El primer ministro tunecino, Habid Essid, anunció una serie de medidas con el objetivo de reforzar la seguridad tras el atentado contra un complejo hotelero en una playa de Susa, que causó la muerte de 39 personas, entre las que se incluye el cierre de todas las mezquitas que no estén bajo el control de las autoridades.

Essid admitió que el fin es recuperar el control de cerca de 80 templos en los que, según dijo, se incita a la violencia y hay indicios de que se promueven y financian ciertos grupos yihadistas. Anunció también que la financiación de las asociaciones quedará en manos del Gobierno, además de la inmediata disolución de todas las organizaciones y partidos políticos que no respeten la Constitución.

Horas antes, el presidente, Bey Caid Essebsi, había advertido de que el Estado iba a adoptar medidas sin parangón que no se habían querido tomar tras la matanza del Museo del Bardo y que pondrían al «país bajo una sola bandera», la roja y no la negra del Estado Islámico (EI).

Por otro lado, el Gobierno declaró «zona militar cerrada» todas las áreas montañosas del país y decretó la movilización y despliegue, en especial en las zonas turísticas y costeras, de todos los reservistas del Ejército.

La decisión de cerrar las mezquitas supone el primer recorte de las libertades que Túnez adapta desde la revuelta contra el huido Zine el Abedin Ben Ali.

Caído el tirano, la transición supuso una recuperación de derechos, entre ellos la libertad religiosa que grupos salafistas aprovecharon para apropiarse de los púlpitos de importantes mezquitas. A ello se unió la excarcelación de decenas de yihadistas, muchos de los cuales partieron a Siria e Irak para sumarse al EI. Según los expertos, más de 5.000 tunecinos habrían partido en los últimos años hacia Oriente Medio.

Muchos de los que han regresado de Siria han sido encarcelados, pero muchos más solo tienen la obligación de presentarse en comisaría y apenas están controlados por unos servicios de seguridad debilitados desde la Primavera Árabe.

Una fuente del Ministerio de Interior admitió a Efe que Saifedine Rezgui, uno de los supuestos autores de la matanza en el hotel de Susa, no estaba en la lista de yihadistas peligrosos.

Rezgui, estudiante de Ingeniería de 23 años, se presentó en la playa del hotel y abrió fuego de forma indiscriminada contra los turistas junto a un compañero que fue detenido. Agentes de Seguridad lograron matarlo cuando corría en dirección a la piscina y a la entrada del hotel Marhaba Imperial. En su asalto, mató a 39 personas, en su mayoría turistas británicos.

El ataque, el segundo que sufre Túnez en los últimos tres meses, fue asumido por el EI a través de un comunicado en el que instaba a sus seguidores a seguir con los ataques durante el mes sagrado del Ramadán.

El atentado de El Bardo también fue reivindicado por el EI a través de internet, pero las autoridades tunecinas aseguraron que fue obra del grupo yihadista local Oqba bin Nafa.

El segundo ataque contra objetivos turísticos en Túnez provocó ayer la salida a la carrera de cerca de 2.500 turistas extranjeros, muchos impelidos por su propio medio, otros por consejo de embajadas y agencias de viaje. El desfile de maletas hechas a toda prisa tiradas por rostros tristes y nerviosos era la estampa más común en Susa, cuya principal actividad económica es el turismo.

Otros muchos optaron por quedarse al considerar que abandonarlo «significaría que los terroristas han ganado, que han logrado lo que buscaban, hacernos vivir bajo el miedo».

París rechaza las críticas por su laxitud

El Gobierno francés reforzó ayer la seguridad en los lugares «sensibles» de la región de Rhone-Alpes, donde el viernes tuvo lugar el atentado de tintes salafistas que se cobró la vida de un empresario y causó daños materiales en una planta química. Al tiempo, el ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, salió al paso de las críticas vertidas sobre el Ejecutivo en el sentido de que no combate el «terrorismo» con suficiente determinación para defender las medidas tomadas para combatirlo y citar la ley recién aprobada que refuerza la capacidad de los servicios secretos para intervenir conversaciones e información en Internet.

El principal sospechoso, detenido cuando manipulaba unas bombonas, es Yashim Salhi, empleado de una empresa de paquetería que decapitó a su jefe antes de tratar de volar una planta química de Saint-Quentin-Fallavier. Según medios franceses, Salhi se hizo una foto con la cabeza de la víctima que envió a un número estadounidense posiblemente con base en Siria.GARA