Alberto PRADILLA

LA AN REFUERZA AL LOBBY DE VÍCTIMAS FRENTE AL CRITERIO DE OTRAS VÍCTIMAS

El miércoles declara Guillermo Zapata como imputado por «humillación a las víctimas» a causa de unos tuits. El auto de tres jueces conservadores que obligan a la citación del edil madrileño supone incrementar el poder de lobbys como Dignidad y Justicia.

Guillermo Zapata, concejal de Ahora Madrid, declarará el miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, acusado de «humillación a las víctimas» a cuenta de unos tuits escritos en 2011 y descontextualizados en el momento en el que tomó posesión del cargo. Finalmente se impone la visión de Dignidad y Justicia, el lobby dirigido por Daniel Portero (hijo del fiscal Luis Portero, muerto en atentado de ETA) y el edil tendrá que someterse, al menos, al paseíllo frente a la renovada sede del tribunal de excepción, que ahora vuelve a Génova. En un principio, el magistrado no vio ningún indicio de delito. No en vano, los mensajes hacían referencia a Irene Villa, víctima de una acción de la organización armada, y esta había dejado claro que no se sentía ofendida. La respuesta explícita no bastó ni a Dignidad y Justicia ni a la Fiscalía, que recurrieron. La sección segunda de la Sala de lo Penal estimó la apelación y ahora Zapata tendrá que declarar incluso contra el criterio de la víctima a la que supuestamente ofendió. Un «todo-por-la-víctima-pero-sin-la-víctima» que termina reforzando lobbys como el de Portero, dedicado casi exclusivamente a interponer querellas y pedir prohibiciones, además de ejercer como acusación popular en juicios políticos. No solo es el «caso Zapata», sino la entrega de la representatividad de un colectivo heterogéneo a grupos con profundas motivaciones políticas.

El auto por el que los magistrados Julio de Diego, Concepción Espejel y Enrique López revocan la decisión de Pedraz no tiene desperdicio. «El perdón de una víctima en concreto, aun la víctima aludida, más allá del ejemplo de generosidad desplegado por la misma, puede no tener relevancia», ya que, según considera, el bien jurídico objeto de protección «no solo es el honor individual de una víctima en concreto, que lo puede ser, sino la dignidad de las víctimas del terrorismo y sus familiares como colectivo». Es decir, que una persona puede no considerarse humillada pero terminar siendo representada en un juicio por un colectivo que piensa lo contrario y cuya opinión prevalece. Terreno abonado para la acción de grupos como Dignidad y Justicia y que no se aplica a casos como el de Pilar Manjón, amenazada e insultada desde la órbita del PP.

Magistrados afines a Génova

No se puede olvidar que fue el lobby que dirige Portero el que inició las acciones legales contra Zapata. Los tuits, que habían sido escritos en 2011 en el contexto de una conversación sobre los límites del humor, pasaron desapercibidos hasta el día en el que el concejal tomó posesión y Manuela Carmena se hizo con la Alcaldía de Madrid. A partir de ese día, un reguero de mensajes comenzó a construir el escándalo que terminaría dejando a Zapata fuera de la concejalía de Cultura. No fue suficiente para Portero, quien por cierto cerró la lista que el PP presentó en Durango en las municipales de mayo. El responsable de Dignidad y Justicia presentó una querella en la Audiencia Nacional y obligó a la Fiscalía a que siguiese sus pasos. Ni la carta de la propia Irene Villa señalando que no se había sentido ofendida ni las disculpas públicas de Zapata tuvieron efecto en un colectivo que pasa el día entre querellas.

No es casualidad que entre los jueces que quieren ver imputado al concejal madrileño estén Concepción Espejel y Enrique López. Ambos están recusados en la causa sobre los «papeles de (Luis) Bárcenas» por su cercanía ideológica hacia el PP y forman parte del bloque más conservador dentro de la Audiencia Nacional. Con su decisión persigue varios objetivos: por una parte, obligan al edil a la «pena de telediario», es decir, verse desfilando como imputado por «humillación a las víctimas». Por la otra, tienen un gesto con los lobbys vinculados a determinadas víctimas, antes muy cercanos al PP pero actualmente en una posición que varía entre la distancia y la abierta hostilidad.

Más allá del «caso Zapata», que previsiblemente tendrá el mismo recorrido que la querella contra el humorista Facu Díaz por una parodia en «Tuerka News», el auto de la Sección Segunda viene a reforzar el poder de determinados colectivos de víctimas. Un fenómeno que les convierte en arietes del mccarthismo y les erige en representantes de un grupo muy diverso sin siquiera señalar cuántas personas forman parte de la organización. La clave aquí está una cuestión: ¿a cuántas personas representa Dignidad y Justicia? ¿Cuántas de las personas asociadas son víctimas de ETA? ¿Su opinión política debe prevalecer sobre la de la persona directamente afectada? Hasta ahora, la apelación a la tercera persona del plural, «las víctimas», ha servido para construir un bloque monolítico en torno a asociaciones como la AVT o Dignidad y Justicia. Sin embargo, esto empieza a cambiar. Por un lado, porque la mayoría de afectados por la violencia de ETA no pertenece a ninguno de estos lobbys. Por otro, porque cada vez más se sienten incómodos con este uso político.

El auto de Espejel y sus compañeros supone marcar línea en un momento en el que la «humillación a las víctimas» se ha convertido en mecanismo para la persecución política, tanto en Euskal Herria como en otros puntos del Estado. Hay que recordar, por ejemplo, que la querella interpuesta contra Facu Díaz venía en un archivo bautizado como «demanda Podemos». Si las bases jurídicas que proponen los jueces conservadores se imponen, el lobby tendrá todavía más argumentos para ejercer presión. Un papel que no gusta a todas las víctimas y que el PP utiliza según sus intereses.