El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha vuelto a condenar al Estado español por no investigar una denuncia por torturas formulada por ciudadanos vascos detenidos por cuestiones políticas bajo el régimen de incomunicación.

En esta ocasión se trata del vecino de Etxarri Patxi Arratibel, que fue detenido por la Guardia Civil bajo la acusación de pertenecer a Ekin en enero de 2011. Tanto Arratibel como las otras tres personas que fueron detenidas en la misma operación (Iñigo González, Iker Moreno y Gorka Zabala) denunciaron haber sido objetos de torturas y presiones sicológicas por parte de agentes del instituto armado. Relataron haber sufrido métodos como la bolsa, además de «golpes por todo el cuerpo, simulacros de violación y de aplicar electrodos» junto a constantes amenazas de represalias en sus familiares.

Arratibel denunció estos hechos ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional española, Fernando Grande-Marlaska, que era el responsable judicial del operativo. El vecino de Etxarri explicó al juez que en una de las declaraciones policiales escribió «aztnugaL» (Laguntza –ayuda, en euskara– al revés) en un intento de evidenciar el tormento al que estaba siendo sometido y pedir ayuda.

Se da la coincidencia de que también era Grande-Marlaska el juez responsable del operativo en el que fue detenido Oihan Ataun, a quien el Tribunal de Estrasburgo dio la razón previamente y condenó al Estado español por no haber investigado la denuncia por torturas que presentó. La de Arratibel es la séptima sentencia contra el Estado español por no investigar denuncias de malos tratos. Seis de ellas corresponden a ciudadanos vascos. Son Mikel San Argimiro, Iker Beristain, Martxelo Otamendi, Beatriz Etxebarria y los citados Ataun y Arratibel.

Arratibel, que quedó en libertad provisional bajo fianza en agosto de 2012, denunció estas torturas también ante el juez ordinario. La denuncia agotó infructuosamente el periplo de los tribunales españoles, por lo que el vecino de Etxarri, de la mano de Behatokia, acudió al Tribunal de Estrasburgo en busca de amparo.

La sentencia que se hizo pública ayer en Estrasburgo constata que la investigación española «no se hizo a fondo ni fue efectiva» y destaca que el régimen de incomunicación «exige un esfuerzo mucho más importante por parte de las autoridades nacionales para determinar los hechos denunciados».

La sentencia añade que la incomunicación deja en una «situación de vulnerabilidad particular» a los detenidos, por lo que subraya la necesidad de aplicar medidas de vigilancia extraordinarias para evitar abusos y proteger la integridad de los detenidos.

Sortu: «Connivencia»

Sortu destacó que «esta sentencia condenatoria deja en evidencia la actitud connivente que el Estado español ha mantenido hacia la tortura, que no es un exceso policial sino una herramienta cruel y despreciable que el Estado ha utilizado para el control social y político».

Ante esta situación, abogó por la puesta en marcha de una comisión de la verdad como «antídoto para que nadie vuelva a pasar jamás por el calvario de la tortura» e instó a Madrid a «asumir la responsabilidad de esta práctica deleznable».

El diputado de Amaiur Jon Iñarritu, por su parte, reclamó el fin de la incomunicación y presentó en el Congreso veinte preguntas sobre el examen al que fue sometido la pasada semana el Estado español por parte del Comité Contra la Tortura de la ONU (CAT). Iñarritu quiere saber la razón por la que Madrid no aportó los datos que le fueron requeridos por el CAT.

 

Obligados a escuchar a quienes acusan de ser torturadores

En la segunda sesión del juicio contra diez vecinos de Iruñerria acusados de pertenencia a Segi, declararon como peritos y testigos los agentes de la Policía española que llevaron a cabo las detenciones en 2007. Todos los enjuiciados han denunciado haber sido objeto de torturas y malos tratos con el objetivo de forzar declaraciones en las que asumieran su militancia en Segi e inculparan a otros. Quienes declaraban ayer eran los mismos policías que les detuvieron y a quienes los jóvenes acusan de haberles torturado. Por ello, su intención era salir de la sala de vistas mientras se produjera la declaración de los agentes. No querían pasar el mal trago de ver el rostro a quienes acusan de ser torturadores.

Sin embargo, el presidente del tribunal, Javier Martínez Lázaro, rechazó esta petición y obligó a todos los acusados a permanecer en la sala con el argumento de que era su derecho escuchar la declaración de los testigos.

Uno de los acusados, Ibai Azkona, no se pudo contener ante las palabras del responsable del operativo y mostró su malestar gritando «nos está humillando, no tengo por qué escucharle». La reacción de Martínez Lázaro fue expulsar a Azkona, que al ser uno de los tres enjuiciados que permanecen en prisión fue trasladado a los calabozos de la Audiencia Nacional. El juez, además, advirtió al resto de los procesados de que también serían expulsados de la sala si mostraban su malestar ante la presencia de los agentes policiales.

La denuncia de la tortura también estuvo presente en el exterior de las dependencias de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares mediante una concentración que los encausados y sus allegados realizaron antes del comienzo de la vista. Desplegaron una pancarta con el lema «Torturarik ez» mientras vestían camisetas negras con el mensaje «Stop Tortura». Para evitar un incidente similar al registrado el lunes con las camisetas naranjas de «Libre», los jóvenes optaron por quitarse las negras y entrar a la Audiencia con atuendo neutro.

Ya en la sala, Mikel Flamarike, Gorka Sueskun y Mikel Beunza relataron, al igual que hicieron sus compañeros la víspera, los malos tratos a los que fueron sometidos durante la detención incomunicada. Así, Sueskun explicó que en Iruñea le hicieron tres veces la bolsa y que las torturas se repitieron tanto en el traslado a Madrid como en las dependencias policiales de Canillas. Beunza, por su parte, reconoció que se derrumbó y que accedió a declarar imputando a otros su pertenencia a Segi. Asimismo, señaló que los agentes querían una autoinculpación a toda costa y que no les importaba si era en relación a ETA, a la kale borroka o a Segi. También explicó que expuso estos hechos ante el juez instructor, Fernando Grande-Marlaska. Los tres, al igual que sus compañeros la víspera, negaron su pertenencia a Segi.

Los policías que declararon no pudieron evitar incurrir en imprecisiones o contradicciones a preguntas de los tres letrados de la defensa (Amaia Izko, Jaione Karrera e Iñigo Iruin). Así, el responsable del operativo declaró que no recuerda porque se imputó a Gorka Sueskun «porque ha pasado casi una década ya» o que en el registro del bar Ezpala no «encontraron ningún material significativo». También reconocieron que no pueden precisar si el material de Segi incautado estaba en las habitaciones de los imputados o en las de sus compañeros de piso.M.D.

 

Señalan a Marlaska por el veto a las camisetas naranjas en la AN

Fuentes jurídicas apuntan al juez Fernando Grande-Marlaska como el impulsor del veto a la presencia en la vista que ayer comenzó en la Audiencia Nacional de las camisetas naranjas de Libre por parte de los encausados. Estas fuentes subrayan que Grande-Marlaska estaría molesto por el hecho de que Estrasburgo dejase en evidencia que no investigó las denuncias por torturas formuladas por Oihan Ataun, uno de los diez juzgados por pertenencia a Segi. La sentencia de ayer habría ahondado este malestar, ya que el mismo juez escuchó la denuncia de Arratibel. En este clima, el lunes el fiscal llegó a amenazar con «20 años de cárcel pagando los gastos» a quien portase la camiseta.M.D.