políticas penitenciarias deberían vulnerar derechos humanos. Temen, asimismo, que los registros en los despachos de Barrios y Arburua pongan en peligro la «debida confidencialidad» de la información clínica de sus pacientes y muestran su preocupación por la desatención que el arresto de ambos profesionales generará, en especial en el caso de reclusos gravemente enfermos que estaban siendo tratados por Barrios.

El grupo de colegiados que trabajan en el seno de Jaiki Hadi, entre otros, valoró que el objetivo de las detenciones «no es otro que criminalizar algo tan fundamental como es la atención profesional a la salud de cualquier persona», y tras expresar «todo su respaldo» a la labor profesional que Barrios y Arburua realizan para la asociación Jaiki Hadi, exigieron la inmediata puesta en libertad de todos los detenidos en la operación policial contra la solidaridad con los presos vascos.Nerea GOTI