En todos los países de la Unión Europea el conocimiento de los idiomas oficiales es un requisito imprescindible para el ejercicio de las profesiones sanitarias. Todos estos profesionales que están yendo a trabajar a esos países han de estar suficientemente capacitados lingüísticamente en uno o en los idiomas oficiales del lugar. Así lo exige una Directiva Europea de Capacitación Profesional de 2005.

En el sur de Euskal Herria tenemos dos idiomas oficiales, pero el requisito para un profesional sanitario médico extranjero que quiera trabajar en nuestro medio es únicamente el conocimiento del castellano. El requisito de conocer el euskara no se exige a nadie, ni para las zonas de mayoría vascófona, y los responsables de ello son los gobiernos y parlamentos autonómicos que ya decidieron en su día que el conocimiento del euskara es tan solo un mérito, que proporciona unos puntos para acceder a cualquier plaza, incluso a las no perfiladas.

Fue con la Ley de Ordenación Sanitaria de 1997 con la que los poderes públicos vascos pretendieron plasmar el compromiso con la ciudadanía vasca para velar y respetar sus derechos relacionados con la protección y cuidado de la salud. Fue en el contenido de esta ley donde en su artículo 28 establece que el euskara se considerará como mérito, sin tener en cuenta que la comunicación con el sanitario es fundamental para garantizar la calidad de atención y la seguridad del paciente.

En Europa, además de las instituciones públicas, son los colegios profesionales los que exigen el cumplimiento del requisito de capacitación lingüística. En el sur de Euskal Herria todos ellos exigen únicamente el requisito de conocimiento del castellano, a pesar de que el euskara está reconocido como lengua oficial por la Constitución Española, el Estatuto y el Amejoramiento, y por las propias leyes de Normalización del Euskera de 1982 y del Vascuence de 1986. Por consiguiente, los problemas para el uso del euskara en la sanidad no provienen del exterior, ni los pone Madrid, como habitualmente se dice, sino que son debidos a nuestras propias instituciones, a nuestros parlamentos y sus leyes, a la falta de voluntad política.

El Tribunal de Justicia de las comunidades europeas, en una decisión prejudicial sobre la responsabilidad de un estado miembro por los daños causados por una violación de Derecho Comunitario y sobre la legalidad de supeditar la autorización para ejercer como odontólogo al requisito de tener conocimiento suficiente de la lengua del país de acogida –caso del odontólogo de origen turco Salomone Haim que deseaba trabajar en Alemania– sentenciaba el 4 de julio de 2000 que los organismos competentes de un estado miembro pueden supeditar la autorización para ejercer a que posea los conocimientos lingüísticos necesarios para ejercer su profesión en el citado estado miembro.

En nuestro país no prestamos la debida atención a la impotencia que tuvieron que sufrir y sufren aquellos pacientes que no pueden comunicarse con sus sanitarios porque no conocen su lengua. Estos pacientes también fueron y son víctimas de una situación de negación de sus derechos fundamentales, pero cuál será nuestra alienación que nadie plantea la reparación, la justicia y la verdad para ellos. Nadie les pide perdón ni les ofrece reconocimiento, y lo que es más grave, en nuestros parlamentos autonómicos la exigencia de capacitación lingüística en zona vascófona a los sanitarios, lejos de ser obligatoria sigue considerándose como mérito.

Hace un año planteamos una Petición en el Parlamento Europeo denunciando la actitud de Osasunbidea de no mandar médicos bilingües a Baztan y a Xareta. Tras considerarla admisible, Mme Vassiliou, en nombre de la Comisión, nos ha dado la misma respuesta que dieron recientemente a la eurodiputada Izaskun Bilbao en una comparecencia a favor de Euskara Kultur Elkargoa de Navarra. Nos recuerdan que el respeto a la diversidad lingüística constituye un valor fundamental de la Unión Europea, pero que son los estados miembros los principales responsables de adoptar decisiones en materia de Política Lingüística, competencia esta transferida a la CA de Euskadi.

Los que hemos ejercido la profesión en zona vascófona sabemos bien lo que estos problemas de comunicación con los pacientes han supuesto para ellos, la tranquilidad que se les infundía cuando podían explicarnos su dolencias, y los problemas de seguridad del paciente y adherencia al tratamiento y prevención que surgen de la incomunicación. Así declaraba en una sentencia el juez Knapman en el Reino Unido: «los daños producidos por errores médicos o demoras injustificadas en la atención sanitaria, derivados de la dificultad de comunicación por el insuficiente conocimiento del idioma, son considerados como negligencia médica».

Estamos cerca de que finalice una legislatura en la que la mayoría del Parlamento de la CA de Euskadi es nacionalista, y pienso que ha llegado el momento de que nuestros parlamentarios se afanen también en la reparación del daño infligido durante tantos años a la comunidad vascófona en la sanidad, legislando en el sentido de que, al igual que en el resto de Europa, consideren y aprueben la exigencia de capacitación lingüística a los profesionales que han de atender a la población vascófona.