Inmolaciones, detenciones, torturas, falta de asistencia médica a los presos, seguimientos, sanciones... son algunas de las vulneraciones de derechos humanos que padecen a diario los tibetanos. Desde el exilio, la activista tibetana Tsering Tsomo alza su voz por quienes no pueden hacerlo.

¿Qué radiografía realiza de la situación actual en Tíbet?

El Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia (TCHRD) ha contabilizado 2.200 presos políticos, dato que ofrece una radiografía de la situación. Hay personas detenidas por el mero hecho de participar en protestas pacíficas en defensa de los derechos humanos. A la sociedad civil no le está permitida la participación en la vida política. Ha habido intentos por formar asociaciones con el propósito, por ejemplo, de enseñar nuestra lengua, cultura o religión. Pero la mayoría han sido forzadas a disolverse por las presiones de la autoridades chinas bajo el argumento de que no habían sido registradas legalmente, cuando los requisitos burocráticos que se exigen son imposibles de cumplir.

Asistimos también a un aumento de las inmolaciones. Desde febrero de 2009, más de 130 tibetanos y tibetanas se han inmolado a modo de protesta. Como castigar a las personas que optan por la inmolación es particularmente difícil porque suelen morir en el acto, la represión se centra en el entorno de la víctima. En un documento obtenido por el TCHRD, la delegación del Gobierno en Dzoege –pueblo tibetano– anunció que todos los miembros de la familia de la persona inmolada pueden ser condenados a cadena perpetua o pueden perder su derecho a la vivienda, al trabajo y a las ayudas sociales. La aldea o monasterio al que pertenezca la persona puede ser multada con hasta 60.800 euros.

Igualmente preocupante es el creciente número de las muertes durante el periodo de detención. Esta muertes son el resultado de la tortura, las palizas y la negación de la asistencia médica. En algunos casos, los detenidos fueron excarcelados bajo libertad condicional médica poco antes de morir para evitar que los funcionarios de prisión fueran investigados. Esta figura jurídica es una táctica para ocultar el dato real de los tibetanos que mueren en prisión. Otra táctica es la intimidación a los familiares de los presos para que no hablen. En todos los casos, los cuerpos mostraron evidencia inequívoca de maltrato. En 2014 al menos cuatro tibetanos fallecieron debido al trato recibido en prisión. Hay quienes se atreven a difundir toda esta realidad a la comunidad internacional a través de las redes sociales, pero todo los mensajes están monitorizados. Los servicios secretos chinos son muy sofisticados y no hay nada que se mueva sin que ellos lo sepan. Después vienen los arrestos bajo la acusación de «divulgación de secretos de Estado», cuando tan solo son informaciones relativas a la situación en Tíbet. El Gobierno chino defiende que Tíbet es «un asunto interno», en el cual la comunidad internacional no debe interferir. Pero cuando un Estado falla en la protección de los derechos de la ciudadanía, la comunidad internacional debe intervenir y presionarlo para que los respete. China no puede sacar provecho de su estatus dentro de la comunidad internacional y, al mismo tiempo, decir que no tiene deberes. Es, además, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, algo irrisorio. Pero así es la realpolitik.

Pese a esta «crítica situación», Tíbet no acapara la atención mediática de otros tiempos.

Una de las razones por las que Tíbet no ocupa la atención mediática de épocas pasadas, es el crecimiento económico que ha experimentado China, que como potencia económica ejerce una enorme influencia a nivel diplomático. Una de las condiciones que impone a los gobiernos a la hora de pactar con ellos acuerdos de colaboración es que Tíbet es parte de China y una cuestión interna. Tíbet, Taiwán y Xinjiang son las líneas rojas del Gobierno chino, sobre las cuales no está dispuesto a negociar. Nadie puede poner en cuestión el estatus de estos tres enclaves. El Gobierno chino se está aprovechando de la crisis financiera que azota a Occidente para imponer sus condiciones represivas. Pekín promete a sus socios relaciones diplomáticas y económicas satisfactorias siempre y cuando no hagan referencia a temas que considera «internos». El Gobierno chino llegó a suspender una reunión bilateral con París en protesta por las declaraciones de solidaridad del expresidente francés Nicolás Sarkozy con el Dalai Lama. La represalia por la concesión del Premio Nobel de la Paz al reconocido activista chino Liu Xiaobo en 2010 fue la denegación a los ciudadanos de origen noruego de la visa y los «permisos especiales» requeridos para visitar Tíbet. Lo mismo ocurre con Sudáfrica, donde China tiene fuertes inversiones.

