Alberto PRADILLA

EL PP AMENAZA CON EL RODILLO PARA IMPONER EL CEMENTERIO NUCLEAR DE CUENCA

El PP ha convertido el cementerio nuclear proyectado en Villar de Cañas (Cuenca) en su último caballo de batalla. La Junta de Castilla-La Mancha amplió los terrenos protegidos para paralizar las obras. La tensión apunta a que el caso terminará en los tribunales.

Ni los grupos ecologistas, ni el Colegio de Geólogos, ni el Gobierno de Castilla-La Mancha ni uno de los cinco consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que dio el visto bueno al cementerio nuclear de Villar de Cañas (Cuenca) creen que el lugar elegido para una instalación tan delicada sea el adecuado. Sin embargo, el PP se ha empeñado en sacar adelante el proyecto y ha convertido la defensa del centro de tratamiento de residuos radioactivos en su último caballo de batalla. A su favor tiene el visto bueno de la institución reguladora obtenido el lunes y su voluntad como Ejecutivo central de pasar por encima de administraciones locales. También el apoyo del alcalde del propio municipio afectado, José María Sáinz, que acaba de encadenar su sexta legislatura consecutiva y del que sus detractores dicen que más que primer edil parece un cacique de los de antaño. «No nos deja entrar en el pueblo. Ni siquiera permite que se informe a los vecinos sobre los riesgos», asegura Carlos Villeta, de la plataforma contra el cementerio nuclear.

Las obras comenzaron en 2012 a acondicionar los exteriores de un municipio ubicado en la planicie manchega y condenado a la extinción por la progresiva marcha de sus habitantes. Desde entonces, la discusión en Villar de Cañas se lleva de forma silenciosa y solo explota cuando se dan nuevos pasos hacia la construcción. El lunes llegó uno de ellos. Con cuatro votos contra uno, el CSN dio el visto bueno. Este es un informe vinculante en caso de resultar negativo, pero no es el documento definitivo. Todavía faltan otros tres avales del Ministerio de Industria y uno más del de Medio Ambiente. Sin embargo, todo avance genera su reacción. Más en un contexto de cambio político.

El martes, con el documento todavía caliente, llegó la respuesta del Gobierno autonómico, presidido por Emiliano García-Page (PSOE), que el 24M desalojó a María Dolores de Cospedal (PP) con el apoyo de Podemos. En su opinión, una infraestructura tan sensible solo puede llevarse a cabo con «consenso social». Una condición que, evidentemente, no se cumple. Aunque en el municipio las personas contrarias al silo son minoría y solo hablan «por lo bajini», en los pueblos colindantes el rechazo es mucho mayor. Algo que se explica por las presiones y, también, por los grandes beneficios que los habitantes de Villar de Cañas ya se han embolsado al vender sus terrenos a Enresa. No obstante, anualmente se celebra una marcha contra el cementerio nuclear y más de 50 entidades firmaron recientemente una solicitud para frenar las obras. Aportaron también la receta: ampliar la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna del Hito de modo que esta llegue al terreno que acogería el silo. Una medida que la Junta ya ha tramitado por lo que, en principio, el proyecto debería paralizarse.

A la espera del Consejo de Ministros

Ahora quien moverá ficha es el Gobierno español. No se puede olvidar que, hace una semana, el Colegio de Geólogos emitía un informe en el que descartaba por completo el lugar elegido y consideraba que la única motivación había sido «política y no técnica». Hablaba de yesos, arcillas y aguas subterráneas que podrían resultar fatales a la hora de provocar un escape de material radioactivo. Aunque ya se sabe que, ante estudios demoledores como este, la respuesta de las administraciones favorables a los macroproyectos suele ser deslegitimar a los «agoreros» y acusarles de «alarmistas». Eso es lo que ha hecho el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que prepara su próxima jugada para mañana, cuando se celebrará el Consejo de Ministros. No se ha hecho público todavía, pero todo apunta a que recurrirán al rodillo para saltarse la normativa de la Junta. El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, ya advirtió ayer de que el Estado también podría declarar el terreno «de interés general» y obligar a seguir con las obras.

Si la pugna termina convertida en un juego de guerra de cartas es muy probable que el asunto llegue a los tribunales. Desde la plataforma opositora, Carlos Villeta ya anuncia que están dispuestos a plantarse ante el Tribunal Constitucional y esgrime que sus últimos fallos han remarcado que la competencia sobre medio ambiente es autonómica. Mientras el conflicto está en los despachos, los activistas siguen concienciando e intentan llevar a los municipios el debate sobre el riesgo de la energía nuclear.

Campaña para informar a 217 ayuntamientos afectados

Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Cuenca han lanzado una nueva campaña para alertar de los peligros a los 217 ayuntamientos que se verían afectados por el transporte de material radioactivo. Según indicaron ayer en una rueda de prensa, ninguno de estos municipios ha sido informado sobre el peligro de encontrarse en el tránsito de los residuos. Por ello, se han dirigido personalmente para advertir de que, en caso de que el proyecto salga adelante, circularán unos 40 transportes nucleares al año por su territorio. Además, exigen que se revise el plan de seguridad nuclear, que creen obsoleto.A.P.