De momento no es más que una amenaza, pero el Gobierno español ha trasmitido al de Lakua su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda y la ILP sobre el Fracking aprobadas por el Parlamento autonómico el pasado mes de junio. El problema añadido reside en que ambas leyes salieron adelante sin el apoyo del PNV ni del Ejecutivo autonómico y, al primer contratiempo, no se ha visto que el lehendakari, Iñigo Urkullu, haya reaccionado con la contundencia debida. Su discurso ha sido más bien el de «ya lo habíamos avisado».

Ante esto, EH Bildu y el PSE, que son dos los grupos parlamentarios que coinciden en el impulso de los dos proyectos de ley, han exigido al Gobierno de Urkullu que defienda ambas leyes como si fueran suyas.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, anunció ayer que aceptarán la creación de una comisión bilateral de negociación, lo que alarga los plazos, y que defenderán el contenido íntegro y textual de la ley, por entender que al haber sido aprobada por el Parlamento pero sin su impulso, no tienen margen para la negociación.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha avisado de la posible interposición de recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda y la del Fracking. En el caso de la primera porque considera que se habla de unas expropiaciones forzosas que son competencia exclusiva del Estado y porque entiende que la definición de «vivienda deshabitada» implica también una vulneración de funciones constitucionales. El recurso se basaría en similitudes con la Ley Andaluza también recurrida. En el caso del fracking, el Gobierno español evoca, de forma equivocada, similitudes con la ley cántabra, riojana o navarra, también recurridas, en lugar de hacerlo con la catalana, de la que copió la CAV y cuya suspensión fue levantada por el Tribunal Constitucional.

Exigencias al lehendakari

La Ley de Vivienda fue aprobada con los votos a favor de EH Bildu, PSE y UPyD, y la oposición de PNV y PP. La ILP sobre el Fracking contó con el apoyo de EH Bildu, PSE y PP (que defendió su «seguridad jurídica»), la abstención del PNV (que abogaba por una moratoria, que también tuvo su amenaza de recurso en Andalucía).

Los dos grupos que aprobaron ambas leyes se revolvieron ayer contra la decisión del Gobierno español, pero también ante la tibia reacción del lehendakari. Iñigo Urkullu afirmó ayer en Onda Vasca que su Gabinete había advertido en ambos casos de la posibilidad de estos recursos, y añadió que «hecha esta advertencia, sin embargo, las iniciativas siguieron adelante. Yo no entro ya a valorar si lo hicieron por una voluntad populista, a pesar de las advertencias que se hicieron». Según precisó el lehendakari, ahora habrá que ver «cuál es el resultado de estos recursos».

Al tener conocimiento de los avisos de recursos y la respuesta del lehendakari, EH Bildu hizo pública una primera reacción en la que señala que «defender el autogobierno significa defender las leyes del Parlamento de los ataques del Gobierno español; sería inadmisible que Lakua se alineara con Madrid en contra del Parlamento de Gasteiz».

La parlamentaria Marian Beitialarrangoitia recordó que ambas leyes «son reflejo de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y, en consecuencia, al Gobierno vasco le corresponde respetar, cumplir y hacer respetar esa voluntad».

EH Bildu entiende que «el debate no es jurídico, sino de voluntad política, y cada vez está más claro que ni Urkullu ni el PNV están por garantizar el derecho a la vivienda a toda la ciudadanía y que, en cuanto al fracking, su verdadera apuesta es utilizarlo».

Desde el PSE, su portavoz parlamentario, José Antonio Pastor, reclamó al Gobierno español a que renuncie «al cuestionamiento sistemático del autogobierno», al tiempo que reclama al Gabinete de Urkullu a que «defienda con convicción» las competencias vascas que afectan a estas leyes.

El PP y la Ley del Fracking

Llama la atención que el Gobierno de Rajoy amenace con recurrir una ley que contó con el voto a favor del PP, fundamentado en su «seguridad jurídica».

Fuentes oficiales del PP en el Parlamento autonómico señalaron ayer a GARA que entienden que el recurso supone un «debate jurídico» y no competencial. Y que esperan que si llega al Tribunal Constitucional, su sentencia sirva para clarificar y «arrojar luz» sobre estos temas que «estan abiertos a discusión» desde el punto de vista legal.

 

El TC ya levantó la suspensión a la ley catalana que copió la CAV

El aviso de recurso del Gobierno español contra la Ley de Fracking reconoce que «no establece de forma expresa una prohibición absoluta de exploración, investigación del hidrocarburo mediante la técnica del fracking», pero sí cree que su desarrollo requiere el estudio de si al final acaba estableciendo «una previsión absoluta». Según informaciones de agencia, el Ejecutivo de Mariano Rajoy hace referencia a otras leyes autonómicas ya suspendidas como la de La Rioja y Cantabria, por este mismo motivo.

Sin embargo, ni Madrid ni Lakua pueden ignorar que la Ley del Parlamento de Gasteiz no bebe de las fuentes de las leyes recurridas, sino de la normativa catalana a la que el Tribunal Constitucional ya levantó la suspensión en auto hecho público el pasado 27 de marzo en el BOE, y en la que se recoge textualmente que «en la explotación de recursos naturales en suelo no urbanizable, en el caso de aprovechamiento de hidrocarburos, no esta permitida la utilización de la tecnología de la fracturación hidráulica cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona, o en relación con otros ámbitos competenciales de la Generalitat». Este párrafo está copiado casi literalmente en la Ley de la CAV..I.I.

 

Las dos normas siguen en vigor y lo harán todavía durante meses

Tanto la Ley de Vivienda como la ILP contra el Fracking siguen, por ahora, en vigor y son plenamente eficaces sin ninguna limitación. El Gobierno español ha anunciado su intención de recurrirlas, pero todavía no lo ha hecho.

Hoy por hoy, son dos las variables que están en juego, que el Ejecutivo de Rajoy acabe presentando dichos recursos y que, además, solicite que se suspendan los artículos recurridos.

El portavoz del Gobierno autonómico y consejero de Administraciones Públicas, Josu Erkoreka, explicó ayer que en la causa pueden personarse los servicios jurídicos del Parlamento, por ser una ley allí aprobada, los del Ejecutivo de Lakua, o incluso los dos al mismo tiempo, como se ha hecho en casos trascendentales.

Erkoreka añadió que la práctica de su Gobierno es la de buscar siempre la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación para tratar de llegar a un acuerdo. Con esto, se podría lograr que la interposición de los recursos se aplazara hasta finales de marzo de 2016.

Sin embargo, Erkoreka dijo tener poco margen para la negociación, al no ser una ley que salió del Gobierno, por lo que todo dependerá de lo que a la postre decida Madrid. El tiempo político y judicial pasará ahora por un periodo vacacional al que seguirá de inmediato otro electoral y el PP de Araba apostó contra el fracking.I.I.