Medio año después de los primeros indicios de pagos por trabajos no ejecutados en la AP1, el escándalo no deja de crecer en tramos, detalles disparatados y volumen económico (30 millones ya), hasta este último capítulo del túnel de Isuskitza. Y el PNV no parece consciente de que la estrategia de defensa desplegada en torno a quienes entonces dirigían Bidegi salta por los aires. La nota emitida ayer, tras conocerse que la Diputación de Araba avala la denuncia de la de Gipuzkoa en el tramo Eskoriatza-Arlaban, acelera una huida hacia adelante a costa de forzar totalmente la realidad de la denuncia y tratar de silenciar el asunto en todos los medios posibles.

Carece de todo sentido que el GBB insista en atribuir a la izquierda abertzale una campaña de acoso cuando los datos están a la vista y han sido ratificados por el Juzgado de Azpeitia y la Diputación del PP de Araba, a quienes achacar alguna connivencia con EH Bildu resulta simplemente grotesco. Curiosamente, el PNV no niega la opción de acuerdos con el PP, tan solo con EH Bildu, a quienes acusa de electoralismo por tratar el tema ahora. Pero la investigación se desencadenó tras el hallazgo casual de que el depósito de Basagoiti-2 no estaba colmatado, hace menos de un año, y fue anteayer el día en que los técnicos de Araba pudieron certificar que no consta por qué Bidegi pagó esos 10 millones. Y resulta ya indecente que el silencio en este caso se plantee como moneda de cambio para llegar a acuerdos en cuestiones como el derecho a decidir, como han verbalizado directa o implícitamente diferentes dirigentes jeltzales.

Queda evidente que el PNV se ha decantado precisamente por aquello que imputa a los demás: intentar blindar a toda costa sus intereses electorales, encarnados especialmente en las figuras de Markel Olano y Eneko Goia. Pero conviene que no se engañe: la explicación no se la debe a la izquierda abertzale, sino a la ciudadanía guipuzcoana, que es la que ha perdido 30 millones de euros. Y se la deberá el lunes igual que hoy o que mañana.