El Estado español es culpable de ser un estado imperialista y opresor de pueblos. Esta es la sentencia que hizo pública ayer Itsaso Lekuona, integrante de Askapena, al final de la movilización de Herriak Libre que tuvo lugar en Iruñea. Y esta misma sentencia se presentará en la Audiencia Nacional española el próximo lunes 19, cuando comenzará el juicio contra los miembros de Askapena Gabi Basañez, Aritz Ganboa, Unai Vázquez, Walter Wendelin y David Soto –se enfrentan a seis años de cárcel cada uno– y en el que se pide también la ilegalización de la organización internacionalista, de la comparsa Askapeña y de Elkar Truke, colectivo dedicado al comercio justo

La sentencia hecha pública ayer es el resultado de multitud de juicios populares que se han realizado en las últimas semanas por Euskal Herria –desde Tutera a Irun y desde Nabaskoze a Barakaldo– y en otras partes del mundo como Barcelona, París, Bretaña, Málaga, Madrid, Buenos Aires, Caracas, Lisboa, Bogotá o Brescia y Val di Susa, en Italia. Y contiene el compromiso de seguir luchando a favor de los pueblos oprimidos en las calles, fábricas y centros de estudio. «Condenamos al Estado imperialista español a sufrir la victoria de los pueblos», concluye.

Cinco acusaciones

Antes de la movilización, que partió del parque de Antoniutti y que reunió a unas 4.000 personas, se expusieron las acusaciones al Estado español, basadas en cinco apartados.

Aritz Ganboa, uno de los cinco enjuiciados de Askapena, recordó que en Euskal Herria ha habido 492 muertes provocadas por la represión del Estado español, que además ha provocado heridas a más de 1.250 vascos, ha detenido a más de 19.600, ha torturado a más de 3.200 y ha ilegalizado partidos políticos, movimientos populares y medios de comunicación.

Eulàlia Reguant, diputada de la CUP en el Parlament catalán, acusó al Estado español de ser «borbónico, jacobino y centralista» y de «negar los derechos individuales y colectivos», prohibiendo por ejemplo el referéndum en Catalunya para decidir su futuro como pueblo. «Más allá de Galicia, Euskal Herria y Catalunya, la lucha por la libertad de los pueblos se amplía a Andalucía, Canarias, Aragón o Asturias», destacó.

La política del Estado español respecto al Sahara Occidental es otro de los apartados en los que se ha sustentado la acusación popular. Mireia Mochales recordó que impulsó la colonización de este país para robarle sus recursos naturales y, posteriormente, entregarlo a Marruecos para proseguir con el expolio.

Roberto Awanari, indígena peruano, denunció, en su lengua materna y en euskara, que el Estado español ha llevado a cabo un genocidio contra los pueblos de Abya Yala [América] y que sigue todavía con la Segunda Conquista. Puso como ejemplo la actividad de multinacionales petroleras que contaminan impunemente las tierras de los pueblos originarios.

El diputado de Amaiur Sabino Cuadra acusó al Estado español de «imponer la OTAN pese al rechazo en referéndum en Euskal Herria, Catalunya y Canarias» y recordó que pese a la voluntad manifestada en esta consulta y declaraciones como las del Parlamento navarro contra el polígono de tiro de Bardenas, la OTAN continúa bombardeando esta tierra del sur de Nafarroa.

Tras la exposición de las acusaciones contra el Estado español, la marcha partió de Antoniutti encabezada por un grupo de jóvenes que portaban banderas de pueblos en lucha, seguidos a continuación por los cinco imputados de Askapena y otros miembros de la organización internacionalista.

A la llegada del cortejo a Baluarte, cientos de personas lanzaron zapatos contra monigotes que representaban los poderes fácticos del Estado español, como militares, jueces de la Audiencia Nacional, representantes del poder económico o la cúpula eclesiástica.