Hace prácticamente un mes que se destapó el escándalo sobre el engaño en la medición de emisiones de coches de Volkswagen, una de las empresas más grandes de Euskal Herria, con alrededor de 4.500 trabajadores, y la principal empresa industrial de Iruñerria, así como principal proveedora de la carga industrial de muchos talleres de esta comarca de Nafarroa.

«Ante la gravedad de la situación» y sus consecuencias, el sindicato LAB, con el apoyo de un grupo de trabajadores, llevó a cabo ayer una rueda de prensa en Iruñea para anunciar la creación de una comisión de trabajo permanente con la plantilla de Volkswagen de Landaben y con toda la cadena de subcontratación que trabajan para la planta.

El responsable de Industria de VW, Asier Imaz, denunció «la falta de escrúpulos de esta multinacional y su falta de responsabilidad con los empleos que directamente e indirectamente dependen de VW». Asimismo, alertó que «estamos en el escenario previo a un fuerte ataque sobre las condiciones laborales y el empleo en la comarca».

Según Imaz, VW «condicionará el arranque de las inversiones para el nuevo Polo a la rebaja de las condiciones laborales y el empleo» de los trabajadores y también «condicionará la subcontratación de piezas del nuevo Polo en los talleres auxiliares que dependen de VW a una bajada de precio en las piezas».

«Quien más se baje el sueldo, quien menos trabajadores y trabajadora tenga o estas estén en peores condiciones se quedará con el pedido del nuevo Polo. Utilizarán pues la vieja técnica de taller contra taller con efectos terribles en el reparto de la riqueza en la comarca», recalcó.

En este sentido, alertó de que «la amenaza ya se ha concretado» en LOGITERS (antigua Logística Navarra), donde la dirección de la empresa plantea cien despidos, por lo que el comité, «ante esta agresión», ha convocado paros el 4 y el 7 de diciembre, así como huelga indefinida a partir del día 9.

Unirse y mantener el empleo

Ante este escenario, el portavoz de LAB en Nafarroa, Igor Arroyo, se negó a asumir este esquema, porque «el fraude lo ha producido la Empresa (Volkswagen), y la Empresa lo debe pagar, no los trabajadores y trabajadoras».

Por ello, el sindicato LAB propone que todos los trabajadores de talleres auxiliares y subcontratados, así como los de VW, «se unan para hacer frente a la ofensiva patronal».

Ante un ataque, «si respondemos toda la cadena directa e indirecta a la vez, podemos conseguir que se mantenga el empleo y las condiciones laborales», aseguró. Para impulsar esta estrategia de «defensa colectiva y unitaria», la central abertzale llevará a cabo cuatro iniciativas. Además de extender la información entre las diferentes plantas que trabajan para VW así como en la misma VW, LAB reclamó al vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Nafarroa, Manu Aierdi, que «asuma sus responsabilidades, no haga seguidismo respecto al Estado y cree una Comisión de seguimiento propia en Navarra».

Asimismo, LAB se comprometió a trabajar para acordar en los diferentes talleres que también trabajan para Volkswagen «estrategias de lucha con el objetivo de frenar entre todos el ataque de VW». También llevará al Parlamento de Nafarroa y a los ayuntamientos de Iruñerria una moción «a favor de la totalidad del empleo, las condiciones laborales y la no imposición».

Lakua «no aclara» compromisos en Aernnova

El comité de empresa de la planta de Aernnova en Berantevilla, así como EH Bildu, coincidieron ayer en acusar al Gobierno de Lakua de «lavarse las manos» y de «no aclarar los compromisos concretos» en el conflicto de esta planta alavesa, después de que la consejera Arantza Tapia emplazase a empresa y sindicatos a abordar un plan a largo plazo para garantizar la viabilidad y la competitividad de la planta.

La consejera respondió ayer en el Parlamento de Gasteiz a una interpelación formulada por EH Bildu, en relación a la situación de la planta de Berantevilla, donde persiste el «riesgo» para el empleo, pese a que la empresa ha retirado el ERE para 133 trabajadores. Tapia explicó que en esta planta alavesa existe un problema estructural, afirmó que estas carencias deben ser abordadas y emplazó a empresas y sindicatos a dialogar.

El presidente del comité, Juan Carlos Gómez, reprochó que Tapia se haya limitado a decir «palabras huecas» que «no aclaran nada» respecto al futuro de la planta alavesa. Mientras tanto, la parlamentaria de EH Bildu Belén Arrondo le exigió que «materialice los compromisos» y «cambie el modelo de relación con las empresas para que, si reciben dinero público, garanticen la actividad productiva y los puestos de trabajo».GARA