La movilización en la calle contra la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Ejecutivo español se repitió ayer en Euskal Herria, coincidiendo con la entrada en vigor de la norma, bautizada como Ley Mordaza, por las nuevas infracciones que establece con la amenaza de elevadas sanciones económicas.

En Bilbo, la Plataforma contra la Criminalización Social, que agrupa a colectivos y movimientos sociales de distintos ámbitos, se concentró a puertas de la Subdelegación del Gobierno español, en la plaza Elíptica.

Una treintena de representantes de colectivos ciudadanos, con la boca tapada y máscaras, denunciaron que tanto la nueva Ley de Seguridad Ciudadana como el nuevo Código Penal del Gobierno del PP buscan «dificultar cuando no impedir el derecho a la protesta». Destacaron que ambas reformas legales son una «nueva vuelta de tuerca en el diseño de un modelo represivo destinado a dificultar las reivindicaciones sociales», castigando por ejemplo acciones como las protestas en sucursales bancarias o los intentos de paralizar desahucios, y se refirieron a su repercusión entre personas que viven en la exclusión social, citando expresamente la criminalización del top manta o «aspectos claramente racistas, como la legalización de las devoluciones en caliente en la frontera».

Portavoces de los colectivos convocantes recordaron que en un contexto social marcado por importantes recortes en derechos fundamentales como salud, vivienda y sanidad, la Ley Mordaza pretende «que nos callemos y dejemos de protestar», incrementando el poder de la Policía, «que en muchos casos pasa a ser juez, además de parte, permitiéndole ser quien decide si las acciones que observa son castigables y cuál es el castigo».

Desde la plataforma llamaron a la ciudadanía a sumarse a su protesta y a denunciar la aplicación de la nueva legislación. Según señalaron a GARA, no es de esperar que las infracciones se multipliquen en estas primeras horas de entrada en vigor de la ley, en las que el foco mediático está pendiente de la aplicación de la misma.

En las redes sociales la protesta no fue menor y estuvo trufada de elocuentes mensajes como «no olvides actualizar la hora, volvemos a 1965». A través de ellos, muchos usuarios denunciaron la involución que supone al legislación en materia de derechos y libertades.

Las movilizaciones se sucedieron en todo el Estado, con diferentes formatos además. En madrid, por ejemplo, además de las concentraciones desarrolladas en los últimos días, ayer cuatro activistas de FEMEN se subieron desnudas a la fuente de Cibeles en señal de protesta. Asimismo, en Málaga la Policía española identificó a cinco personas cuando se encontraban protestando contra la nueva ley, tan solo diez horas después de su entrada en vigor. Una quincena de personas, entre las que se encontraban sindicalistas, activistas de movimientos sociales y miembros de la PAH, se habían traslado a la Ciudad de la Justicia para apoyar a doce personas que iban a ser juzgadas por protestar contra dicha ley en diciembre del 2014.