Imanol CARRILLO
DONOSTIA

Xey deberá indemnizar a la familia de un mecánico fallecido a causa del amianto

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por Xey Corporación Industrial contra la sentencia del TSJPV. Desde Asviamie denuncian el «chantaje» de la dirección de cerrar la empresa al dictar el TS ejecutar la sentencia compensatoria.

La sentencia del Tribunal Supremo, contra la que no cabe recurso alguno, condena a Xey Corporación Industrial, fabricante de muebles de cocina con sede en Zumaia, al pago de una indemnización por un importe de 204.341,14 euros en concepto de daños y perjuicios por el fallecimiento del trabajador F.L.F. el 9 de noviembre de 2011, con 67 años, por un «adenocarcinoma pulmonar, con engrosamiento pleural bilateral por exposición laboral al amianto».

La asociación vasca de víctimas del amianto, Asviamie, consideró que esta sentencia del TS «viene a confirmar la inviabilidad de la gran mayoría de estos recursos judiciales, que solo sirven para aumentar el sufrimiento de las familias por el tortuoso camino judicial, o incluso para la ruptura de acuerdos de compensación con cantidades inferiores a las señaladas en la sentencia, como ocurrió, al aceptar la familia del fallecido una menor indemnización ante la delicada situación financiera de la empresa».

Además, según denuncia a este periódico Jesús Uzkudun, miembro de Asviamie, la dirección de la empresa «ha chantajeado con el cierre y la pérdida de numerosos puestos de trabajo» y con «entrar en concurso de acreedores» al aludir que no puede hacer frente a los pagos.

No obstante, Uzkudun afirma que el lunes hubo un principio de acuerdo por el que la empresa abonaría 100.000 euros antes del 7 de agosto y haría pagos aplazados de 10.000 euros mensuales a partir de octubre, por lo que confía en que no se llegue a cerrar la empresa.

Asviamie reclama un compromiso «urgente» de Madrid y Lakua y de la patronal Confebask para la creación de un fondo de compensación a las víctimas del amianto, que «ayude a la reparación del daño causado por la desidia de las autoridades laborales y las empresas, ante los riesgos de fibra asesina».