¿Teme represalias contra su persona por su activismo?

Me preocupa mucho más la situación de quienes viven en territorio tibetano, que la mía propia. Cualquier persona que se ponga en contacto con nosotros para compartir un dato, alguna información, denuncia… corre el riesgo de ser arrestada. Amigos míos han desaparecido por este motivo. Nosotros estamos en el extranjero, lo que nos proporciona cierta libertad de movimiento. Pese a ello, también somos sometidos a una estrecha vigilancia por parte de los servicios secretos chinos. Cuando en setiembre del año pasado acudí a una de las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, observé a un chico joven, con gafas. Me di cuenta de que era el mismo joven que me había estado siguiendo desde hacía dos semanas; a cada acto que iba, ahí estaba él. Cuando les comenté este hecho a mis compañeros, me respondieron que era algo «habitual. Ellos siempre están ahí», así de simple. Cuando hice partícipe de estos seguimientos a un periodista de una reputada agencia de noticias que cubría el evento, me mostró su incredulidad, no podía creer el hecho de que el Gobierno chino enviara a agentes secretos a reuniones de tan alto nivel. También es habitual que los activistas tibetanos sean fotografiados mientras se manifiestan. Esto tiene consecuencias especialmente para quienes tienen familiares en Tíbet y quieren visitarlos. Si aparece en uno de esos vídeos o fotografías o si su nombre figura en una de las listas que manejan las embajadas, directamente le deniegan la visa y el permiso de entrada en Tíbet.

¿Cómo describiría al actual presidente Xi Jinping?

Su elección generó fuertes expectativas dentro de la comunidad tibetana. Pero en los últimos tres años se ha convertido en el líder más autoritario que jamás ha tenido China desde Mao Tse Tung. Ha concentrado un montón de poder en sus manos. Todo está bajo control del Estado. El Ejecutivo y el sistema judicial son la dos caras de una misma moneda. Cuando eres arrestado, lo menos que esperas es que se imparta justicia. Antes de que tu caso sea elevado a juicio, éste ya ha sido resuelto. El proceso judicial es pura fachada. Sobre el papel puedes, incluso, apelar a instancias superiores, pero todo son palabras vacías y huecas. Además, muy pocos logran un abogado defensor. Estos raramente aceptan los casos de ciudadanos tibetanos por temor a perder su licencia.

¿Cómo describiría la situación de las mujeres?

La mujer tibetana está adquiriendo un mayor protagonismo en los movimientos de protesta. Ya son más de 200 las mujeres que se han inmolado; en marzo lo hizo una madre.

Tíbet tiene el mayor índice de mortalidad materna de Asia. ¿Diría que ello responde a una estrategia de Pekín?

Hay motivos para pensar que es así, aunque no puedo sostener que sea una estrategia. Desde hace algún tiempo, Pekín viene promoviendo a través de los medios de comunicación oficiales los llamados «matrimonios mixtos de integración» entre chinos y tibetanos. El objetivo a largo plazo es la asimilación. De ahí que el Dalai Lama haya denunciado la comisión de un genocidio cultural. Hay una larga lista de políticas oficiales que apuntalan este genocidio. Somos muy pocos estadísticamente (el 1%); es muy fácil para el Gobierno dominar a la gente. No estoy segura de que en una o dos generaciones no hayamos perdido nuestro sentido de identidad. De acuerdo con la Ley de Autonomía Étnica Regional de la República Popular China, se concede a minorías étnicas tales como la tibetana, la uigur y la mongola el derecho a administrar sus propios asuntos. Sin embargo, esto no se corresponde con la realidad. En materia de política lingüística, por poner un ejemplo, nuestra lengua es irrelevante en el sistema educativo por lo que ha habido muchas protestas de estudiantes tibetanos. Le ley nos reconoce el tibetano pero, según un artículo de la Constitución china, el Gobierno promoverá «la lengua común», el chino. Sin derechos humanos no puede existir democracia, y viceversa.