GARA
GASTEIZ

Empleados de Cegasa piden al juez que no autorice el ERE de 275 despidos

Varias decenas de trabajadores del Grupo Cegasa se concentraron ayer frente al Juzgado Mercantil de Gasteiz para solicitar al juez que no autorice el ERE de extinción de contratos que supondrá el despido de 275 empleados, 210 de la planta de la capital alavesa.

La administración concursal que gestiona el grupo de empresas Cegasa presentó el pasado mes de marzo un expediente de regulación de empleo (ERE) para ejecutar el despido de los 275 operarios que aún continúan vinculados a la compañía, después de que el fondo de inversión de capital riesgo Sherpa comprara, a principios de este año, las tres unidades de negocio de Cegasa ubicadas en la planta de Oñati y las líneas de litio y comercial de Gasteiz.

El grupo Cegasa, dedicado a la fabricación de pilas y pequeños electrodomésticos, entró en concurso de acreedores el año pasado. Fundado en 1934, contaba con plantas en Gasteiz, Oñati y China, con una plantilla formada por 900 personas, de las que 500 estaban en la CAV.

Ante el «inminente» pronunciamiento del Juzgado de lo Mercantil de Gasteiz sobre la petición del ERE de extinción de Cegasa, CCOO de Euskadi convocó ayer una concentración frente al Juzgado gasteiztarra en el que trabajadores de la empresa, acompañados por familiares, solicitaron al juez que no autorice dicho ERE de extinción. Sindicatos como LAB temen asimismo por el futuro de los 150 puestos que se mantienen en Oñati y Gasteiz.

CCOO entiende que no se ha acreditado la causa económica que invoca la administración concursal, ya que ha hecho una «selección inapropiada e interesada» de las empresas que conforman el grupo para presentar las cuentas. El delegado de CCOO Luis María Iñurrategi denunció la «tibieza y la falta de valentía» del Gobierno de Lakua al «avalar la tesis de la empresa y la administración concursal» y al hacer «caso omiso a las tesis defendidas por la Inspección de Trabajo», que argumentó que no podía pronunciarse sobre la medida de extinción al no disponer de la totalidad de datos económicos que la avalen.

«Despilfarro de las ayudas»

Tachó de «nefasta» la gestión de la dirección» por sus medidas de «deslocalización» y por el «despilfarro de las cuantiosas ayudas públicas recibidas», que cifró en 20 millones de euros.

A estas denuncias añadió la de la «desaparición de propiedades intangibles y patentes que poseía la empresa» y que suponían la garantía de su futuro de «supervivencia». Por último, criticó que varios cargos directivos que tienen los salarios más altos de la empresa han cobrado parte de sus nóminas desde junio y el resto de la plantilla no.