El deshielo en las relaciones bilaterales de Cuba y EEUU, recibido por muchos con esperanza, está en el origen de la última crisis migratoria en América Central. Sus protagonistas esta vez no son los centroamericanos y mexicanos que a diario intentan escapar de la violencia y la miseria entrando en territorio estadounidense persiguiendo ese espejismo llamado «sueño americano», sino cubanos, cuya salida del país –tan legítima como la de cualquier otro ciudadano del mundo– se ha incrementado desde que se anunciara el proceso de normalización de relaciones y se extendiera el temor a que conlleve una modificación de la legislación estadounidense y el fin de los privilegios migratorios únicos de los que disfrutan.

La Ley de Ajuste Cubano, vigente desde 1966, y la política de «pies secos-pies mojados» incentivan la migración irregular de isleños al conceder la condición de refugiado político y la posibilidad de optar a la residencia permanente a todo ciudadano cubano por el simple hecho de pisar suelo estadounidense y, al mismo tiempo, privilegia a los cubanos por encima de cientos de miles de migrantes que desde México, Centroamérica y Sudamérica se dirigen cada año a EEUU, ofreciéndoles la posibilidad de conseguir a corto plazo la ciudadanía estadounidense y un empleo con pago en divisas.

Mientras para los centroamericanos emigrar sin visado hacia EEUU, llegar y asentarse legalmente allí es mucho más que una odisea, para los cubanos, la política estadounidense lo convierte en casi una deferencia. Por eso, los gobiernos de Centroamérica consideran discriminatorias la Ley de Ajuste Cubano y la política «pies secos-pies mojados, a las que se suma el Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos, cuya derogación reclaman algunos. El Gobierno cubano considera que esta crisis es consecuencia de las políticas vigentes en EEUU, y para Costa Rica, donde quedaron varados miles de migrantes, el principal motivo de esta oleada migratoria es el temor a que, con el restablecimiento de las relaciones, se deroguen. El presidente cubano, Raúl Castro, ha reiterado que esas políticas alientan la emigración ilegal y ponen en peligro la integridad de los migrantes y sostiene que son discriminatorias respecto a los demás países de la región. La Habana urge a Washington a cambiarla, pero la Casa Blanca desoye todas las peticiones para modificar esa legislación, que otorga beneficios a los cubanos que lleguen a EEUU de manera irregular. Solicitud que también han realizado otros países latinoamericanos. «No se puede resolver el problema de un grupo de migrantes y hacer la vista gorda con otro grupo, que es el de los centroamericanos, que día a día sufren vejámenes, día a día exponen su vida y día a día también, muchas veces, son retornados a sus países de origen», subraya Hugo Martínez, ministro de Exteriores de El Salvador.

De hecho, en el caso de los cubanos se ha buscado una solución que no necesariamente pasa por el retorno a su país de origen, lo que podría sentar un precedente.

Después de vivir casi dos meses en albergues, tiendas de campaña, toldos improvisados, colchones hinchables e incluso protegidos por simples cartones, Costa Rica anunció que esta noche realizará un primer vuelo para intentar solucionar esta crisis en el marco de un plan piloto de movilización que trasladará a 180 cubanos a El Salvador, desde continuarán su camino por vía terrestre hasta la frontera entre Guatemala y México y desde allí hacia EEUU.

«Frenar el abuso»

Incluso se han producido movimientos en el interior de EEUU, donde a mediados de diciembre el congresista republicano Carlos Curbelo presentó un proyecto de ley para modificar la Ley de Asistencia y Educación para los Refugiados con el objetivo de que los ciudadanos cubanos que se beneficien de ella demuestren realmente que son refugiados políticos con el objetivo de «frenar el abuso de la generosidad de EEUU reservando el privilegio de dichos beneficios a aquellos que abandonen Cuba huyendo del régimen castrista».

En febrero de 2015, un editorial del diario “Los Angeles Times” urgía a la Casa Blanca a revisar su política migratoria respecto a los cubanos, que calificó de «débil y anacrónica» y consideró que les otorga un trato privilegiado por encima del resto de migrantes.

Un reciente editorial de “Bloomerg Business” recuerda que los isleños se benefician de normas excepcionales de migración y que la Ley de Ajuste Cubano es la puerta de entrada a EEUU de personas que en realidad no son perseguidos políticos, e instaba a Obama a emplear su autoridad ejecutiva para «obligar» a los cubanos que quieran acogerse a su amparo a probar que sus temores de persecución política y deportar a los que no puedan demostrar que son refugiados políticos reales, ya que «la mayoría lo hacen por razones económicas». «Defender esta política es más duro ahora frente a las trabas que encuentran aquellos que escapan de la violencia de Siria o América Central», añade “Bloomerg Business”. Para esa publicación estadounidense, el ajuste real que necesita Cuba es el fin del embargo.

América Central, por su condición geográfica, su desarrollo económico y su propia historia, es una de las zonas del planeta donde más se acentúa el fenómeno migratorio. Pero ahora que son los cubanos los protagonistas de la crisis se pide un corredor humanitario para facilitar su tránsito por la región, de la que cada año salen hacia EEUU cerca de 300.000 personas –solo entre 2009 y 2014, unos 77.243 menores sin acompañante entraron sin autorización en EEUU –.

Un eventual cambio en la discriminatoria política migratoria de la Casa Blanca, que la Administración Obama ha negado que se vaya a producir, ha incrementado el número de cubanos que han dado el salto, pero han visto interrumpido su viaje en los países centroamericanos de «tránsito», donde se quedaron varados el 15 de noviembre. Ese día Nicaragua cerró sus fronteras a los cubanos arguyendo una «violación a su territorio nacional» y acusó al Gobierno de Costa Rica de tomar una decisión «irresponsable» al facilitar su paso hasta la frontera común, al tiempo que subrayó que acceder a la imposición tica legitimaría esas medidas unilaterales de Washington que alientan «una migración insegura, indigna, desordenada e ilegal».

