El juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco, impuso libertad bajo fianza de 15.000 euros para cada uno de los cuatro ciudadanos vascos arrestados el miércoles. Después de que sus familiares efectuasen el pago Nagore López de Luzuriaga, Izaskun Abaigar, Oihana Barrios y Fernando Arburua abandonaron el tribunal de excepción arropados por sus familiares. No obstante, el magistrado mantiene la imputación de «integración en organización terrorista». Una acusación que el togado justifica por la labor pública que todos ellos realizaban en la asistencia a presos vascos y sus familiares. Además de la fianza, López de Luzuriaga no podrá visitar a represaliados sin permiso del juzgado de instrucción número 6, que es el que dirige Velasco. Los arrestados, por su parte, negaron las acusaciones aunque sí que reivindicaron su trabajo, centrado en el apoyo social y médico a los represaliados y sus allegados.

Siguiendo las tesis marcadas por la Guardia Civil, el juez Velasco afirma en su auto que los cuatro formaban parte de una estructura de coordinación «para cohesionar a los presos» a través de Etxerat y Jaiki Hadi y que, según la versión policial estaría «a las órdenes de ETA». En concreto, el magistrado califica de «esencial» su labor argumentando que está destinada a la «ilícita actividad» de la organización armada «respecto del colectivo de presos y el control social de su salud mental y familiares». También hace referencia a que, en los registros, los agentes buscaron «material de merchandising» de Herrira.

Entre las supuestas «pruebas» que esgrime Velasco están «pequeños rollos de papel en forma de canutillos» que el juez estima que servirían para «hacer llegar información de los presos a la dirección» de ETA. Solo se filtró una de estas misivas, en la que, supuestamente, un prisionero explicaría su decisión de dejar el colectivo de presos. En el auto, además, el magistrado asegura que a López de Luzuriaga se le habría incautado un «manual de cómo fabricar un terrorista», que resultó ser un documental producido en la República Checa.

Finalmente, los detenidos pudieron ser asistidos por los abogados a los que la víspera la Guardia Civil había impedido ejercer su labor argumentando que se encontraban imputados en la misma causa. Ayer sí pudieron trabajar aunque la Audiencia no dio explicaciones sobre por qué se había producido el veto en los registros.

Apoyo de todo el Estado

Por otra parte, colectivos de todo el Estado español que trabajan en defensa de los derechos de los presos y en contra de la tortura hicieron público un manifiesto en el que denuncian las detenciones, destacando que los arrestados son «profesionales de reconocida trayectoria» y que son «conocidos nacional e internacionalmente precisamente por su trabajo de documentación de los malos tratos y la tortura».

En defensa de los derechos de los presos y para denunciar estas detenciones practicadas contra quienes les muestran apoyo y asistencia, ayer hubo movilizaciones en las localidades de Mutriku (60), Antzuola (28), Berriz (22), Lekeitio (90), Amara (26), Idiazabal (27), Gares (50), Zarautz (125), Beasain (115), Getaria (36), Gernika (70), Arrasate (200), Eibar (100), Arre (25), Andoain (55), Karrantza (10), Arraia-Maeztu (26), Lazkao (90), Bergara (75), Zaldibia (95), Aulesti (72), Bermeo (35), Elgeta (11), Orio (38), Ugao (42), Zumaia (50), Ataun (28), Mendaro (18), Zeberio (33), Lizartza (33), Soraluze (83), Fruiz (14), Irunberri (28), Zizur (29), Algorta (150), Trapagaran (35), Olatzagutia (40), Elgoibar (51), Zalla (38), Arrigorriaga (40), Zaratamo (17), Larrabetzu (116), Lesaka (30), Pasai Antxo (80), Donostia (171), Agurain (55), Barañain (62), Portugalete (65), Etxarri (60), Villabona (65), Gasteiz (570), Lekunberri (16), Zizurkil (25), Orereta (151), Usurbil (88), Murueta (12), Abanto (35), Muskiz (40), Busturia (35), Sondika (11), Lemoiz (14), Iurreta (35), Ondarroa (163), Gatika (18), Irurtzun (23), Laudio (82), Zamudio (25), Sopela (40), Zalla (15), Erandio (38), Berango (23), Urduña (33), Bakio (37), Galdakao (106) y Barrika (15).

Deniegan la condicional al preso Frederik Haranburu

El Tribunal de Aplicación de Penas rechazó ayer la solicitud de libertad condicional presentada hace un año por Frederik Haranburu, «Txistor». Es la primera solicitud en tal sentido realizada por el preso senperetarra condenado a cadena perpetua y de cuyo encarcelamiento se cumplirán 25 años dentro de unos días. Su abogada, Maritxu Paulus-Basurko, explicó que el tribunal ha dado dos argumentos principales para rechazarla. Por un lado, estima que la cantidad de las indemnizaciones civiles a las víctimas hechas efectivas hasta el momento por Haranburu es «insuficiente». Por otro, considera «inadecuado» que su proyecto de reinserción se ubique en los Pirineos Atlánticos, ya que para una primera solicitud, «cree que sería más conveniente que fuese más lejano a su entorno» declaró la letrada. El preso tiene ahora un plazo de diez días para presentar recurso, «algo que haremos el próximo lunes», anunció su defensora.

Para Bagoaz la decisión es «escandalosa» y llama al acto que tendrá lugar en Senpere el 4 de abril a las 17.00 con motivo de los 25 años de encarcelamiento de Txistor, Ion Kepa y Unai Parot y Jacques Esnal.A.M.