El presidente egipcio, Abdelfatah al-Sissi, ratificó ayer la ley «antiterrorista» aprobada por el Gobierno en julio, que endurece las penas, protege a las fuerzas de seguridad y restringe la libertad de prensa.

La norma establece la pena de muerte o cadena perpetua para sus fundadores, organizadores o dirigentes y condenas no inferiores a diez años para todo aquel que recibió formación militar. También contempla la cadena perpetua para quien obligue a otro a unirse a un grupo «terrorista» o le impida abandonarlo. La norma abarca también su financiación, que conlleva desde cadena perpetua a pena capital.

Además de endurecer las penas, la ley protege a las fuerzas de seguridad, al impedir que sean llevados ante la Justicia los encargados de aplicarla.

La controversia se centró sobre todo en un artículo, luego modificado, que preveía penas de hasta dos años de cárcel por publicar de «forma intencionada» noticias que no sean «verídicas» sobre «cualquier operación terrorista» y que «contradigan de alguna forma las informaciones oficiales». Tras las críticas, el Gobierno suplió la pena de prisión por multas severas.

Diecisiete organizaciones egipcias defensoras de los derechos humanos denunciaron a mediados de julio que el proyecto representaba un «asalto flagrante» a la Constitución y un «ulterior desgaste de lo que queda del sistema de Justicia».

Partidos políticos, ONG y personalidades exigieron su aprobación una vez elegido el Parlamento y advirtieron de que este problema debe ser afrontado «ideológicamente y con un sistema legal que proteja las libertades y evite que más personas se unan a esos grupos».