La crisis estalló cuando las autoridades costarricenses desarticularon una banda dedicada al tráfico de personas provenientes de Sudamérica que recibía a los migrantes en Paso Canoas, localidad situada a los dos lados de la frontera entre Panamá y Costa Rica y los trasladaba a la frontera con Nicaragua. Entonces, los cubanos empezaron a acumularse en Paso Canoas y San José optó por darles, atendiendo a razones humanitarias, una visa temporal de siete días que les permitiera seguir el viaje. Pero Nicaragua desplegó al Ejército para evitar la entrada en su territorio.

Y en la frontera que comparte con Costa Rica se quedaron 7.802 cubanos, a los que se sumaron los 2.053 que no pudieron cruzar el paso entre Panamá y Costa Rica después de que San José suspendiera el 19 de diciembre la concesión de visados temporales a los migrantes cubanos y advirtiera de que deportaría a quienes intentaran entrar al país, ante la negativa de otros países de la región a recibir a los migrantes varados.

«Estamos desesperados por llegar a EEUU porque queremos un futuro mejor para nuestros hijos y para nosotros», indicaba Arley Alonso Ferrarez.

«Esto no se lo deseo a nadie. Ni al peor enemigo. Nos han asaltado, nos obligaron a saltar al mar entre Colombia y Panamá, hasta violaron muchachas y los policías nos robaron», relataba Ignacio Valdés.

Desde Ecuador

Los cubanos iniciaron su periplo legalmente vía aérea desde la isla hasta Ecuador, país que hasta el pasado 1 de diciembre no les exigía visado. Allí, con la Constitución vigente, rige la ciudadanía universal y no se solicita visa a los extranjeros que llegan al país, pero, «por excepción», se decidió comenzar a pedir visado de turista a los cubanos.

En el país andino hay 40.000 cubanos, 16.000 de los cuales estarían sin regularizarse, según cifras oficiales. En los dos últimos años, el número se ha incrementado.

Quito remarcó que «no cerramos las puertas a Cuba» y «no renunciamos a la ciudadanía universal», al tiempo que exhortó a EEUU a revisar sus políticas migratorias, algo que la Casa Blanca no tiene intención de hacer, según reiteró la pasada semana el portavoz de la Administración Obama, Josh Earnest.

Una vez en Ecuador, los cubanos contactan con «coyotes», que prometen llevarlos de país en país a cambio de unos 10.000 dólares y viajan ilegalmente por Sudamérica hasta Panamá, desde donde hasta ahora pasaban a Costa Rica para seguir viaje.

Eligen Ecuador desde que Quito anunció, en abril de 2014, que ya no pediría carta de invitación para otorgar un visado a los cubanos y mediante esa ruta evitan exponerse a naufragar en el Caribe o a ser interceptados por las autoridades estadounidenses o cubanas y ser devueltos a Cuba.

En un reciente artículo en “Cubadebate”, el investigador William M. Leogarde insistía en que el peligro de los viajes en balsa mantuvo en un nivel manejable el flujo migratorio, que ha aumentado con el deshielo de las relaciones bilaterales.

Desde el 1 de octubre de 2014 y el 30 de setiembre de 2015, 31.000 cubanos partieron hacia EEUU, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras en Cuba, un 30% más que en mismo periodo del año anterior. Por México entraron 23.213 y por Miami, 8.101.

Fuentes estadounidenses calculan en más de 43.000 los cubanos que llegaron al país en esas fechas, fundamentalmente a través de la frontera de México, que según testimonios recogidos por organizaciones humanitarias, es el paso de migración clandestina donde se producen más robos, violaciones y muertes violentas.

 

Los cambios internos y el deshielo propician el regreso masivo de repatriados a la isla

Cuba ha recibido en 2015 al mayor número de repatriados desde hace décadas y a pesar de que siguen siendo más los cubanos que han dejado el país durante el año pasado –70.000, según “The Washington Post”–, sobre todo por motivos económicos o por temor a perder sus privilegios migratorios debido al acercamiento entre Cuba y EEUU. Este hecho, unido al progresiva relajación de las políticas migratorias y económicas, podría significar el inicio de una nueva dinámica para la isla.

Cualquier cubano que hubiera abandonado el país puede optar a la repatriación, un proceso que dura seis meses y tras el cual se les permite volver con todos los beneficios sociales que en él existen, salvo que hayan sido culpables de «actos hostiles» contra el Estado. Además, quienes vuelven a casa lo hacen con beneficios, como los que regresan desde el Estado español, que no tienen la obligación de renunciar a esa ciudadanía y retienen el pasaporte comunitario que les permite viajar con libertad por toda Europa, sin necesidad de solicitar un visado.

Muchos repatriados que deciden instalarse de nuevo en Cuba abren pequeños negocios. La mayoría vuelve como capitalista, como emprendedor, y utiliza sus ingresos para adquirir propiedades y abrir negocios. Una dinámica que comenzó en 2011, con el permiso expedido por el Gobierno de Raúl Castro para que los cubanos que viven en la isla puedan comprar y vender inmuebles y para la apertura limitada de pequeños comercios. No es el caso de los que se instalaron en EEUU, que se enfrentarían a sanciones.

Hoy en día, según el diario estadounidense, más de un cuarto de la población trabajadora de la isla no está empleada por el Gobierno.GARA