El Parlament celebra hoy el primer pleno más o menos ordinario desde el mes de julio, cuando Artur Mas disolvió la Cámara para convocar las elecciones del 27S. Los 135 diputados, entre los cuales ya no estará el expresident, aprobarán las comisiones parlamentarias que constituyen el esqueleto sobre el cual se irá vistiendo una legislatura que, a día de hoy, nadie sabe cuánto tiempo durará.

La comisión estrella es la que finalmente tendrá como título Comisión de estudio del Proceso Constituyente. Así, JxSí y la CUP acceden finalmente a que la que iba a ser la Comisión legislativa de Transición Nacional y Proceso Constituyente pase a ser una comisión de estudio sin referencias nacionales explícitas. El cambio supone una devaluación del rango de la comisión, en la que solo podrán elaborarse informes y estudios, en vez de proyectos de ley. A cambio, las formaciones independentistas consiguen la implicación de Catalunya Sí que es Pot (CSQP).

Su portavoz, Joan Coscubiela, consideró ayer en declaraciones a “La Vanguardia” que el cambio «aleja» a JxSí y la CUP de la Declaración de ruptura del 9 de noviembre. Posteriormente, en rueda de prensa, el diputado ecosocialista añadió que «esta no es ni la comisión de la independencia ni la del estado federal; debe ser un lugar para encontrar espacios de diálogo», tras lo cual criticó el veto del PSC, que ayer confirmó que no participará en dicha comisión. Sí que lo harán, en nombre del españolismo, PP y Ciutadans, aunque estos últimos lo harán «puntualmente».

El cambio en el carácter de la comisión obligará a traspasar la tramitación de la ley de Proceso Constituyente a otra comisión todavía sin definir, según explicó ayer el diputado de la CUP Albert Botran, que aseguró que en ningún caso supondrá aplazar dicha tramitación, que debería estar en marcha en los 30 días siguientes a la formación del Govern, según la Declaración de Desconexión del 9 de noviembre. Un plazo en el que también deberían haber arrancado los proyectos de ley de la Hacienda propia y de Transitoriedad Jurídica, claves en un hipotético escenario de ruptura unilateral.

Precisamente los plazos de la legislatura han sido motivo de polémica en las últimas horas, en las que tanto el president, Carles Puigdemont, como el vicepresident, Oriol Junqueras, se han mostrado flexibles en cuanto a la aplicación de la hoja de ruta de 18 meses. Ayer Botran quitó hierro al asunto, recordando que el compromiso «oficial y factible» sigue siendo el de año y medio.

El acuerdo, bajo la lupa

Estos primeros días de acción parlamentaria más o menos normalizada han servido también para anticipar algunas de las constantes que irán repitiéndose durante la legislatura. Un ejemplo es la lupa constante sobre el acuerdo entre JxSí y la CUP, que la oposición, tal y como ha advertido, pondrá a prueba siempre que tenga ocasión.

De hecho, no será necesario esperar demasiado, ya que, pese a que ayer la diputada de la CUP Gabriela Serra participó en la reunión de Junts pel Sí (de normal lo hará también el diputado Benet Salellas), hoy mismo los dos grupos independentistas mostrarán sus divergencias en una votación sobre la paga extra de los funcionarios.

El Govern estudiará uno a uno los casos de los que podría retirarse

El acuerdo alcanzado «in extremis» por Junts pel Sí y la CUP para echar a andar la legislatura sigue dando qué hablar diez días después de fraguarse. Sobre todo debido a una supuesta cláusula oculta, según la cual la Generalitat se retirará de aquellos casos judiciales de represión política en los que actúa como acusación particular. Ayer, tanto el Govern como la CUP se encargaron de matizar la información.

El diputado de la Esquerra Independentista Albert Botran reconoció que la retirada de las acusaciones (que no implica el final de proceso judicial, ya que la Fiscalía actúa como acusadora en la mayoría de ocasiones) fue colocada por la CUP encima de la mesa durante las negociaciones, pero en ningún caso fue un elemento al cual se condicionase el acuerdo. «Simplemente lo pusimos a consideración del Govern», explicó Botran. Precisamente, la portavoz del Ejecutivo, Neus Munté, negó ayer también que se trate de un acuerdo oculto, tal y como lo definió la oposición. Además, la también responsable del área de Bienestar fijó la «línea roja» en aquellos casos en los que haya «trajabadores públicos lesionados». Es decir, mossos d’Esquadra. La Generalitat seguirá personada, por lo tanto, en casos como el del joven de Iruñea Iker Oiz, acusado de atentado a la autoridad en el marco del desalojo de Can Vies. Será juzgado el viernes pese a las evidencias gráficas en contra de la acusación.

Aunque varios medios han adelantado siete casos de los que la Generalitat supuestamente se retiraría (entre huelgas generales, respuestas a desalojos y protestas contra políticos), lo cierto es que, a día de hoy, no se tiene constancia jurídica de ninguno de ellos.B.Z.