Beñat ZALDUA
BARCELONA
LUCHA POR LOS DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES

Barcelona explora la vía municipal para regular la prostitución

Una extraña alianza llevó la semana pasada a Barcelona en Comú, ERC y la CUP a aprobar una resolución de Ciutadans que insta al Ayuntamiento de la capital a regularizar la prostitución en la ciudad. Con todas las cautelas, las trabajadoras sexuales celebran la noticia y piden que sirva para avanzar en el reconocimiento de los derechos del colectivo.

Siempre obedeciendo a intereses externos, la calle Robadors del barrio del Raval de Barcelona ocupa cíclicamente los titulares de la prensa de la capital catalana. Busquen las palabras «Robadors» y «prostitución» en internet y comprueben. Esta vez ha sido la campaña de los nuevos vecinos (llegados a viviendas de obra nueva tras violentos procesos de gentrificación), que han colocado carteles simbólicos de «Se vende» en sus portales por la situación según ellos extrema que vive la calle, en la que la prostitución está registrada desde la Edad Media. La respuesta del Ayuntamiento, tanto con Joan Clos y Jordi Hereu (PSC) como con Xavier Trias (CiU) de alcaldes, acostumbraba a ser la policial: llenar la calle de agentes, cerrar los locales en los que trabajan las prostitutas y coser a multas tanto a clientes como a trabajadoras. La dinámica se ha frenado desde junio, con la llegada de Ada Colau a la Alcaldía, que ganó las elecciones prometiendo la derogación de las draconianas ordenanzas de civismo aplicadas por los anteriores gobiernos municipales. La receta del nuevo Ayuntamiento: diálogo entre vecinos y prostitutas (que son también vecinas) y un nuevo marco normativo que ampare a las trabajadoras del sexo.

La semana pasada el Consistorio dio un pequeño paso en este camino con una resolución a modo de declaración de intenciones. Presentada por Ciutadans y aprobada con los votos a favor de Barcelona en Comú (la plataforma de Colau), ERC y la CUP, la resolución compromete al Ayuntamiento a elaborar una normativa que regule la actividad de la prostitución siempre y cuando se ejerza de forma voluntaria. Se trata de crear «un marco normativo municipal para el ejercicio del trabajo sexual voluntario con el objetivo de conseguir una mayor protección y seguridad de las personas que realicen este trabajo, velando por su voluntariedad y el control pleno de sus condiciones de seguridad e higiene». Esto se traducirá, en principio, en una nueva ordenanza que no persiga a las trabajadoras (habrá que ver qué pasa con los clientes) y que regule y legalice algunos locales en los que ejercer la prostitución de forma segura.

De forma paralela, el Ayuntamiento creó una mesa técnica «para desplegar el protocolo de actuación contra el tráfico de seres humanos». El mensaje del nuevo Ayuntamiento es evidente: derechos para las trabajadoras que ejercen la prostitución de forma voluntaria y combate abierto contra todas las situaciones de trata.

La concejal de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI, Laura Pérez, calificó el día de «histórico» y recordó a CDC, PSC y PP (que votaron en contra de la medida) que las ordenanzas criminalizadoras del pasado «no han sido eficaces». No convenció a los representantes del abolicionismo, cuyas políticas, según la portavoz de la organización Genera, Ana Fábregas, «no solo no han tenido ningún efecto positivo, sino más bien todo lo contrario. Lo que hacía su ordenanza era multar mucho más a aquellas mujeres que están en situación de trata, porque son las que tienen menos libertad para decidir cuándo y dónde trabajan».

Optimismo moderado

Desde esta organización que lleva diez años defendiendo los derechos de las trabajadoras sexuales, Fábregas recuerda que «hasta ahora la prostitución se estaba enfocando desde una perspectiva criminalizadora, y ahora por lo menos ya se empieza a reconocer a las mujeres como sujetos de derecho». «Es muy positivo pasar de una política de persecución a una política que empieza a pensar en clave de derechos», añade, recordando que siempre han defendido que «será más difícil vulnerar los derechos de las mujeres si dichos derechos son reconocidos». «El problema ahora es que no se puede ni siquiera denunciar que se están vulnerando derechos, porque no existe ningún marco legal», añade.

Pero pone freno al optimismo al recordar que «estamos hablando de competencias a nivel municipal», lo cual ya limita de entrada la capacidad de transformación de la nueva normativa. «Hablar de un marco legal para dotar de derechos a las mujeres que ejercen la prostitución voluntariamente pasa por dotarlas de derechos laborales, y eso es competencia estatal», explica. «De momento lo vemos como una declaración de buenas intenciones», dice Fábregas, que considera que no será tan fácil conseguir el consenso necesario para aprobar la normativa definitiva y que alerta contra la tentación de poner el foco en la legalización de locales y no en los derechos de las mujeres, «porque estar en un local no garantiza que luego las condiciones sean las adecuadas».

Fábregas, que confirma que desde la llegada del nuevo Gobierno municipal la aplicación de las ordenanzas todavía vigentes se ha suavizado (aunque recuerda que «las mujeres que hasta ahora han sido multadas siguen teniendo su deuda con el Ayuntamiento, algunas veces de hasta 10.000 y 15.000 euros»), considera sobre el particular asunto de la calle Robadors que «la situación es la misma que hace mucho tiempo», y que lo que ha cambiado ahora es que «hay un grupo de mujeres organizadas diciendo que quieren un espacio allá». El colectivo Putas Indignadas, en vías de convertirse en cooperativa, pidió al Ayuntamiento que les ceda un edificio expropiado en Robadors para gestionarlo ellas mismas. Será la prueba del algodón.