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Isabel II hace oficial el referéndum sobre la pertenencia a la UE

La reina Isabel II anunció ayer ante el Parlamento de Westminster el proyecto de ley que confirma la convocatoria, antes de finales de 2017, de un referéndum sobre la permanencia o no de Gran Bretaña en la Unión Europea. La consulta, que hoy se presenta en la Cámara de los Comunes, se llevará a cabo tras concluir la negociación de la reforma de la relación entre Gran Bretaña y la UE que impulsa el primer ministro, David Cameron.

El Gobierno británico anunció ayer el proyecto de ley que confirma la convocatoria antes de 2017 de un referéndum sobre el mantenimiento o no de Gran Bretaña dentro la Unión Europa y la voluntad del primer ministro, David Cameron, de acelerar el proceso.

El proyecto de ley fue anunciado ante el Parlamento de Westminster por la reina Isabel II, en su tradicional discurso, redactado por el Ejecutivo, que presenta las grandes líneas del programa legislativo del año.

Cameron había prometido esta consulta en caso de victoria en las legislativas, en las que consiguió la mayoría absoluta. El discurso de la reina señaló que el Gobierno no organizará el referéndum hasta concluir la renegociación de las condiciones de pertenencia de Gran Bretaña al bloque comunitario.

Los detalles del proyecto de ley se presentarán hoy en la Cámara de los Comunes. La pregunta, que aún no se ha confirmado oficialmente, podría ser «¿Desea usted que el Reino Unido permanezca en la UE?», una formulación positiva que facilita a lo «eurófilos» votar «sí».

Cameron, favorable al mantenimiento en la UE, pero con una relación reformada, comienza hoy una gira para tratar con los líderes de Países Bajos, Estado francés, Polonia y Alemania su propuesta sobre esa reforma.

El proyecto legislativo del referéndum excluirá de la votación a los ciudadanos de la mayoría de los países de la UE, aunque sean residentes en territorio británico, como ocurre en las elecciones generales. Los que sí podrán votar entre un total de unos 45,3 millones de censados, conforme a las estimaciones, serán los ciudadanos irlandeses y de la Commonwealth residentes en el Reino Unido, así como los británicos que llevan menos de 15 años viviendo en el extranjero. Sobre la sustitución de la Convención Europea de Derechos Humanos por un texto británico, el Gobierno finalmente ha decidido consultar este polémico tema, que suscita una firme oposición, incluso en las filas conservadoras.

Por otro lado, el Ejecutivo introducirá un texto que garantice la congelación de impuestos sobre los hogares hasta 2020. «Nuestra prioridad es ayudar a los trabajadores», afirmó Cameron en el debate que siguió al discurso de la reina. «Tememos que la realidad del discurso de la reina sea muy diferente de la retórica», estimó el líder –provisional– de la oposición laborista Harriet Harman. «Gran Bretaña no puede salir adelante con empleos poco cualificados, poco remunerados y precarios», añadió. Precisamente, una concentración ante el 10 de Downing Street denunció ayer las políticas de austeridad. El programa de Gobierno incluye también la «devolución» de poderes a Escocia y medidas para prohibir «organizaciones extremistas».

Principales proyectos legislativos presentados por Cameron

Unión Europea

Ley que allane el camino para un referéndum antes de finales de 2017 sobre la pertenencia a la UE. El Parlamento podría empezar a debatirla el próximo mes, dejando la puerta abierta a una votación a partir del año que viene. Si Cameron lograr recuperar poderes cedidos a la UE, defendería que el país siga en el bloque.

Escocia

Cesión de más poderes a los gobiernos regionales. La reina habló de traspasar competencias «de amplia diversidad», pero el SNP –ahora tercer partido en la Cámara de los Comunes– ve las propuestas insuficientes.

Impuestos

Ley que prohibirá subir el impuesto sobre la renta, el IVA y el seguro nacional (contribuciones a los subsidios del Estado) hasta 2020. A la vez, Cameron prevé recortar el gasto público en 12.000 millones de libras.

Extremismo

Medidas legislativas para combatir a las «organizaciones extremistas», vistas como responsables de la radicalización de algunos musulmanes, así como restricciones a las personas consideradas «extremistas» que tratan de entrar en el país. También propondrá un proyecto de ley de comunicaciones que podría obligar a las empresas de telefonía móvil y proveedores de internet a entregar datos de individuos a los servicios de seguridad.

Inmigración

El Gobierno quiere dar a la Policía el poder de incautarse de los salarios de los inmigrantes en situación irregular e implantar la regla «deportar primero, apelar después».GARA