La fiscalía alemana ordenó ayer registros en varias sedes de Volkswagen, entre ellas la central en Wolfsburg, y en domicilios de trabajadores del grupo para recabar información que permita identificar a las personas implicadas en el trucaje de los motores diésel.

La fiscalía de Braunschweig, cercana a Wolfsburg (norte del país), explicó que dio ese paso para incautarse de documentación y soportes informáticos «que puedan contener información sobre el exacto proceder y la identidad de los empleados de la compañía implicados» en los presuntos hechos delictivos que investiga.

Los registros se realizaron sin previo aviso con participación de tres oficinas fiscales y de cincuenta agentes de las fuerzas de seguridad del estado federado de Baja Sajonia, en el que se ubica la central del grupo automovilístico.

La investigación en Alemania corre en paralelo a las abiertas en otros países europeos después de que las autoridades medioambientales estadounidenses destaparan el escándalo.

Por el momento sigue siendo una incógnita quién tomó la decisión de instalar el software que permitía manipular a la baja las emisiones de los vehículos que se sometían a los controles medioambientales.

El presidente de Volkswagen en Estados Unidos, Michael Horn, reconoció que el objetivo del software ilegal era ocultar a la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA) que los automóviles no cumplían las normas de emisiones de óxidos de nitrógeno del país.

A la pregunta del presidente del comité, el republicano de Pensilvania Tim Murphy, de si VW instaló software «con el propósito expreso» de ocultar sus emisiones, Horn respondió que «sí, fue instalado con ese propósito».

Pero el ejecutivo alemán añadió que no tuvo conocimiento hasta el 1 de setiembre de este año, dos días antes de que el Grupo Volkswagen admitiese ante la EPA que los vehículos estaban manipulados y 17 días antes de que fuese público que los automóviles estaban trucados.