El Ayuntamiento de Gasteiz deberá pagar 1,6 millones de euros más a los propietarios de tres parcelas expropiadas en Gamarra, en la zona norte de la capital alavesa. Los hechos se remontan a 2001, cuando el Gobierno municipal, en manos del actual ministro español de Sanidad, Alfonso Alonso, decidió expropiar diversas parcelas en el marco de un plan de defensa contra las crecidas del río Zadorra.

Los propietarios de tres de las parcelas afectadas se mostraron disconformes con la tasación de los técnicos, fijada en 487.527 euros, ya que entendían que el valor de sus tierras era mucho mayor. Una queja que no fue atendida por el Jurado de Expropiación Forzosa de Araba, que en 2004 resolvió el expediente del justiprecio enviado por la Diputación foral.

Pero en febrero de 2014, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dio la razón a los propietarios y decretó que el precio debía haber sido de 2,1 millones de euros, es decir, de 1,6 millones más. El Consistorio mostró su disconformidad con la decisión judicial, y apeló al Tribunal Supremo, que ha rechazado el recurso de casación.

Así, el Ayuntamiento de la capital alavesa deberá abonar 1.661.536 euros por una parcela de 15.578 metros; 201.460 euros por un terreno de 1.888 metros cuadrados; y 186.732 euros por otro de 1.750 metros cuadrados. Además, al precio final se sumará un 5% más de premio de afección, más los intereses legales.

Precisamente, la pasada legislatura el Consistorio de Gasteiz fue condenado a pagar 2,6 millones de euros por un fallo similar relacionado con unas parcelas de la misma zona. En aquella ocasión el Gabinete de Patxi Lazcoz decidió no recurrir la sentencia del TSJPV ante el Tribunal Supremo.

Asimismo, el pasado mes de febrero el Tribunal Supremo condenó al Ayuntamiento a pagar 6 millones de euros a los propietarios de catorce parcelas que el Ejecutivo de Alonso expropió hace más de diez años en Olarizu. EH Bildu, que ha solicitado la comparecencia del alcalde, Javier Maroto, denunció la suma de otros 500.000 euros por la expropiación de una vivienda anexa a una explotación agrícola de la misma zona.