GARA
UAGADUGÚ

El Ejército de Burkina Faso se dirige a la capital para desarmar a los golpistas

Todas las unidades del Ejército de Burkina Faso estaban ayer convergiendo en Uagadugú para tratar de desarmar a la guardia presidencial, la facción militar que el pasado miércoles dio un golpe de Estado y declaró disuelto el Gobierno de transición.

Los jefes de las Fuerzas Armadas piden a los golpistas que dejen las armas y se entreguen «inmediatamente». Si acceden, tanto ellos como sus familias «estarán a salvo», según la nota de los militares, que asegura que las tropas desplegadas en diferentes provincias ya han comenzado a marchar hacia la capital.

En la madrugada de ayer, los jefes de Estado africanos que median en la crisis anunciaron un principio de acuerdo para restaurar al presidente Michel Kafando y amnistiar a los golpistas. El principio de acuerdo incluía retrasar las legislativas y presidenciales desde el 11 de octubre al 22 de noviembre, como muy tarde, y eliminar el veto a la candidatura de simpatizantes del derrocado presidente Campaoré, seguido por los golpistas.

La guardia nacional, con el general Gilbert Diendéré a la cabeza del Consejo Nacional para la Democracia, detuvo el pasado miércoles a Kafando. Le mantuvo bajo «arresto domiciliario» durante dos días, obligándole a renunciar y a disolver su Gobierno. También fueron detenidos el primer ministro de la transición, Isaac Zida, y varios ministros.

Los golpistas parecían estar entre la espada y la pared. El principio de acuerdo alcanzado por los mediadores africanos como esquema para la salida de la crisis se presentará hoy a la cumbre extraordinaria de la CEDEAO que se celebrará en Abuja.

Pero sus trece puntos son rechazados por los movimientos sociales que en su día lograron acabar con la dictadura de Blaise Compaoré. La ira y la frustración eran palpables ayer en la capital. Se veían barricadas levantadas por detractores de un acuerdo «vergonzoso» y se escuchaban eslóganes contra la CEDEAO, contra Diendéré y contra el golpista Regimiento Presidencial de Seguridad (RSP).

Manifestantes rechazaban que el futuro del RSP vaya a decidirse después de las elecciones, y que a los comicios se puedan presentar los seguidores del dictador apeado del poder por una revuelta hace un año. «Queremos ser dueños de nuestro propio destino. No podemos aceptar amnistiar a los golpistas cuando los cuerpos de los manifestantes muertos aún no han sido enterrados», decía a AFP el joven oficinista Adama Traoré.

Cuando el balance de víctimas mortales de la intentona golpista se elevaba a diez personas, en la capital no había ni Internet ni teléfonos móviles, y los golpistas se dedicaban a quemar las motos de los manifestantes, tratando de dificultar su movilidad y, con ello, su eficacia.