El Gobierno de Etiopía anunció ayer que abandonará sus planes para expandir la capital, Addis Abeba, a las áreas de la región federal de Oromia, tras dos meses de protestas que se han saldado con más de un centenar de muertos. La Organización Democrática del Pueblo de Oromo (OPDO) subrayó que «ha decidido detener completamente la integración de Addis Abeba y la zona especial de Oromia (...) tras tres días de conversaciones sobre el asunto». «La organización acepta las críticas de la población respeto a los resultados para el sistema de gobierno existente en la región», añadió.

Human Rights Watch afirmó la semana pasada que 140 personas han muerto en los últimos dos meses debido a la actuación de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones contra el plan. Esta organización, que en diciembre cifró en 75 el número de muertos, añadió que las protestas «podrían ser la mayor crisis en Etiopía desde las elecciones de 2005». Por su parte, el Gobierno ha reconocido únicamente la muerte de cinco manifestantes.

Según la ley etíope, el Estado es el propietario último de todos los terrenos, por lo que en la práctica no habría compradores sino arrendatarios. Las autoridades alegaban que los cambios que querían hacer en torno a Addis Abeba iban a servir para crear una nueva zona de inversión y construir infraestructuras.

Quienes se oponen al plan, en cambio, temían la expropiación indiscriminada de terrenos, toda vez que en anteriores ocasiones el Gobierno ya se ha incautado de propiedades sin consentimiento o sin compensar adecuadamente a los damnificados.