La detención el miércoles de dos miembros de la asociación Jaiki Hadi de asistencia sanitaria a reclusos y dos miembros de la asociación de familiares de presos Etxerat (...) desdice todos los principios garantistas por los que la ley protege los derechos fundamentales al utilizar modos tan innecesarios como extemporáneos. Que la Guardia Civil (...) proceda a detener a personas a las que podía haber tomado declaración en cualquier momento (...) no responde a necesidades de investigación o procedimiento policial sino a una confluencia de intereses que van desde la pretensión de justificar la permanencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado con posterioridad al final de la violencia de ETA hasta la intención del Gobierno Rajoy de mostrar a buena parte de su electorado un perfil de inflexibilidad y dureza frente al terrorismo, aunque este concretamente se pueda considerar extinto, en un año de relevantes citas con las urnas. Con los agravantes de que el primero de esos intereses se exacerba hasta el punto de la incomunicación a la Ertzaintza de las operaciones de la Guardia Civil y el segundo desoye las reiteradas solicitudes que desde el Gobierno vasco se han realizado (...) para concordar políticas tendentes a lograr la normalización y la convivencia. También las que se han emitido desde distintos foros internacionales. Dicho esto, la esperada protesta por estas actuaciones policiales y esas actitudes políticas y la más que posible conculcación de derechos que las mismas suponen tampoco debería ser utilizada como mecanismo de cohesión política con fines electorales, lo que se podría deducir, sin embargo, de la conducta de los parlamentarios de Bildu ayer en el Parlamento Vasco ignorando tanto el reglamento de la cámara como los esfuerzos en pacificación del Gobierno Urkullu y que es al Gobierno del Estado y no al Ejecutivo vasco a quien hay que dirigir las críticas en este ámbito.