Representantes políticos denunciaron la investigación abierta por el procurador Alejandro Ordóñez contra el senador Iván Cepeda, conocido por su labor en defensa de los derechos humanos y del proceso de diálogo de La Habana, y por haber impulsado en setiembre pasado el debate parlamentario sobre los posibles vínculos del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe con los paramilitares. Ahora, la Procuraduría, en manos de Ordóñez –cercano a los postulados de Uribe y contrario al proceso de paz–, acusa a Cepeda de haber visitado distintas cárceles de Colombia y «comprar» testimonios en contra de Uribe.

En el pliego de cargos contra Cepeda, Ordóñez sostiene que «en su condición de congresista (representante a la Cámara por Bogotá) y prevalido de la autorización del Congreso de la República para visitar las cárceles del país, en los encuentros ocurridos en la cárcel del municipio de Itagüí (Antioquia) durante los días 26 de julio de 2012 y 30 de mayo de 2013 presuntamente les solicitó a los señores Ramiro de Jesús Henao Aguilar y Gabriel Muñoz Ramírez que declararan en contra del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, para lo cual, a pedido del congresista, tendrían que exponer determinados hechos que no les constaba a los entrevistados, en donde también el congresista previamente prepararía la versión de estos testigos, ofreciéndoles, a cambio de todo ello, algunos beneficios».

«Soy una persona transparente. Esta acusación del procurador es evidentemente un cobro de cuentas por el debate que se sostuve en el Congreso con relación a las actuaciones de Uribe y por mi posición frente a la paz», reaccionó Cepeda.

Anunció, también, que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otras instancias internacionales porque «el procurador no es un funcionario imparcial y no tengo la menor duda de que no me va a ofrecer garantías».

A juicio de Clara López, candidata a la Alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático –formación a la que también pertenece Cepeda–, «pretender silenciar la opinión de un senador no solo atenta contra la democracia sino contra la paz».

Para el todavía alcalde bogotano Gustavo Petro –destituido e inhabilitado por Ordóñez en 2013, y restituido en el cargo por orden del Tribunal Superior de Bogotá–, «la Procuraduría destruye la democracia».

La defensora de los derechos humanos y exsenadora Piedad Córdoba, quien en 2010 fue inhabilitada por el procurador durante un periodo de 18 años bajo la acusación de «colaboración» con las FARC, remarcó en su cuenta de Twitter que «Ordóñez deslegitimó una Procuraduría en la que hoy nadie cree, la convirtió en una prótesis de sus intereses».

«¿Alguien duda que al procurador no lo mueve la ley ni el derecho sino su animadversión a la paz?», se preguntó.