Después de la toma de declaración de los tres imputados en el «caso Cabieces» y las manifestaciones amenazantes del expresidente de Kutxabank contra su sucesor a la salida del juzgado, ayer fue el turno de los testigos. El director de Recursos Humanos, Fernando López de Egilaz, y, principalmente, quien ostenta la responsabilidad de los Servicios de Auditoría Interna del banco, Roberto Moll, dejaron claro en sus respuestas que Mikel Cabieces no realizó trabajo alguno para la entidad que justificara los 243.592,02 euros que se le abonaron durante tres años a través del acuerdo de iguala que mantenían con el bufete de Rafael Alcorta.

A preguntas de las distintas partes personadas, Moll defendió el contenido del informe de auditoría, que según López de Egilaz el presidente de Kutxabank ordenó que se llevara a cabo, estableciendo el propio Gregorio Villalabeitia cómo se debía hacer. Esta decisión la adoptó después de que él le comunicase la existencia de esos pagos a quien había sido delegado del Gobierno español por ser, según indicó en febrero su antecesor en el cargo, «una persona que ha estado en la primera línea de la lucha antiterrorista».

De las palabras de Moll –que se encargó del seguimiento de la auditoría interna– se conoció que, además del informe principal, Kutxabank realizó otro complementario, que sustentaría el anterior. Todo apunta a que la Fiscalía y la acusación popular que ejerce la letrada Jone Goirizelaia en representación de diversos colectivos podrían solicitar a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbo que se cite a testificar a otras personas y nuevas pruebas para tratar de esclarecer si Mario Fernández, Mikel Cabieces y Rafael Alcorta cometieron o no los delitos de falsedad documental o de administración desleal.

Línea común de las defensas

Desde sus defensas, y ayer volvieron a dejarlo claro por el sentido de las interpelaciones de sus abogados hacia los dos testigos, argumentan que Cabieces sí trabajó «intensamente», participando en la elaboración de distintos informes y gestiones que Kutxabank encargó al despacho de Alcorta coincidiendo con el proceso de fusión de las cajas de ahorro. Fue, según esa versión, por lo que se abonó una importante remuneración mediante la iguala con el bufete del letrado imputado a quien fuera destacado militante del PSE.

La jornada anterior, Fernández comentó que, a principios de 2012 pidió a sus colaboradores que analizaran «si era posible encontrar un puesto de trabajo» para Cabieces. «La siguiente intervención mía fue en octubre o noviembre de 2014 cuando la gente que depende de mí me propone que se concluya esa relación. En el medio no he tenido que ver nada», afirmó.

Alcorta explicó el jueves que, en ese tiempo, el director de Recursos Humanos le mostró la disposición de incrementar la iguala, aunque debía incorporar a Cabieces a su equipo, con quien estaban satisfechos por su dedicación. Ese compromiso, indicó, fue verbal y se prolongaría por espacio de tres años.

Por tanto, hasta este estadio inicial de la instrucción, se muestran dos versiones contrapuestas por parte de los tres imputados y de Kutxabank, de ahí que puedan ser determinantes nuevas pruebas que puedan solicitar las partes.

Gregorio Villalabeitia evita responder a Mario Fernández

El actual presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, mantiene su silencio en torno al caso Cabieces y, pese a participar en un acto público en Bilbo, no quiso responder a las graves acusaciones lanzadas un día antes por su antecesor, Mario Fernández.

En su declaración del jueves, el anterior presidente de la entidad aseguró sentirse «engañado» y reiteró que «no lo voy a olvidar», antes de advertir que «yo no acostumbro a dejar heridos». Villalabeitia no quiso reponder a estas advertencias y se ciñó al guión de la jornada sobre planes de pensiones, donde pidió «un entorno jurídico y fiscal que dé seguridad» para desarrollar la previsión social complementaria.

En el mismo acto, el presidente de la Federación de EPSV de la CAV, José Ignacio Etxebarria, señaló que el patrimonio de estas entidades superó en 2014, por primera vez, la barrera de los 22.000 millones, lo que supone el 33,5% del PIB autonómico. GARA