La plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak denunció ayer que la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo (PNV), ha firmado el decreto para desalojar a tres familias, con cinco menores, de dos pisos municipales en la calle Murrieta, que fueron ocupados tras permanecer «casi dos años» vacíos.

En rueda de prensa en la que estuvieron presentes las familias afectadas, Berri-Otxoak explicó que las personas cuya expulsión se ha ordenado entraron el 21 de setiembre en estos pisos que eran, hasta marzo de 2014, un hogar de la Diputación para acogida de menores.

Tras conocer el Consistorio la ocupación de las viviendas, la Alcaldía convocó una junta de portavoces en el Ayuntamiento para decidir el desalojo y la decisión se notificó a las familias.

Berri-Otxoak denunció que este proceso se ha realizado «sin intentar dar una adecuada solución al problema de fondo planteado» y no se ha buscado solución a la falta de vivienda y empleo ni «recursos básicos que les permitan llegar a fin de mes», pese a «las peticiones reiteradas a los servicios sociales desde hace tres semanas».

Las familias lamentaron que el Gobierno local no se haya preocupado por «buscar una solución habitacional, acceso a empleos públicos, orientación laboral o recursos básicos».