La negativa del Estado español a aplicar la directiva marco europea sobre el descuento a personas presas de las penas cumplidas en otros estados le puede acabar enfrentando directamente con la Comisión Europea. Tras dos emplazamientos anteriores en los que le instaba a aclarar su posición en términos muy diplomáticos, ahora por vez primera la máxima responsable de Justicia de la Comisión Europea, la checa Vera Jourová, advierte públicamente a Madrid con expedientes sancionadores si mantiene esta actitud.

Las instituciones europeas implantaron este criterio de acumulación de cumplimiento de condenas en 2008, pero el Estado español tardó seis años en trasladarlo a su legislación interna, y cuando lo hizo, además, lo vació de contenido a través de una enmienda ad hoc colada por el PP a última hora en el Senado. La repercusión principal recae en los presos y presas vascas: decenas quedarían libres, unos pocos ahora y el resto en meses y años sucesivos, si se les descontaran penas cumplidas ya en el Estado francés.

A finales de 2014 y principios de 2015 en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional hubo un amplio debate jurídico sobre la cuestión, e incluso se produjeron algunas excarcelaciones como las de Santi Arrozpide y Alberto Plazaola. Las decisiones luego fueron revocadas, bien corrigiendo el dictamen anterior o bien por el atajo de introducir nuevas imputaciones.

Finalmente, en los tribunales españoles, con un claro impulso del Gobierno del PP vía Fiscalía, se impuso un cierre de filas para incumplir el criterio europeo. Y paralelamente se descartó la opción, planteada por algunos jueces, de elevar una consulta (o cuestión prejudicial) al Tribunal de Luxemburgo. Esta instancia probablemente hubiera solucionado la cuestión de modo rápido y en favor de los presos.

Estrasburgo, muy lejos

El veto a esta consulta prejudicial aboca a los presos a recorrer el larguísimo camino hasta el Tribunal de Estrasburgo para hacer valer sus derechos, con lo que puede acabar dándoseles la razón cuando ya hayan cumplido incluso la prórroga impuesta, como ya ocurrió en algunos casos con la «doctrina Parot». De ahí la importancia que tendría una actuación directa de las instituciones europeas para corregir la desobediencia española a la decisión marco.

Vera Jourová ha sido interpelada al respecto en los últimos meses por Izaskun Bilbao (PNV) y Josu Juaristi (EH Bildu). En la tercera respuesta a la eurodiputada jeltzale es cuando por vez primera se expone la posibilidad de sanciones. La eurodiputada jeltzale lo reveló ayer en una rueda de prensa en la que indicó que no cabe concretar por ahora qué tipo de castigos utilizaría la Comisión Europea, pero que la decisión en sí demuestra la gravedad del tema.

Aunque la legislatura estatal toca a su fin y ya no habrá plenos de control al Gobierno, el PNV se plantea hacer algún tipo de pregunta escrita para conocer si el Gobierno de Rajoy se plantea alguna modificación después del claro mensaje de Bruselas.

La comisaria europea apuntó además en su respuesta que el Estado español no ha remitido la información completa sobre el tema que le fue requerida desde Bruselas, y para lo que tenía como fecha tope el 15 de mayo. Recuerda igualmente que la Comisión siempre se ha mostrado dispuesta a colaborar con los estados que tuvieran dudas sobre cómo aplicar la decisión marco (Madrid ha evitado consultarle por si acaso). Y en otro pasaje Jourová insiste en que el cumplimiento de estos criterios comunes europeos constituye «una prioridad» para Bruselas.

Izaskun Bilbao añadió por su parte que su interés por este tema «es una nueva aportación del PNV al proceso de paz y normalización». Consideró que «frente a los enemigos de la democracia [en alusión a las personas presas] hay que trabajar con más democracia».