49.473,43 euros pueden costarle muy caros al ex secretario general del PSE alavés y todavía parlamentario autonómico, Txarli Prieto, y acabar con una condena contra Víctor García Hidalgo, que había conseguido salir absuelto del «caso Faisán». El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido una querella de la Fiscalía contra ellos por los delitos de «estafa» y «falsedad en documento mercantil».

¿Qué habrían hecho? Siendo Txarli Prieto secretario general del PSE y Víctor García Hidalgo secretario de organización, se habrían aprovechado de un dinero que el Ministerio de Interior distribuía a los partidos para obras de seguridad y cobrarlo sin realizar dichas reformas. Y para ello cursaron facturas de la empresa Escoiba, de la que Prieto era copropietario.

La Fiscalía ha detectado dos pagos, uno del año 2010, de 19.501,72 euros, para obras de seguridad en la sede del PSE de Rivabellosa, y otro de 2011, de 29.971,17 euros, para las sedes de Amurrio, Bastida, Laudio y Agurain, que considera que son fraudulentas. Entiende que esas facturas de Escoiba no están justificadas y que «no se corresponden a los trabajos efectivamente realizados».

El Ministerio de Interior destinó al PSOE 1.652.207,53 euros en 2010 y 1.614.151,13 euros en 2011 para obras de seguridad. De ellos, la Ejecutiva Federal asignó a Araba 75.387,50 y 52.703,29 euros cada año. Según declaró el secretario de organización, Víctor García Hidalgo, a final de año se emitía una factura por anticipado, que tenía como fin que no se perdiera la parte de la subvención no utilizada y que servía como «reserva de recursos» para el año siguiente.

El TSJPV admite la denuncia de la Fiscalía que cree que esto puede constituir un delito de estafa y otro de falsedad documental, y alude específicamente al «ánimo de lucro de los denunciados».

Esta causa judicial proviene de una denuncia anónima hecha llegar a la Fiscalía con abundante documentación interna del PSE alavés y se enmarca en las luchas cainitas dentro del partido en este territorio.

Idoia Mendia exige a sus cargos públicos «transparencia y limpieza en la gestión»

Poco antes de que se diera a conocer el auto del TSJPV en el que observa indicios de estafa en la actuación de líderes del PSE alavés, la secretaria general del partido, Idoia Mendia, se dirigía a sus cargos públicos para exigirles «transparencia y limpieza en la gestión pública» y que tengan siempre presente «el sufrimiento de las familias que no llegan a final de mes, de los desempleados, de los que menos tienen».

Mendia reunió ayer en Miramon a los cargos públicos elegidos tras las elecciones del pasado 24 de mayo, muchos de ellos gracias al pacto con el PNV, a los que emplazó a que mantengan las propuestas del programa del PSE, al tiempo que defendía el entendimiento con los jeltzales como «un acuerdo por responsabilidad de país, un acuerdo para aplicar de forma más eficaz las políticas socialistas». «Tenedlo claro –les dijo– no estamos en los gobiernos locales para hacer las políticas del PNV, sino para aplicar nuestras propias políticas».

Es más, aseguró que «los socialistas vascos vamos a extender nuestro modelo a todos los rincones de Euskadi. Para eso hemos llegado a acuerdos de gobierno. No ha sido fácil. No os va a ser fácil gobernar en coalición. Pero es vuestra oportunidad, nuestra oportunidad. Estamos decididos a que este país gire a la izquierda».

Aprovechó también Idoia Mendia para hacer balance de su año al frente del PSE. Dijo que ahora «somos más fuertes, hemos sido protagonistas de todos los avances que se han producido en el país, de la mejora de la situación económica, del empleo, de la protección social. Hoy los socialistas somos más necesarios que nunca y tenemos que demostrarlo en cada municipio, en cada diputación y en cada escaño del Parlamento». I.I.