Horas antes de que el president de la Generalitat firmara el decreto de convocatoria de las elecciones del 27 de setiembre, la vicepresidenta del Gobierno español se pronunciaba al respecto en el habitual tono amenazador del Ejecutivo de Madrid. Sáenz de Santamaría aseguró que su Gobierno «vigilará» el proceso electoral hasta el día de las elecciones y al mismo tiempo exigía a Artur Mas «neutralidad» como garantía de respeto a la opinión de todos los ciudadanos. Al parecer, la vicepresidenta española entiende por neutralidad y respeto la actitud cerril y amenazadora de su Gobierno, que gran parte de la ciudadanía catalana no puede percibir sino como coacción a su libertad de opción. O quizá tuviera en mente las declaraciones del ex vicepresidente del TC que comparó las elecciones plebiscitarias con un golpe de estado.

El día 11 de setiembre, coincidiendo con la Diada, comenzará la campaña de unas elecciones que formalmente serán una cita más para votar la representación en el Parlament de Catalunya, debido a la amenaza de impedimentos legales, pero que todos, desde los partidos catalanes hasta el Gobierno de Madrid, tienen claro que se trata de un plebiscito por la independencia. Y todos asumen de uno u otro modo la victoria de los partidarios de la independencia. En ese sentido, resultan significativas las recientes declaraciones del líder del PSC, Miquel Iceta, refiriéndose al número de escaños que la lista unitaria Junts Pel Sí debería lograr para poder ser considerado una victoria.

Frente a la ley que el Gobierno de Rajoy esgrime como único argumento, frente a una ley que coarta las aspiraciones de la mayoría de sus ciudadanos, Catalunya afronta un reto trascendental para el futuro de su país, como es decidir su relación con el Estado español y materializar esa decisión, tras haberlo intentado por vías de negociación y no haber recibido otra cosa que negación y desprecio por parte de aquel. Para ello cuenta con una irrebatible legitimidad, emanada directa y claramente de su ciudadanía.