La Audiencia Nacional española ha absuelto a los diez vecinos de Iruñerria (Mikel Marin, Iker Aristu, Diego Octavio, Iker Araguas, Ibai Azkona, Oihan Ataun, Mikel Beunza, Iñaki Marin, Gorka Sueskun y Mikel Flamarike) que fueron juzgados en mayo acusados de pertenencia a Segi al considerar que no existen pruebas suficientes que acrediten su culpabilidad. La Fiscalía pidió inicialmente diez años de prisión, si bien posteriormente rebajó su demanda a seis. Ahora quedan exculpados.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal destaca que «no ha quedado acreditado que ninguno de los procesados formasen parte activa de la ilegalizada organización Segi, y menos aún que dirigiesen alguno de los taldes de los diferentes barrios de Pamplona».

La sentencia cuenta con un voto particular discrepante del juez Nicolás Poveda, que considera que sí existen pruebas suficientes para condenar a seis años a cinco de los acusados (Ibai Azkona, Iñaki Marin, Iker Araguas, Diego Octavio y Oihan Ataun). Los otros dos magistrados, Javier Martínez Lázaro y Fermín Echarri, en cambio, estima que de lo que les fue intervenido en los registros domiciliarios «no se desprende la existencia de indicios incriminatorios con entidad suficiente como para afirmar una pertenencia activa de cada uno de los procesados de la organización terrorista Segi».

Pegatinas, calendarios...

La Fiscalía basaba su acusación en que se habían incautado en sus domicilios pegatinas, una txapela, calendarios a favor de los presos o DVDs y CDs comprados en la Feria de Durango. A Aristu, por ejemplo, se le incautó un documento titulado “Etxebizitza Plangintza” que la Fiscalía atribuyó a Segi, pero que quedó acreditado que fue elaborado por la Gazte Asanblada de Iturrama. La ausencia de material inculpatorio fue reconocida incluso, en la vista, por algunos policías que actuaron en los registros.

Los jueces tampoco han considerado probatorias las escuchas telefónicas realizadas a los jóvenes, ni su vinculación al bar Ezpala de Iturrama, ni que acudieran a una bajera del Grupo Rinaldi en la que colectivos de este barrio iruindarra, como la Comisión de Fiestas, almacenaban diverso material.

En la vista los acusados denunciaron que durante el periodo de incomunicacion fueron sometidos a torturas, como presiones sicológicas, golpes en zonas sensibles o «la bolsa». Los testimonios de los jóvenes en la sala fueron especialmente duros y varios de ellos tuvieron dificultades para relatarlo.

Uno de ellos fue Oihan Ataun, que durante la incomunicación perdió el sentido y tuvo que ser atendido por el Samur madrileño. La denuncia que hizo Ataun en los tribunales españoles llegó hasta Estrasburgo, donde se condenó al Estado español por no haber investigado los malos tratos.