Si el pasado viernes las declaraciones de Javier de Andrés e Iñaki Oyarzábal en contra del euskara y del trabajo de promoción de la lengua vasca llamaron la atención por lo demagógico de su contenido y por la falta de respeto exhibido respecto a miles de alaveses y alavesas a los que calificaron de «morralla», la réplica del viceconsejero de Política Lingüística de Lakua puso ayer en evidencia el enorme trabajo que queda por hacer para que el estatus teórico de oficialidad sea llevado a la práctica.

Y es que, queriendo salir al paso de las afirmaciones de los dirigentes del PP, en las que sostenían que la exigencia de conocer euskara había perjudicado a los alaveses en el acceso a la administración, Patxi Baztarrika reveló que solo para el 36% de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gasteiz y el 36,34% del empleo en la Diputación es necesario acreditar un conocimiento mínimo de la lengua vasca. O, expresado de otra forma, indicó que para el 64% de los puestos de trabajo de la Diputación y del Consistorio gasteiztarra el conocimiento del euskara se valora únicamente como mérito, en un porcentaje que oscila de un 5% hasta un 13,75% del total puntuado. En ambos casos, por debajo del 20% que permite la ley.

Se trata de porcentajes paupérrimos que, sin embargo, el responsable de Política Lingüística no expuso a título de crítica sino para defender ante el PP la labor del Ejecutivo, argumentando que «este sistema forma parte de la ley y ha sido refrendado explícitamente por el Tribunal Constitucional, no es una imposición de nadie, ni de los nacionalistas ni del Gobierno vasco». «No cumplirlo significaría incumplir la legalidad, incumplir la doctrina constitucional y debilitar el consenso básico del euskera», apostilló.

Respecto a lo manifestado por De Andrés y Oyarzábal, Baztarrika opinó que la diversidad de opiniones es «normal y enriquecedora», pero añadió que «nada justifica la tergiversación de los hechos ni hay nada que justifique erosionar la convivencia y la cohesión social». «No todo vale en campaña electoral. La natural preocupación por los resultados electorales nunca debe empañar el valor de la convivencia», concluyó.