La Policía española se incautó ayer de un millón de euros en metálico en los registros efectuados en diversos prostíbulos del Estado, también en Euskal Herria, dentro de la Operación Pompeya que ha permitido descubrir un fraude de 150 millones de euros a través de esta actividad. Las primeras investigaciones apuntan a que estos prostíbulos contaban con sociedades específicas para evitar el pago de impuestos por determinados servicios. Además, una empresa radicada en Donostia les facilitaba los TPV (Terminal Punto de Venta) para cobrar a los clientes con tarjeta y que en el banco no constara el nombre del club sino el de esa empresa.