El despacho de Robleda está en la primera planta de la sede de la Cámara de Comptos, en la esquina de la calle Ansoleaga, un edificio discreto del siglo XIII, catalogado como Monumento Nacional desde 1836. De hecho, esa esquina es sede de Comptos desde hace casi cinco siglos (cumplirá los 500 años en 2024). No obstante, la Cámara, como tal, se creó allá por 1365. De la pared derecha del sobrio despacho de Robleda, el último de siete siglos de fiscalizadores y «oidores» de las cuentas navarras, cuelga un tapiz medieval.

De todos los informes de su mandato, quizá uno de los más complejos sea el análisis de diez años de la empresa de capital riesgo, Sodena.

El informe, dentro de lo que ha sido el plan estratégico que la Cámara se fijó en 2010, ha sido importante, porque esta empresa de capital riesgo tiene como fundamento impulsar el desarrollo. Es un balance que muestra una situación heterogénea y resultados distintos, según el tipo de proyectos que el Gobierno consideró oportuno invertir.

Hablemos del proyecto Sendaviva, en el que al inicio solo estaba prevista una inversión de 4 millones y, al final, el Gobierno ha invertido más de 50 y otros 14 en avales.

El objetivo de Sodena es atraer capital privado y puso en marcha el proyecto, pero no captó ese capital, y es el Gobierno el que suplantó ese papel. Los socios privados no lo acompañan.

Entre esos socios había uno «de peso»: «Diario de Navarra».

Así es. Precisamente porque los socios privados no acompañan es el Gobierno el que se implica en el proyecto.

Sendaviva arrastra pérdidas de 33 millones y sigue con resultados negativos. Pese a toda la inversión pública ¿acabará cerrando?

Entra dentro de una situación preocupante de lo que han sido inversiones de proyectos cuya viabilidad está en entredicho. Al no conseguir socios privados, al final hay una pérdida real en las expectativas de actividad.

Ha ido mal, pero no todos los socios asumen el riesgo de la misma manera.

No la han asumido, no.

Vamos, que los socios se van.

Efectivamente. Y el riesgo quedó concentrado en el socio público. Esto no es lo que debe de ser un proyecto de impacto. No debería haberse seguido con el proyecto. Y no hubo adhesión de socios precisamente porque el proyecto no era rentable.

Siguiendo con ese informe, otra inversión clave fue la de Iberdrola.

Es absolutamente atípica. Ha tenido un carácter especulativo comprar una participación en EHN para luego venderla y comprar otra en Iberdrola. Nosotros consideramos que desde el ámbito del sector público este tipo de operaciones no deberían formar parte del núcleo de la administración pública.

Más allá de eso, la clave estuvo en el seguro de cobertura de 90 millones firmado con CAN.

Ese seguro de 90 millones es más coste de la compra. Eso, más la bajada posterior en las cotizaciones tras Lehman Brothers, acabaron lastrando toda la operación por completo.

La CAN en ese tiempo tenía el 20% de Sodena. Es curioso que en los consejos de Sodena y CAN esté la misma gente, amén de miembros del Gobierno en ambos. Porque a uno le salió muy bien y al otro bastante mal. Y a Sodena, la que tiene mayor parte pública, fue a quien le salió «un poco rana».

Son 90 millones más de coste de lo que, sin esa cobertura, hubieran sido beneficios. Es una operación atípica y, desde luego, fuera del ámbito de lo que debe ser la vinculación pública al sector público.

Siguiendo con CAN, ustedes cifran en 1.003 millones las pérdidas de patrimonio en dos años. ¿Alguna explicación?

Esos 1.003 millones vienen de un deterioro clarísimo de lo que suponía el negocio Banca Cívica como plusvalía. Ahí se ve claro ese deterioro en términos contables de esas plusvalías que se han generado a raíz de unas situaciones que no reflejaban la realidad.

¿Usted coincide en que se partía de una sobrevaloración?

Es una situación que se dio en todo el país. No fue un negocio al margen. Lo podemos ver en otros con resultado desastroso.

Lo pregunto porque Riezu, el exdirector de CAN, acaba de declarar en la AN que las cuentas de CAN no reflejaban el valor razonable.

Las magnitudes contables son muy claras. El deterioro es debido a que Banca Civica era un negocio sobrevalorado. Aquí podríamos ver toda la situación de Bankia en un impacto menor en la situación de Banca Cívica. Los mismos patrones, las mismas formas de actuar. Exceptuando, evidentemente, situaciones que en Banca Cívica no se han dado. Hubiera sido un ejercicio de profesionalidad que los auditores de CAN hubieran acudido al Parlamento. La Cámara no pudo auditar CAN por no ser un ente público. Comptos solo puso en secuencia lo sucedido.

Con todo, en sus cuatro años de mandato, con lo que usted ha sido más vehemente es con lo ocurrido en Eguesibar.

Recuerdo una comparecencia mía en 2010 en la que ya decíamos claramente que el modelo urbanístico de Egues era, como mínimo, opaco. El Ayuntamiento había derivado la gestión a una sociedad en la que bueno, nominalmente, tenía el 51% del capital. Pero era mentira. De hecho, las propias oficinas de la empresa privada es donde se tomaban las decisiones de gestión de vivienda. Esto acabó en lo que acabó. Egues es un escándalo clarísimo, de practicas contables burdas. Donde se ven facturas que... bueno, el calificativo es facturas falsas. Por eso es una suerte que en Navarra haya un órgano de control como Comptos que pone blanco sobre negro en estos casos.

 

«En Egues, más que políticos parecían conseguidores»

¿No deja el «caso Egues» una sensación agridulce? Pese al prestigio de Comptos, hasta que no se llega a los tribunales por las preferentes los partidos no hacen caso de los informes.

Nuestro papel no es ejecutivo. Como sabes, es un papel de asesoramiento al Parlamento. Debemos proporcionar una información clara sobre qué está ocurriendo con los fondos públicos. Llegamos hasta ahí. Mencionas el caso de las preferentes. Con todo mi respeto a las decisiones judiciales –que, evidentemente, como ciudadano debemos respetarlas y más teniendo el cargo de presidente de Comptos– me parece realmente cuando menos tibio de el papel de la Fiscalía y, en este caso, del juez. Sí que es cierto que el marco legal se cumple, pero el exalcalde lo que ha hecho es coger fondos públicos e invertirlos de un modo donde los matices de esa inversión están bajo toda sospecha. No es que haya un remanente de tesorería y se meta en una cuenta de ahorro para que no esté parado. Aquí hay riesgo. Es jugar en bolsa. Y hay otro matiz, que fue en una sucursal muy vinculada.

Y tanto. Las compró en la sucursal de la que era director en excedencia y se las vendió un compañero de UPN, también concejal, que repite en la lista.

La tibieza en este caso es clarísima. Con nuestros informes poníamos de manifiesto que la ley no prohibe, pero... Lo mismo ocurrió con Iberdrola. Es atípica, pero no ilegal. Con todo, terriblemente arriesgada. La sensación que me ha dejado a mí Egues es de una convivencia indecente, y de políticos con un papel como gestores que me deja algunas dudas. Más que políticos parecen conseguidores. Desconozco en qué va a quedar el juicio sobre las sociedades de gestión municipales. Es lo mismo que con las empresas públicas forestales.

Algún modo habrá de prevenir esto.

Las instituciones hemos de estar coordinadas. Comptos llega hasta donde llega, otros deben tomar el relevo. Comptos no puede entrar en patrimonios privados, pero sí Fiscalía. Egues debería ser el ejemplo. Hay que demostrar que se actúa y se recupera el dinero público.