gara, donostia
EDITORIALA

Explicaciones públicas para el dinero público

El Palacio Miramar acoge hoy el primero de los debates electorales públicos y abiertos entre los principales candidatos a la Diputación de Gipuzkoa, y en ellos destacará la ausencia de Markel Olano, cabeza de lista del PNV y anterior responsable de la institución foral. Fuentes jelkides han justificado esta ausencia presentando la iniciativa como propia de la izquierda abertzale, excusa que queda en evidencia cuando Denis Itxaso (PSE) participará en las dos sesiones (hoy en euskara y después en castellano) y Juan Carlos Cano (PP) intervendrá en la segunda. Pero el episodio no parece una mera anécdota puntual, sino parte de una estrategia política criticable.

Los primeros datos sobre los aparentes trabajos falsos pagados por Bidegi en la AP1 se conocieron en otoño. Fueron respondidos por un silencio demasiado clamoroso de los responsables del PNV, especialmente de Markel Olano, entonces diputado general y como tal presidente de la sociedad pública. El mutismo continuó tras la presentación de la querella por la supuesta malversación de 3,4 millones de euros en noviembre y siguió con su admisión a trámite, el Juzgado de Azpeitia, en diciembre. En marzo tuvo otra ocasión de explicar lo ocurrido en aquella liquidación de junio de 2011 cuando fue citado por la comisión de investigación de las Juntas de Gipuzkoa, pero lejos de aclarar datos, fechas y facturas despachó el asunto acusando a EH Bildu de «matonismo político» y abocando así a la ciudadanía a un juicio de credibilidad político-personal sobre un asunto que es de datos objetivos, contante y sonante.

La reciente ampliación de la querella, al descubrirse otros 10 millones por más trabajos no realizados, y las revelaciones ayer mismo sobre irregularidades paralelas en otro tramo de la AP1 hacen más extraño y a la vez censurable ese silencio cada vez más tupido. Porque lo que aquí se dirime no es una cuestión de enfrentamiento partidista ni algo que tenga que ver con el patrimonio privado. El uso, bueno o malo, del dinero público es un asunto público y exige una explicación pública.