«Nos duele muchísimo, porque lo sentimos como nuestro, pero no nos han dejado otra vía». Con estas palabras resumía Kiko Martínez, miembro de la plataforma Ordaindu, la sensación que invade al millar de afectados por el cierre de Fagor que se ha decidido a acudir a los juzgados para reclamar sus ahorros al no obtener respuesta alguna desde el grupo Mondragon.

En una comparecencia ofrecida ayer en Donostia, explicaron los detalles de la demanda, que se fundamenta en el «engaño» que sufrieron los trabajadores de la cooperativa en los dos años previos a la declaración de concurso de acreedores.

Según explicó el abogado Raúl Tenes, en la demanda se acusa a Mondragon de «transmitir mensajes tendentes a impedir que recuperaran el dinero que habían depositado» en forma de aportaciones voluntarias y préstamos mercantiles.

Indicó que la Corporación transmitió en reiteradas ocasiones que apoyaría económicamente a Fagor y a Edesa y que no permitiría que desaparecieran, motivo por el que decidieron mantener «sus ahorros de toda la vida» en la cooperativa, en lugar de rescatarlos cuando la empresa todavía mantenía patrimonio suficiente para hacer frente a los acreedores.

Los afectados subrayaron que han sido engañados «de la peor manera» porque confiaban «en los ideales de intercooperación y solidaridad inculcados por la corporación y que esta jamás les engañaría ni abandonaría». En este sentido, denunciaron que la Corporación «hizo todo lo posible para mantener artificialmente con vida las dos cooperativas el tiempo suficiente para evitar un concurso desordenado, primando su propio patrimonio sobre los legítimos intereses de los socios. Lo tenían todo muy bien calculado», denunciaron.

Los representantes de Ordaindu y Eskuratu aseguraron que la demanda se ha presentado al comprobar que ninguna de las peticiones de negociación efectuadas en estos dos últimos años ha sido atendida por parte de Mondragon y se mostraron convencidos de que la corporación «debe responder por el perjuicio causado a familias enteras que habían dado toda su vida por el proyecto cooperativo y que ahora se han quedado sin nada».

Aunque es la primera ocasión en que se produce una reclamación de este tipo, señalaron que en Europa ha habido otros casos similares en los que los tribunales han condenado a las empresas.

El abogado de Ordaindu y Eskuratu resaltó que los 47,8 millones que reclaman suponen el 0,5% de la facturación anual de Mondragon, una cantidad «perfectamente asumible».

«Se trata de voluntad política más que de imposibilidad material», concluyó.

Naiara Herrero

«Me quedé en silla de ruedas, invertí la indemnización en Fagor y ahora estoy sin nada»

Viudas sin ahorros para complementar su pensión, parados obligados a pedir la RGI o casos como el de Naiara Herrero, de 37 años, que invirtió su indemnización por incapacidad en la cooperativa, son algunos ejemplos del colectivo de afectados de Fagor.

Cuéntenos cómo le ha afectado personalmente el cierre de Fagor.

Cuando tenía 24 años me quedé en silla de ruedas a causa de una negligencia médica en una operación de columna vertebral, y la indemnización que me dio Lagun Aro cinco años después la invertí en Fagor en forma de aportaciones voluntarias. Y hoy es el día en que estoy incapacitada para trabajar, y me he quedado sin indemnización, con el marido en el paro y con dos niños que alimentar. Y a verlas venir.

Usted confiaba en que sus ahorros estaban en un sitio seguro.

Sí, yo trabajé en una de las cooperativas del grupo Mondragon, mi madre también llevaba toda su vida trabajando, y la verdad es que confiábamos plenamente. Decidimos meter el dinero en la cooperativa sin pensarlo, como lo habíamos hecho toda la vida, para apoyar los puestos de trabajo, para apoyar a nuestra gente. Creíamos que cualquier banco caería antes que la cooperativa, porque así nos lo decían, incluso en el año 2012.

Al margen del suyo, existen también casos de personas que se encuentran en situaciones muy delicadas.

Así es. Incluso hemos tenido que acudir al Ararteko, porque hay personas que, tras agotar todos los subisidios, han pedido la Renta de Garantía de Ingresos y se la han denegado porque figura que tienen unos ahorros. Estuvimos meses intentando hacerles ver que ese dinero no se podía cobrar y que estas personas estaban sin nada, ni siquiera para comer. También hay jubilados muy mayores, que viven en pisos antiguos sin ascensor y no pueden ahora cambiar de piso porque han perdido todos sus ahorros. O viudas de trabajadores que tienen unas pensiones muy pequeñas y ahora no disponen de ningún ahorro para complementarlas. J.S.