El PP abre el curso tensando la campaña de las plebiscitarias catalanas al presentar una nueva amenaza normativa contra el independentismo. Como si a Génova le hubiese parecido poco el amagar con aplicar el artículo 155, que prevé la suspensión de la autonomía, y tramitar la «Ley de Seguridad Nacional», que regula la intervención de un Ejecutivo en caso de «emergencia», ayer registró una proposición de ley para que el Tribunal Constitucional tenga capacidad de imponer sanciones como multas o «la suspensión de autoridades o empleados públicos» si no se cumple con sus sentencias. Es decir, una tercera vía para apuntalar la estructura legislativa con la que Madrid pretende frenar el proceso soberanista catalán. A un mes de la cita con las urnas, la presencia en el Congreso español del candidato Xavier García Albiol evidenció el electoralismo de la medida. Su tramitación por vía de urgencia refuerza el carácter plebiscitario de los comicios. Con este nuevo plan el PP prepara el escenario postelectoral y trata de tener lista una maquinaria que impida «que nadie declare la independencia».

«Se acabaron las bromas», dijo con su habitual tono arrogante el cabeza de lista del PP en Catalunya, García Albiol. Es evidente que la modificación legislativa es una maniobra «ad hoc», pensada para perseguir el proceso catalán y, especialmente, a los líderes políticos responsables de una hipotética declaración unilateral de indepen- dencia. Como precedente, el PP esgrime la consulta celebrada el 9N, en la que participaron dos millones y medio de catalanes pese al veto del TC.

Al margen de la vía penal

A partir de ahora, según la propuesta del PP, el Alto Tribunal podrá solicitar un informe a cada institución que tenga que acatar sus fallos. En caso de que estos no se cumplan tendrá potestad para imponer multas de entre 3.000 y 30.000 euros e incluso suspender de sus funciones a las autoridades o empleados públicos que no se sometan. Además, el Gobierno español, «incluso en funciones», podrá ser requerido por el TC para que tome «las medidas necesarias» que aseguren que se cumple la sentencia. En los casos de «especial trascendencia constitucional» (y la independencia de Catalunya lo es), el TC tendrá la facultad de ejecutar su fallo sin ni siquiera escuchar a las partes. Lo hará por iniciativa propia o a petición del Ejecutivo. Luego deberá dar audiencia a los afectados y a la Fiscalía en el plazo de tres días, cuando tendrá que ratificar, o no, su decisión.

La vía es complementaria a las acciones penales. Llevado a la práctica esto implica que, si la norma hubiese estado vigente en 2014, al procedimiento judicial que ya se sigue contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau como responsables del 9N se le habría sumado este nuevo mecanismo que permite, incluso, su relevo del Govern.

El calendario incrementa las prisas del PP para tener operativa esta nueva espada de Damocles contra el independentismo. La legislatura está apurando sus últimas sesiones por lo que Génova ha tenido que recurrir a la tramitación de urgencia. El texto, que irá en lectura única, no pasará por ponencia ni por comisión. El objetivo es tenerla lista antes de que las Cortes se disuelvan para la convocatoria de elecciones al Congreso de los Diputados. Esto acorta los trámites. Su toma en consideración será en el pleno de Presupuestos, su aprobación en la Cámara Baja, el 29 de setiembre, dos días después de las plebiscitarias, y está previsto que todo el trámite se haya cumplido antes de que se cierre el hemiciclo. Así, Rajoy tendrá esta nueva herramienta legislativa preparada en caso de que Junts Pel Si logre la mayoría necesaria e inicie la desconexión del Estado.

Génova se queda solo

Las reacciones a la maniobra sorpresa del PP (no se había hecho pública ninguna previsión en este sentido, aunque posteriormente se informó de que el PSOE había sido informado) se movieron dentro de lo esperado y dejaron en evidencia la soledad de Génova. El despliegue de altos cargos del Ejecutivo español que salieron a defender el plan «ad hoc» contra el soberanismo catalán solo encontró rechazo en quienes son sus compañeros de viaje en la defensa del unionismo.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o el ministro de Justicia, Rafael Catalá, fueron los primeros en reivindicar la propuesta y descartar motivos coyunturales. Apuntaban especialmente a PSOE y Unió como posibles aliados. Pero erraron. Hasta Ciudadanos negó legitimidad al PP para iniciar esta reforma. Claro que uno de los objetivos del acelerón que está protagonizando Génova es recuperar terreno frente a la formación de Albert Rivera, que ha crecido en las encuestas al mismo tiempo que el PP se hundía en la irrelevancia. En ese camino su apuesta es la tensión.

