La sede que Ayudas+Justas tiene en el centro de Gasteiz carece de licencia de actividad. Así lo denunció ayer el edil del PNV Álvaro Iturritxa, que la semana pasada preguntó al Gobierno local, en manos del PP, por la situación administrativa del local. «A pesar de lo que se nos dijo en el pleno, hemos podido constatar que el alcalde Maroto inauguró un local sin licencia de actividad y sin que sus promotores la hubieran siquiera solicitado», añadió tras recordar que la plataforma, creada para impulsar una ILP que tiene por objeto dejar fuera de la RGI a las personas en situación irregular, comenzó a recoger firmas el pasado 22 de diciembre, un día antes de que su exportavoz, Patxi Gómez, solicitase la licencia de actividad.

En una rueda de prensa, el concejal jelzale señaló que el 15 de enero el Departamento de Urbanismo redactó un informe en respuesta a la solicitud de Gómez. En el mismo se requería a la plataforma la presentación de una memoria descriptiva del local y la justificación urbanística relativa a la adecuación de la nueva actividad, y la justificación de medidas higiénico-sanitarias y de seguridad. Sin embargo, el documento, firmado por un técnico, no se llegó a tramitar, ya que fue «guardado en el cajón», mientras la plataforma seguía con su actividad.

El Ejecutivo derechista decidió desempolvar el informe la semana pasada, después de que Iturritxa visitase las oficinas de Régimen Jurídico para requerir información al respecto. Cabe señalar que en la providencia, fechada el 27 de marzo y firmada por el concejal de Urbanismo, Miguel Garnica, se advierte a Ayudas+Justas de que «se abstenga de ejercer la actividad hasta tanto no se realicen las actuaciones indicadas». «Es el caso de no realizarse se ordenará el cese de la actividad y el precinto del local, sin prejuicio de la imposición de una multa por un importe de 500 a 5.000 euros», detalla.

«Resulta paradójico que aquellos que se sienten legitimados para denunciar el fraude en las ayudas sociales acumulen todas las irregularidades que suman: la dimisión forzosa del portavoz por presuntas irregularidades, el rosario de presiones a las que han sometido a ciudadanos y empresas en su campaña de recogida de firmas, que incluso ha propiciado incidentes con los escoltas del alcalde y, ahora, como colofón, mantienen su oficina abierta saltándose la legalidad exigible al resto de la ciudadanía, con el visto bueno del PP», señaló el edil, que instó a los técnicos municipales y a la Policía Municipal a que procedan al cierre del local.

El PP defiende su legalidad

Esta petición no será atendida por el Ejecutivo local, que ayer defendió la legalidad de la sede. Según indicó a la agencia Efe, su actividad se encuentra dentro de los usos permitidos por el Plan General de Ordenación Urbanau y su apertura no requiere de una licencia previa.

El PP explicó que la plataforma está tramitando una declaración responsable de apertura de servicios de gestión administrativa, formula que permite abrir sin tener que esperar a la emisión de la licencia.