Yello ocurre a pesar de que son sabedores de la imposibilidad de que las arcas públicas soporten ese agujero sin fondo en el que se está convirtiendo la alta velocidad. Si no que se lo pregunten a la propia ministra de Fomento que hace dos semanas tuvo, una vez más, sobre su mesa el rescate que le exige la empresa TP Ferro, a punto de entrar en suspensión de pagos. Esta vez, sin embargo, Ana Pastor ha resistido a la presión de la empresa con participación al 50% de la sociedad francesa Eiffage y la española ACS, a cuya cabeza se encuentra Florentino Pérez, y ha rechazado aportar más dinero público.

TP Ferro, constructor y concesionario de varios proyectos de la alta velocidad, ha tomado la vía del Tribunal Internacional de Arbitraje con sede en Ginebra y acaba de presentar una tercera reclamación financiera contra Madrid y París. El monto de este último requerimiento asciende a 34 millones de euros que se suman a los más de 450 millones de euros de las dos reclamaciones anteriores.

En la primera exigía a los dos gobiernos una indemnización de 93 millones de euros (que aumenta en 3,6 millones cada mes) para paliar las pérdidas patrimoniales que le suponen el escaso número tanto de viajeros como de trenes en circulación, algo que consideran debían garantizar los gobiernos en tanto en cuanto les otorgaron la concesión de la línea entre Lleida y Perpinyà.

La segunda reclamación concernía un sobrecoste de 350 millones de euros en las obras del tramo Figueres-Perpinyà, algo que el tribunal suizo ya rechazó. Quedan, pues, dos reclamaciones a dirimir en la instancia de arbitraje internacional.

Entretanto, las negociaciones entre los acreedores (CaixaBank, Bankia, BBVA), TP Ferro y los dos gobiernos continúan para encontrar una salida. De no hacerlo antes de julio, se declararía la suspensión de pagos que podría llegar hasta la liquidación de la empresa concesionaria.

No al rescate de TP Ferro

Pero el Gobierno español se niega a aportar más dinero público para rescatar a una empresa privada. Y es que cuando aún no se han acallado las críticas por el caso del gaseoducto del Castor que costó 1.500 millones al erario público y con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, el coste electoral para el PP podría ser monumental.

En ese tablero de elecciones se sitúa también la iniciativa del grupo popular en el Congreso. Temen que, una vez pasados los comicios previstos para otoño, no tengan el suficiente peso político para llevar a cabo las inversiones pendientes del AVE, sobre todo porque Ciudadanos ya ha hecho pública su intención de frenar estas infraestructuras.

El portavoz parlamentario del grupo, Andrés Ayala, tras denunciar el «juego farisaico» de los que argumentan el coste excesivo, contrapuso la rentabilidad económica a la rentabilidad social aduciendo que estas inversiones generan «beneficios inducidos» sobre la cohesión territorial, el desarrollo económico, la competitividad y el empleo tanto a corto como a largo plazo. Por todo ello, piden al Gobierno que reconozca el «carácter estratégico» y, en consecuencia, «mantenga el nivel de inversión necesario para culminar a la mayor brevedad las conexiones ferroviarias de alta velocidad ya planificadas».

Las deudas, también a alta velocidad

La proposición no de ley aprobada el miércoles en el Congreso choca frontalmente con las dificultades financieras que ya están presentes en esta cuestión y de cuyos peligros acaba de alertar el propio Tribunal de Cuentas. En su informe fiscalizador sobre la financiación de las infraestructuras ferroviarias correspondiente al periodo 2011-2013, el tribunal insiste sobre la «importante incertidumbre respecto a la sostenibilidad económica a largo plazo dado su «elevado endeudamiento».

Además alerta sobre la posibilidad de agravamiento a futuro de la situación tras el vencimiento de los periodos de carencia de los préstamos otorgado por el Banco Europeo de Inversiones a Adif, promotor y gestor de la red ferroviaria que ya a finales de 2013 acumulaba una deuda de 9.142 millones de euros que debe devolver a partir de 2017.

El tribunal, en referencia clara a la baja del canon reclamada tanto por Renfe como por los operadores privados que desean optar al transporte de viajeros en cuanto se liberalice el sector, también ha subrayado que el conjunto de operadores deberían participar en el pago de los costes de mantenimiento y de los gastos de financiación y amortización para «evitar que se produzcan transferencias de fondos del sector público al privado».Arantxa .MANTEROLA.