 

Unanimidad en el rechazo en Catalunya y Euskal Herria

«Catalunya no es ninguna broma; lo que estamos haciendo no es ninguna broma, sino una voluntad de democracia». La portavoz del Govern, Neus Munté, respondió así a las palabras del candidato del PP a la Generalitat, Xavier Garcia Albiol, que afirmó que se habían «acabado las bromas» cuando acudió junto a su correligionario, Rafael Hernando, a presentar la proposición de ley en el Congreso español. Ni siquiera es diputado, pero con la imagen se convertía en el ariete de Madrid en el Principat. Una maniobra que sirvió para que la portavoz del Ejecutivo catalán le criticase por «electoralista» e «inconstitucional». Ante la soledad del PP, las manifestaciones de rechazo a la propuesta llegaron tanto desde Catalunya como desde Euskal Herria y el Estado. Eso sí, cada uno con sus matices, especialmente estos últimos.

Josep Lluis Cleries, portavoz de CDC en el Senado español, calificó la iniciativa de «ataque a la democracia en toda regla», pero dejó claro que su formación no va a abandonar el proceso soberanista. «Si nos quieren a todos delante de los tribunales iremos, pero defenderemos nuestra patria, que es Catalunya», afirmó. David Fernández (CUP) remarcó a través de twitter que una medida «inquisitorial» como esta demuestra que «el Estado asume plenamente el carácter plebiscitario» del 27S. Aunque el rechazo no llegó únicamente desde el soberanismo. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, calificó la propuesta de «sectaria, oportunista y electoralista».

Desde Euskal Herria, todas las formaciones abertzales censuraron al PP, que se ganó incluso las críticas del Gobierno de Lakua. El senador de Amaiur, Alberto Unamunzaga, denunció la apuesta por la «imposición y la negación de derechos», manifestando el apoyo de la coalición a lo que los catalanes decidan el próximo 27 de setiembre. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, calificó la ocurrencia de «chapuza» y «disparate», recordando que es el propio Gobierno de Madrid el que más incumplimientos de sentencias del TC tiene a sus espaldas. Bixente Serrano Izko, diputado de Geroa Bai, consideró que «el PP comete un error de bulto al optar por la vía judicial y por reformar leyes y tribunales ad hoc».

Desde Madrid, tanto Pedro Sánchez (PSOE) como Pablo Iglesias (Podemos) cuestionaron a Rajoy por el uso de las instituciones para su propio interés y la insistencia en desarrollar iniciativas que no ayudan a la «fraternidad».A.P.

 

Rajoy logra la bendición de Merkel contra el soberanismo

El presidente español, Mariano Rajoy, buscó el aval de la canciller alemana, Angela Merkel, en su discurso inmovilista frente al independentismo catalán. En la comparecencia celebrada conjuntamente en Berlín, Merkel ejerció de líder absoluta europea y se sumó, como esperaba el jefe del Ejecutivo español, al discurso de que los tratados de la unión garantizan «la soberanía y la integridad de cada Estado». El encuentro estaba marcado por el debate sobre la cuota de refugiados que acogerá cada estado, lo que ayudó a que se difundiese la idea de que Merkel había aceptado dar el beneplácito a Rajoy a cambio de que este flexibilizase la posición de Madrid sobre los exiliados. «Nuestras posiciones son muy parecidas», dijo la canciller. Unas palabras aplaudidas por el inquilino de Moncloa, que reiteró que, mientras él esté al mando, no habrá independencia. Con el gesto quedaba claro también que la reivindicación soberanista ha dejado de ser un «asunto interno» del EstadoA.P.