R.S.
IRUÑEA

Campaña por la convivencia frente a 31 años de petición por el Riau-riau

Una campaña por un futuro de convivencia en Iruñea responderá al juicio convocado el 29 de octubre, con una petición fiscal «desproporcionada» de 31 años y medio de cárcel para cinco personas por el Riau-riau de 2012, promovido en solitario por UPN y que derivó en incidentes. El Gobierno Barkos ya ha corregido la posición del de Barcina.

En 2012 el entonces alcalde de Iruñea por UPN, Enrique Maya, decidió por su cuenta y riesgo recuperar la celebración del Riau-riau en la tarde del 6 de julio. Hasta sindicatos de la Policía Municipal alertaron de que el clima político y social no era propicio para ello. El acto duró pocos minutos; los rifirrafes físicos y verbales entre participantes derivaron en su suspensión. Aunque solo se produjeron algunas contusiones, la Fiscalía ha hecho pública una petición de cárcel «desproporcionada», según denunciaron ayer en rueda de prensa el colectivo Iruñea Askatasunez y varios de los acusados: 31 años y medio para cinco personas.

El juicio se anuncia para el jueves 29. Y parece que no será el único: «Esta persecución no acaba en nosotros, puesto que en los próximos meses habrá más juicios de esta índole».

Iruñea Askatasunez hace hincapié en que «sostener que el Riau-riau fue suspendido porque cinco personas lo quisieron es un burdo intento de manipular la realidad». Más allá de ello, recuerda que el cambio político provoca «nuevas condiciones para construir una nueva Iruñea», basada en la convivencia y en evitar aquel tipo de enfrentamientos. «Y el intento de castigarnos no ayuda a generar el clima idóneo para ello», añaden los afectados.

Estos principios serán desarrollados en una campaña, que incluye una ronda de contactos con agentes sociales, sindicales y políticos como el actual Ayuntamiento de Iruñea, un manifiesto que se puede suscribir en la web de Iruñea Askatasunez y una concentración en la Plaza Consistorial el sábado 24.

El nuevo Gobierno de cambio ya ha dado muestras de su voluntad de reencauzar aquel asunto desistiendo de seguir con la acusación contra un profesor de la Administración navarra, señalado por los hechos, que fue emprendida por sus antecesores del Ejecutivo de UPN.

«Nuestra voluntad es clara: queremos construir un futuro basado en el respeto a todos los derechos y crear los puentes necesarios para una convivencia digna, con el que haga falta y donde haga falta», insistieron los comparecientes.

«Años irrespirables»

El Riau-riau ha sido estas décadas símbolo de la crispación política y social en Iruñea. El acto tenía un sentido original de crítica ciudadana a la representación municipal, a la que se impide avanzar cantando el Vals de Astrain, pero fue degenerando por el deterioro del clima de convivencia hasta derivar en una enorme bronca en 1991. En víspera de los Sanfermines, el entonces alcalde de UPN, Alfredo Jaime, había hecho derribar las «barracas políticas» (txoznas) con una excavadora, y en el Riau-riau la Corporación ni siquiera pudo salir de la casa consistorial, cuya fachada fue asaltada. Hubo un largo proceso que concluyó con absoluciones por falta de pruebas en 1996.

Precisamente este año el entonces primer edil, Javier Chourraut (CDN), hizo otro intento de recuperarlo que también acabó mal. Dada la falta de consenso, la celebración quedó cancelada hasta que en 2012, sorpresivamente y sin buscar acuerdos, Maya lo volvió a convocar.

Para Iruñea Askatasunez, «estas peticiones fiscales responden a la estrategia y modelo de UPN en los últimos años. Ha generado un clima de crispación y ha traído consigo la no racionalización de las relaciones entre vecinos y vecinas. Los últimos años han sido irrespirables», constatan antes de insistir en impulsar «otro tiempo».