Esta destrucción de inmuebles palestinos se enmarca en un plan anunciado por el Gobierno israelí para «reubicar» forzosamente a 7.000 beduinos. «Esta destrucción de propiedad privada palestina y el traslado forzoso de palestinos violan las obligaciones de Israel sobre Derechos Humanos y las leyes de ocupación», destaca la organización Human Rights Watch.

El grupo con sede en EEUU recuerda que la Cuarta Convención de Ginebra prohíbe a una potencia ocupante destruir propiedad privada y desplazar forzosamente a la población del territorio ocupado a no ser que sea estrictamente necesario por motivos militares, algo que ni siquiera alega Israel.

«Esta escalada de las demoliciones ilegales israelíes llega en un momento en el que la situación de Palestina está siendo investigada por el Tribunal Penal Internacional (TPI)», ha recordado el asesor jurídico de HRW Balkees Jarrah. «La fiscal del TPI debería estudiar cuidadosamente estas demoliciones en su examen preliminar sobre delitos graves cometidos en o desde Palestina», ha apuntado. El traslado forzoso directo o indirecto de población en territorio ocupado está considerado como crimen de guerra, al igual que la instalación de población exógena.

En concreto, HRW documenta la demolición el 17 de agosto de casas en cuatro comunidades beduinas en la zona denominada E1 con lo que 78 personas quedaron sin hogar. «Es el mayor número de palestinos desplazados en un solo día en los tres últimos años según datos de la ONU», argumenta HRW.

La zona E1 es estratégica. Situada entre Jerusalén Este y la colonia judía de Maale Adumim, su apropiación por Israel de hecho dividiría en dos Cisjordania con una cadena de asentamientos, todos ellos considerados ilegales desde el punto de vista del Derecho Internacional.