El Gobierno navarro destina cerca de mil millones al año a su sistema sanitario (987 en los últimos Presupuestos). Esto supone un gasto de unos 1.300 euros anuales por persona. Frente a ese coste, la Clínica Universitaria se ofrecía correr con el gasto de todos los empleados de la Universidad del Opus, así como sus hijos, por 719 euros cada uno. Estas han sido las cuentas a las que UPN se ha agarrado los últimos años para mantener un convenio con la Clínica Universitaria que deja fuera de Osasunbidea a 7.128 personas. Parecía un negocio redondo para las arcas públicas. Pero todo es un cuento. El actual consejero de Salud presentó ayer un informe que asegura que el convenio ha supuesto un sobrecoste de 14 millones de euros desde 2009.

Según los cálculos de la Consejería de Salud, asumir la atención médica de estas 7.128 personas costaría a las arcas públicas 3,2 millones de euros. Frente a ello, mantener el convenio con el Opus hubiera supuesto un desembolso de 5,1 millones de euros, más otros 1,2 millones en medicamentos. Estas cifras son fruto de un informe que el consejero Fernando Domínguez presentó por voluntad propia al Parlamento para explicar por qué el convenio se suprime para el año próximo.

Los motivos de la falsedad de las cuentas que presentaba UPN son varios. Entre ellos, que el colectivo es de población joven (trabajadores e hijos), por lo que recurren menos a la Sanidad. Pero hay más motivos, como el hecho de que la Clínica nunca asumió la totalidad del gasto sanitario de estas personas. Por ejemplo, no asume el gasto farmacéutico, ni la atención fuera de la comunidad.

Domínguez aseguró que el concierto (que caducó el 31 de diciembre) era improrrogable también por motivos jurídicos y morales. En lo jurídico, porque no se habían cumplido los procedimientos de la Ley de Contratos Públicos y porque su justificación era falaz, ya que Osasunbidea puede asumir la atención médica de estas personas, como ya asumió la de los montepíos de los funcionarios. En el plano moral, porque es «injusto desde la equidad en salud», ya que la Administración no puede dar distinta cobertura sanitaria a sus ciudadanos.