«Estamos revisando todas las inversiones previstas para evitar lo que no sea absolutamente necesario» y «lo que no sea urgente será desechado o retrasado», indicó Müller en su discurso ante más de 220.000 empleados y representantes de los trabajadores de sus plantas en todo el mundo, en la primera asamblea convocada desde que saltó el escándalo del trucaje de los motores diésel.

«Francamente», dijo Müller, el proceso de ajuste al que se enfrenta la compañía «será doloroso», aunque subrayó que Volkswagen procurará seguir ofreciendo empleos «buenos y seguros».

El presidente de la compañía apeló a la necesidad de responder con «rapidez» ante un escenario con derivadas no «previsibles» y quiso lanzar un mensaje de ánimo a la plantilla al mostrarse convencido de que serán capaces de superar la situación. «Vamos a salir de esta crisis», aseveró.

Además de la «enorme pérdida financiera, que todavía no está del todo cuantificada», Müller aseguró que «esta crisis es sobre todo de confianza», uno de los valores clave para la «identidad» de la marca, que se funda en la «solidez, fiabilidad y credibilidad», aseguró.

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Volkswagen, Bernd Osterloh, informó a los empleados de la compañía de que el escándalo no tiene «por el momento» consecuencias para los puestos de trabajo del grupo.

«Por el momento, ésa es la buena noticia, todavía no hay consecuencias para los puestos de trabajo», manifestó Osterloh, quien señaló que el objetivo es «hacer todo lo posible» para garantizar los 600.000 empleos del grupo en todo el mundo.

No obstante, las palabras de Müller fueron acogidas con gran preocupación por los sindicatos de la planta de Landaben, entre ellos LAB, que exigió una reunión urgente de las centrales sindicales con la dirección navarra para conocer el alcance de los recortes.

LAB calificó asimismo de «totalmente inadmisible» que todas las informaciones sobre el escándalo «no nos las traslade la dirección de este centro y seamos conocedores a través de la prensa», así como que «el coste de una manipulación fraudulenta achacable únicamente a la dirección de Volkswagen, y en la que nada tenemos que ver los trabajadores, acabe recayendo sobre nosotros y seamos los paganos de la situación».

Por ello, el sindicato reclamó «la realización de la totalidad de las inversiones comprometidas» para la fabricación del nuevo Polo, que ascienden a 900 millones en la planta navarra.

El presidente del comité de empresa de Seat, Matías Carnero, expresó también su «intranquilidad» por el anuncio. «Ahora se plantean muchas dudas y aquí hay intranquilidad por el empleo entre los trabajadores», reconoció.

Sin embargo, el presidente del comité de Landaben, Alfredo Morales, de UGT, presente en la reunión de Wolsfburg, aseguró que la planta navarra mantendrá las inversiones y el empleo pese al anuncio de Müller.

Coches afectados

En su intervención ante los trabajadores, Matthias Müller aludió al plan de acción desplegado por la compañía para atender a los clientes afectados, y señaló que está informando ya a los clientes y que en breve presentará las soluciones previstas ante las autoridades supervisoras.

Según indicó, en algunos casos, la retirada del software será suficiente, mientras que en otros será necesario acometer un «trabajo adicional» sobre el «hardware» de los coches afectados.

Según fuentes conocedoras del asunto citadas por la agencia Bloomberg, esta última posibilidad incluiría la instalación de convertidores catalíticos más grandes para almacenar y neutralizar las emisiones nocivas.

Según las mismas fuentes, otra posibilidad consistiría en la entrega de un coche nuevo a cada dueño de uno con motor fraudulento.

Las estimaciones de coste de estas alternativas van desde tan solo veinte euros hasta los 10.000 euros por cada automóvil afectado.